Las pymes de los centros comerciales, ninguneadas por el Govern

La mención a la Administración central no es casual. Las fuentes consultadas por Crónica Global denuncian las medidas draconianas adoptadas por el Govern. Máxime cuando, según datos recopilados en noviembre por el Ministerio de Sanidad, tan solo se han detectado 271 casos de Covid en locales comerciales. Muchos menos que los contabilizados en el ámbito socioanitario (24.366) o en las actividades sociales (35.530), espacios más inseguros para los cuales se ha abierto más la mano tras el último embate del virus.

Ayudas insuficientes

"Ha existido un prejuicio contra los centros comerciales. Se nos ha tratado como si fuésemos representantes del gran capital. La mayoría de firmas presentes en los centros comerciales somos familiares o franquiciados. Además, no entendemos la diferencia entre una tienda que vende a pie de calle y otra que está en Glòries o La Maquinista", señala un empresario. Otra propietaria incide en que esta "discriminación", que también se ha extendido a autonomías como Castilla y León, ha ido acompañada de una falta lacerante de apoyo económico.

Según la Associació Comerciants de Centres Comercials (ACCC), tan solo el 2,3% de las ayudas de la Generalitat se ha dirigido específicamente a los negocios de esta categoría. "Los 2.000 euros por empleado en ERTE se concedieron en un primer momento con fecha de 31 de diciembre. Pedimos que retrasaran la fecha hasta el 31 de enero, ya que por Navidad todos trabajábamos", indica una portavoz de la plataforma. Además, la ayuda estaba restringida a mercantiles con menos de 50 empleados e ingresos de hasta diez millones de euros. "Muchos nos hemos quedado fuera. Nos han dado una limosna", lamenta esta emprendedora.

Centro comercial Arenas de Barcelona / EP

Cerrados por rebajas

A este cheque por los ERTE, que se concedió a cualquier tipo de negocio, se han sumado 3.750 euros como contrapartida del cierre por las rebajas de invierno --cantidad que la Generalitat ha prometido ampliar tras la prórroga de las restricciones al menos hasta el 22 de febrero--. Respecto a las seis semanas de parón que coincidieron con el Black Friday, el puente de la Purísima y la primera mitad de diciembre, las pymes ubicadas en centros comerciales no han recibido ninguna contraprestación.

La asociación calcula que las limitaciones en plena Navidad han supuesto pérdidas del 30% sobre las ventas anuales. El roto de la cuesta de enero asciende por el momento al 15%. Los afectados afrontan con incertidumbre los meses próximos: o se aplazan los créditos ICO y se aprueban más estímulos, o la insolvencia de las empresas provocará una cascada de impagos que quebrará un sector que emplea a 70.000 personas en la comunidad.

Pérdidas mensuales

Los dueños reprochan la insensibilidad de la Administración respecto a los costes de explotación que genera una tienda cerrada de un complejo comercial. "De media, pagamos 18.000 euros al mes de costes fijos. En ocasiones, esta factura sube hasta los 25.000 euros en función del alquiler", informa el propietario de una cadena textil.

La ACCC detalla a este medio el escandallo de los conceptos inexcusables que deben abonar mes a mes: el alquiler (8.000 euros), el IBI (700 euros), los recibos de suministros (500 euros), los seguros (300 euros), las amortizaciones (2.000 euros), las cuotas a la Seguridad Social de la plantilla (2.500 euros) y los gastos de oficinas centrales (4.000 euros). Un total de 18.000 euros mensuales que apenas se ven reducidos tras el descuento por cierre del Govern a los 14.250 euros.

'Outlet' de Viladecans, uno de los centros comerciales cerrados por las restricciones del Govern / VILADECANS THE STYLE OUTLETS

El modelo portugués

Para rematar este panorama negro, los perjudicados critican los decretos tanto del Gobierno como del Ejecutivo catalán en materia de rentas comerciales. El decreto catalán ahorra solo un 50% al inquilino, mientras que la norma española dejaba en manos del arrendador dos opciones: o bien una quita del 50% si la facturación se había desplomado un 75%, o bien aplazamientos de los pagos durante dos años. Finalmente, las presiones del colectivo han logrado que el Gobierno reformule el decreto como un proyecto de ley, abierto a enmiendas por parte de los afectados.

Entre estas propuestas, se apunta la conveniencia de imitar el modelo portugués. "Lisboa ha aprobado que la tasa de esfuerzo, es decir, la relación entre el coste de alquiler y los ingresos, se mantenga en el nivel previo al impacto del Covid-19", explica un empresario. Las pymes catalanas que operan en los centros comerciales, que representan el 85% de establecimientos, esperan que la tramitación del proyecto ley compense la deriva adoptada por la Generalitat.