La insistencia de Badia en cambiar el modelo de gestión del agua también acaba ante el TSJC

De forma concreta, ha instado en la sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo otro recurso contra el acuerdo que se tomó en el consejo metropolitano de diciembre. La votación que dio el disparo de salida a iniciar los “trabajos para definir, con la participación de los municipios, el modelo o modelos de gestión integral del ciclo del agua y los mecanismos y calendarios de implantación de los mismos”.

Primer revolcón judicial de Badia

Badia lanzó esta iniciativa tras otro revolcón judicial a su primer intento de buscar a un nuevo operador del servicio. Modificó un artículo, el tres, del reglamento metropolitano del Ciclo Integral del Agua en 2017 para facilitar lo que denominó “remunicipalización del servicio”, que era optar por un operador público para su prestación en lugar del modelo mixto vigente. La misma sala del TSJC, la presidida por el magistrado José Manuel de Soler Bigas, revocó este cambio en una sentencia publicada en octubre de 2020.

Dos meses después, el también concejal de Barcelona inició otra estrategia legal para llegar a la “efectiva asunción por parte del AMB como propios de los servicios que aún se mantienen en el órbita municipal, y también para determinar los mecanismos de coordinación de las competencias en materia de agua que corresponden a los ayuntamientos”.

Dos años para definir la estrategia

Ponía en marcha una “comisión de estudio” para este fin y le daba dos años para “identificar los mecanismos y modelos de gestión que resulten más sostenibles y eficientes para el establecimiento y prestación del servicio de agua metropolitano”. Incluso les encargaba determinar los “plazos, fases, condiciones de integración y régimen transitorio según proceda en cada caso” para conseguir que la gestión del agua se realice a través de empresas públicas, la gran tesis que defienden los comunes. Manifiestan que la gestión pública es mejor en cualquier situación que el modelo mixto o, directamente, la concesión a un privado.

Será de nuevo el TSJC el que decida si la nueva estrategia legal se adapta a la ley o si presenta de nuevos errores que se deben enmendar. Por ahora, la sala escuchará a las partes para decidir si inicia o no el procedimiento. Si la demanda prosigue, sería un nuevo capítulo en una pugna legal entre Badia y la gestora del agua que se inició hace seis años, cuando el partido de Ada Colau asumió el gobierno de Barcelona y, al mismo tiempo, el control de una parte del AMB.