Guerra CEOE-Sánchez por la subcontratación: “el Gobierno quiere que nos suicidemos”

La polémica guía para que las empresas combatan el coronavirus publicada por el Ministerio de Trabajo y la contundente respuesta de CEOE ha sido el último de los choques entre el departamento que dirige Yolanda Díaz y la patronal, que tiene como telón de fondo las negociaciones para la modificación de la reforma laboral, uno de los objetivos primordiales del nuevo Gobierno. Se trata de un episodio menor pero que refleja la tensión entre las partes a raíz de asuntos más candentes como el de la subcontratación, que ha puesto a los empresarios en pie de guerra contra el Ejecutivo, hasta el punto de trasladar a Moncloa que podría suponer el fin para muchas pymes.

Dentro de los cambios en la reforma laboral, Trabajo ha puesto encima de la mesa introducir en la normativa la obligación de que los trabajadores de una empresa subcontratada pasen a formar parte de la plantilla de la empresa que contrata sus servicios y que, por lo tanto, pasen a disponer de las mismas condiciones laborales.

Una medida que sería de aplicación para las empresas públicas en el marco de sus actuaciones pero también para las privadas, muchas de las cuales emplean la subcontratación cuando se adjudican contratos públicos.

Compromiso de Unidas Podemos

El Ministerio de Trabajo es una de las carteras que ha ido a parar a manos de Unidas Podemos dentro del actual Gobierno de coalición. Una repetida reivindicación de la formación liderada por el vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, especialmente con vistas a afrontar la derogación de buena parte de la reforma laboral aprobada por Moncloa en la etapa de Mariano Rajoy. Y esta modificación del régimen de subcontratación es una idea defendida tradicionalmente por la formación morada, y de forma especial por a actual titular de la cartera ministerial, que ahora encuentra la oportunidad de corresponder con su compromiso ante los trabajadores.

Este punto está enquistado especialmente el proceso para la modificación de la reforma laboral. Los empresarios se han llevado las manos a la cabeza por las consecuencias que podría suponer la medida. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que sobre este punto ni siquiera están dispuestos a sentarse a hablar con el Gobierno. Sin embargo, para el Ejecutivo es, por ahora, una cuestión inamovible.

Los empresarios han trasladado a Moncloa la idea de que la aplicación de esta medida podría suponer la desaparición de facto de pequeñas y medianas empresas que se verían, de repente, sin trabajadores cuando son subcontratadas en el marco de una licitación pública, lo que sucede con mucha frecuencia.

Apoyo de Pedro Sánchez

“Con esta medida, el Gobierno nos está pidiendo que nos suicidemos; pero, además, nos está diciendo cómo tenemos que suicidarnos. No tiene pies ni cabeza”, aseguran fuentes cercanas a la patronal, que apuntan a que las relaciones con Trabajo han ido subiendo de temperatura en las últimas semanas, lo que no favorece el clima de diálogo entre las partes.

La situación de la patronal en este asunto es especialmente delicada dado que, al menos en el asunto de la subcontratación, la ministra Díaz cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Son muchos los que apuntan a que uno de los orígenes de la propuesta está en la situación de las camareras de piso, conocidas popularmente como ‘kellys’, al que en su día Sánchez prestó una especial atención, hasta el punto de que llegó a recibir personalmente en Moncloa a una representación de este colectivo, con el que se comprometió a estudiar su caso con especial atención.

Ley de subcontratación

Un cambio de este calado afectaría en gran medida al sector de la construcción. En este sentido, Julián Núñez, presidente de Seopan, la patronal que agrupa a constructoras y concesionarias, recordó la semana pasada que el sector es el único que cuenta con una Ley específica para la subcontratación. “Nosotros tenemos los deberes hechos hace tiempo por lo que, en teoría, no deberíamos tener problemas por esto”, señaló en una reunión con los medios de comunicación.

No obstante, Núñez hizo hincapié en “el contrasentido en el que incurre un Gobierno que, por un lado, hablar de querer fomentar mientras que, por el otro, quiere que los trabajadores de esas empresas pasen a otras”.

Privadamente, en el ámbito de CEOE apuntan también a la existencia de la citada normativa sobre la subcontratación y qué ocurrirá con ella en el caso de que, finalmente, la ministra Díaz logre sacar adelante su propuesta. “Nos defenderemos con todas las armas posibles”, aseguran. En público, el presidente de Seopan hizo un llamamiento a la prudencia: “no sabemos en lo que va a derivar esto pero hay muchos miles de puestos de trabajo en juego”.

Aplicar los convenios

Mientras, en el ámbito sindical no ha pasado desapercibida la alarma de los empresarios y las consecuencias de una posible implantación de estas medidas. Los representantes de los trabajadores están por la labor de introducir modificaciones en este régimen, aunque están dispuestos a que la cuestión se quede en la aplicación de los convenios sectoriales a las subcontratas, de acuerdo con fuentes sindicales.

En la práctica, supondría aplicar los mismos derechos, especialmente en el ámbito de salud laboral (horarios, descansos, seguros médicos, etc). Un punto que podría suavizar la tensión, rebajar la alarma en el ámbito empresarial y procurar que las aguas volvieran a su cauce.

Por ahora, el episodio de la guía sobre el coronavirus y la inmediata reacción de la patronal contra las recomendaciones (que incluía la posibilidad de cerrar centros de producción) es sólo una prueba del estado de la cuestión. La desautorización a Trabajo por parte de otro departamento gubernamental como Sanidad, un indicio de que en Moncloa también bajan las aguas revueltas.