La compensación por el teletrabajo, atascada

Fue una de las bazas anunciadas por el Ministerio de Trabajo durante la fase más aguda de la pandemia. "A las empresas no les puede salir gratis el teletrabajo", aseguró Yolanda Díaz en junio de 2020. La ministra reclamaba no solo la provisión del equipamiento para fichar desde el hogar, sino también una compensación económica para los empleados por el coste de llevarse la oficina a casa.

Seis meses después del decretazo, la cuantificación de esta partida sigue atascada. El artículo 12 del real decreto ley 28/2020 estableció claramente la obligación de sufragar o compensar al personal por los "gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral". La norma, además, se hizo extensiva a las personas que ya teletrabajaban antes del Covid. Pero tras tres oleadas víricas, este precepto todavía no se ha cumplido.

Pugna en las teleoperadoras

En el caso de las teleoperadoras, las negociaciones entre patronal y sindicatos han colapsado tras cuatro meses de contactos que cogieron ambas partes en plena renegociación del convenio. La cantidad ofrecida por las compañías del ramo, insuficiente desde el punto de vista de los trabajadores, ha dejado en vía muerta un acuerdo transversal que ahora deberá resolverse empresa por empresa.

"La patronal ha considerado que no debe pagarnos Internet porque la ciudadanía ya lo tiene hoy en día instalado en casa. Además, la cuota ofrecida la querían vincular a la jornada, con lo que quedaban cantidades irrisorias para las personas que no trabajan a jornada completa. Por último, se han negado a la retroactividad", indica Erik Carrión (CCOO), portavoz del contact center en Cataluña. Diferencias en puntos clave, como la cobertura precisa de la regulación y su fecha inicial de devengo, que podrían reproducirse en muchos otros sectores.

Imagen de una sala de call center de operadoras telefónicas / EP

Negociar o acordar

Paradójicamente, la remisión a la negociación colectiva ha sido contraproducente. "El decreto se presentó como una solución al problema, pero ha quedado demasiado abierto a la negociación colectiva. Esto es bueno, pero una cosa es negociar y la otra acordar", resume este representante de los trabajadores. La confianza en el diálogo social ha sido un arma de doble filo que se ha materializado de forma distinta según el tipo de actividad.

Por ejemplo, en el sector financiero la situación se ha solventado sin agudizar la conflictividad laboral. "El decreto ley se aprobó un martes y, a la semana siguiente, ya se tenía el pacto para las cajas de ahorros", explica Víctor Miravete (UGT). En la banca, también se alcanzó la misma prestación con agilidad --de hasta 55 euros mensuales en función de la jornada, al margen del dinero para medios informáticos--. Hay que remarcar, además, que por convenio ya estaba prevista una compensación por la conectividad.

Incertidumbre

En las cajas, bancos y otros negocios como los seguros se ha pactado lo que ha sido imposible para los call center. Tampoco se ha hallado un terreno común para la mayoría de ingenierías o empresas TIC. Una situación intermedia se ha dado en las oficinas y despachos donde aún no se ha abierto la negociación del convenio. Como cuenta Emilio Sánchez (CCOO), en este colectivo gran parte de los trabajadores han asumido que no podía fijarse una compensación dada la delicada coyuntura económica. Ahora bien, los empleados han bregado para que se mantuviese el teletrabajo aún cuando fuese sin contrapartida.

"Hemos ido empresa por empresa. Cuando la situación financiera ha sido muy mala, hemos renunciado a la compensación para preservar la actividad, pero a la vez hemos sido firmes en evitar la vuelta a los puestos físicos de trabajo", explica Sánchez. La duda que tiene este sindicalista es qué sucederá cuando se extinga el estado de alarma, ya que hasta ahora apenas se han firmado unos pocos acuerdos puntuales sobre las condiciones del teletrabajo.

Flecos abiertos

La elevada casuística se retrotrae, en definitiva, a la ambigüedad de la normativa. Ya no solo en lo referente a la lista concreta de gastos o la cuestión de la retroactividad, sino también al capítulo fiscal. "El real decreto ley no aclara si estos gastos, que corren a cargo de la empresa, deben tributar por el IRPF o quedan exentos parcial o totalmente como en el caso de las dietas", apunta Fernando Barbancho, experto en derecho laboral.

A este interrogante, Juan Antonio Alujas, profesor de la Universidad de Barcelona, suma la falta de un marco único en Europa. "A la larga quizá se establezca una directiva europea que armonice la cuestión del teletrabajo", aventura. Si Bruselas marcase unos mínimos de alcance continental --basándose en la mayor experiencia de países como Francia, Alemania y Austria--, las querellas sobre el qué y el cuánto del teletrabajo podrían resolverse con más facilidad. Hasta entonces, en las mesas de negociación se añadirá un nuevo punto de fricción entre empresarios y trabajadores.