El líder de la Cámara de Comercio, Joan Canadell (2i), y el presidente de la Generalitat, Quim Torra (C), en la presentación del estudio, sobre infraestructuras catalanas / CG

El líder de la Cámara de Comercio, Joan Canadell (2i), y el presidente de la Generalitat, Quim Torra (C), en la presentación del estudio, sobre infraestructuras catalanas / CG

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La Cámara reclama al Estado 45.000 millones en infraestructuras para "eliminar el déficit"

Los independentistas denuncian "falta de recursos" tras la crisis y critican la "infrafinanciación generalizada" que consideran que sufre Cataluña

13 diciembre, 2019 10:47

La Cámara de Comercio de Barcelona ha reclamado al Estado una inversión de 45.333 millones de euros hasta el año 2030 para "eliminar el déficit" en infraestructuras. Así lo ha sostenido la dirección independentista de la organización económica este viernes en su informe Impacto económico del déficit de inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña. El documento denuncia que la entrada de recursos no se ha recuperado tras la crisis económica pese al "pulso exportador y turístico” de la comunidad como motor económico y afirma que Cataluña está "infrafinanciada" respecto a otras autonomías. 

"Nuestros partidos no deberían dar apoyo a la investidura sin el reconocimiento de la deuda", ha sostenido el independentista Joan Canadell, al mando de la Cámara de Comercio, ante la presencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, poco dado a prodigarse en actos económicos pero que sí arropa una organización que apoya sus tesis políticas. De hecho, la Cámara de Comercio ha manifestado en su presentación que el Estado ha dejado sin ejecutar 8.000 millones presupuestados para infraestructuras entre 2001 y 2018. 

Discriminación autonómica

De este modo, ha abonado de nuevo las tesis independentistas al afirmar que existe una "infrafinanciación generalizada" en los proyectos de este perfil que van hacia Cataluña en comparación con otras comunidades autónomas. Según sus números, cuya metodología ha quedado sin concretar, los 8.000 millones que quedaron pendientes entre 2001 y 2018 habrían generado un impacto del 3,3% del PIB, así como unos ingresos adicionales en las empresas que alcanzarían los 20.000 millones y la creación de 110.500 puestos de trabajo adicionales.

"¿Qué tiene Cataluña que no tienen las otras comunidades para recibir este trato discriminatorio durante 19 años?", ha denunciado Canadell durante su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas de la prensa. "A nivel de infraestructuras, España es un país de primera, pero Cataluña, no", ha lamentado, al tiempo que ha pedido la transferencia de los activos como “parte de la solución a este problema”.

Equiparación con el PIB

En la misma línea se ha expresado Torra, que ha asegurado la necesidad de reclamar una deuda que "supone un lastre para las empresas y la ciudadanía". "Nos afecta a todos, pensemos lo que pensemos y votemos lo que votemos", ha asegurado el presidente de la Generalitat, que ha manifestado no haber pedido nunca al empresariado catalán "que se declare independentista".

La Cámara recoge que el pulso inversor del Estado se ha situado en el 11,4% de media, que desglosa en el 9% para carreteras, el 13,1% para ferrocarriles, el 15,7% en puertos y el 10,4% en aeropuertos. Por ello, insta a que la dotación para Cataluña se equipare con el 19% que la región aporta al PIB. Estos cálculos implican la inversión de 45.333 millones de euros totales que se han exigido, a razón de 3.800 millones anuales. 

Frente al dato de la Cámara de Comercio, Foment del Treball ya fijó en 28.000 millones de euros el déficit inversor del Estado, aunque establecía marcos temporales diferentes, ya que analizaba el periodo 2008 y 2018. Además, la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre también puso el acento en los proyectos que la Generalitat ha planificado pero nunca emprendido por falta de recursos, incluso en los casos en que se contaba con presupuestos consignados para ello. En el caso de los independentistas de Joan Canadell, las críticas se han centrado de forma exclusiva en el Estado.