Colau amenaza con usar la policía para cerrar diez restaurantes

De activista antidesahucios a amenazar con enviar a la policía para echar el cierre a diez locales con licencia de restaurante. El Ayuntamiento de Barcelona, que comanda Ada Colau (Barcelona en Comú), amaga con desahuciar por la fuerza a una decena de empresarios de hostelería en el Puerto Olímpico de Barcelona. La advertencia se produce tras un auténtico traspiés jurídico que le impide comenzar una reforma a fondo de, puerto de marina deportiva, tal y como prometió en 2018.

Así lo han explicado fuentes jurídicas cercanas al conflicto. Según estas voces, y tal como avanzó Metrópoli Abierta el viernes, Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) --el grupo municipal de empresas públicas-- ha enviado ya las notificaciones de desahucio administrativo a los locales de ocio nocturno de la dársena. B:SM lo ha hecho después de que las licencias de los establecimientos caducaran el 30 de abril, pero los locales siguieron abiertos porque la crisis sanitaria del coronavirus retrasó los procesos administrativos. Además, denuncian una campaña política y mediática para clausurarlos.

Ada Colau reforma el Port Olímpic (06/02/2018) / EP

Amenaza con enviar a la policía

Hay más. B:SM y, por tanto, el ayuntamiento, ha enviado las notificaciones de desahucio de los negocios. Pero hoy lunes y hasta el jueves 25 de junio aún hay plazo para presentar alegaciones. En un intento de cerrar un conflicto que se le escapa de las manos, el consistorio ha recortado el plazo de 10 días a solo cinco. La treta no ha surtido efecto. Los abogados de los negocios del Puerto Olímpico han contraatacado y han entrado escritos contra su cierre. "Nos vamos a julio, como mínimo, para resolverlos", explica David Neila, abogado de Bufete Neila, que representa a algunos de estos establecimientos.

Vista aérea del Puerto Olímpico de Barcelona, donde el ayuntamiento trata de echar a las discotecas y, también, a diez restaurantes / CG

Así pues, los "problemas jurídicos" que reconoció la pasada semana la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, para clausurar los locales de ocio nocturno no se resolverán de inmediato. "Ya deben tener las resoluciones de alegaciones hechas, pero si resuelven contra nosotros y decretan un cierre inmediato, pediremos medidas cautelarísimas al juzgado", avisa Neila. Ello dará una última oportunidad a los diez restaurantes del puerto y a las discotecas. Si el juez tumbara sus pretensiones, aún habrá una última opción, un recurso contencioso contra la orden de evacuación del 30 de abril, que está recurrida ante los tribunales. "Ese proceso judicial está vivo y el ayuntamiento no ha contestado. Creemos que actúa sin ajustarse a la legalidad", ha opinado el letrado.

"Discriminación" con los restaurantes históricos

El intento de Colau, Sanz y el resto del equipo de desahuciar todos los negocios del Moll de Mestral puede tener consenso político, pero jurídicamente es débil. Por varias razones. La primera es que el Govern traspasó las competencias de gestión del Puerto Olímpico al ayuntamiento, pero no su titularidad. "Las licencias no son del consistorio, por lo que no puede prorrogarlas ni extinguirlas, y menos sin concurso público", avisa Neila. Después, y cuando tenía la gestión, B:SM quiso forzar los desahucios, pero no envió actos administrativos para evitar que los afectados los recurrieran. Cuando finalmente lo ha hecho, el grupo de empresas municipales ha enviado órdenes administrativas de desahucio a las discotecas, pero no a los restaurantes históricos del Moll de Gregal (como la Fonda del Port Olímpic, Salamanca o Cangrejo Loco). Por ello, el consistorio ha encajado una denuncia en la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) interpuesta por Fecalon, patronal de ocio nocturno de Catauña.

Extracto de uno de los contratos con uno de los 12 restaurantes del Puerto Olímpico que sí se quedarán en la dársena / CG

Neila también ve una actuación no ajustada a ley. "Dejan a los restaurantes del Moll de Gregal dos años más, y a los del Moll de Mestral los echan. ¿Por qué? Las directivas europeas y la Ley 20/2013 de unidad de mercado prohíbe estos tratos de favor", avisa. Crónica Global ha accedido a uno de los contratos de prórroga de licencia de los icónicos cenadores. En virtud del mismo, uno de los locales más conocidos pagará solo 11.429 euros al mes más IVA para permanecer en el muelle, cuando factura 11 millones al año, según el Registro Mercantil. "Pero es que además son prórrogas ilegales. El ayuntamiento las ofrece por un pacto político con el Gremio de Restauración, pero ni tiene las competencias, pues solo gestiona, ni puede discriminar a los otros operadores", ha apostillado Neila. El abogado plantea una lucha legal "larga" por más que el ayuntamiento de Ada Colau amenace con mandar a una policía en la que antes no creía para resolver estos contenciosos.