La Generalitat marca a Unibail y exige una rebaja en los alquileres de sus centros comerciales

Los arrendatarios de URW en Glòries, La Maquinista y Splau mantienen negociaciones con la empresa desde el pasado noviembre a fin de alcanzar una rebaja en el precio de los alquileres que permita sostener la falta de ingresos a consecuencia del cierre de la actividad. No obstante, la falta de entendimiento entre las partes ha llevado a que los comercios hayan reclamado la activación del decreto ley 34/2020 aprobado el pasado octubre por la Generalitat y que reconoce que en caso de falta de acuerdo, y siempre que los negocios sigan cerrados, se aplicará una reducción del 50% de la renta.

Generalitat y ayuntamiento piden rebajas

En esa línea se pronunció el pasado 30 de enero la directora general de Comercio de la Generalitat, Muntsa Vilalta, que reclamó a Unibail-Rodamco-Westfield, propietario en Cataluña de los tres centros comerciales mencionados, “compartir el impacto del Covid-19” en base al decreto ley 34/2020. “Está en juego la supervivencia de muchos comercios”, ha alertado.

También el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reclamó la semana pasada a URW que "rebaje sustancialmente" el alquiler. "Solo así se podrá mantener la actividad comercial más allá del actual período de restricciones. Hay muchos empleos en juego y otros operadores han demostrado que el acuerdo es posible, con independencia del marco jurídico vigente", apuntó.

"Marear y no hacer nada"

Sin embargo, fuentes próximas a los arrendatarios critican que la compañía ha decidido no aplicar la ley catalana “porque no le conviene” y ha optado por el real decreto 35/2020 aprobado el pasado diciembre por el Gobierno pese a que la decisión debe recaer en los propietarios de los comercios. Con todo, estas mismas voces apuntan que el plazo para acogerse a esta última norma expiró el pasado 31 de enero sin que la firma francesa moviera fecha, por lo que acusan a URW de “marear y no hacer nada”.

Mientras tanto, URW ha pasado a sus arrendatarios la factura correspondiente al mes de enero al completo, pese a que no hubo actividad por las restricciones del Govern. Así las cosas, varios de los operadores ya han acudido a los tribunales para dirimir el conflicto. Desde Barcelona Oberta alertan del riesgo de que tenga que ser la justicia la que decida. “Si la empresa persiste, abocará a la ruina a los comerciantes que no tengan capacidad”, explica el presidente de la asociación, Gabriel Jené.

Clientes en el centro comercial La Maquinista de Barcelona el pasado diciembre / EP

Con todo, Jené considera “muy positivo” que las administraciones traten de desbloquear la negociación y se hayan posicionado de parte de comercios y restaurantes. Desde Unibail-Rodamco-Westfield no han respondido a las cuestiones de este medio, mientras ha llevado al TSJC un recurso contra el cierre de centros comerciales en Cataluña. “La situación es inaudita. La empresa argumenta que está negociando acuerdos con mucha gente pero a nosotros no nos consta”, apunta el presidente de Barcelona Oberta.

Crisis interna de URW

Los arrendatarios acusan a la compañía francesa de traspasarles a ellos su propia crisis interna, derivada del escaso resultado que ha reportado la compra de la australiana Westfield por 24.000 millones en 2017, así como de las restricciones que sufre el negocio de centros comerciales en todo el mundo por la pandemia.

El conflicto entre URW y los operadores catalanes viene de lejos. Tras la reinauguración del centro comercial de Glòries en 2017, los arrendatarios denunciaron desperfectos derivados de las obras: desde goteras hasta problemas de climatización.