¿Puede la ANC financiarse a través de la Cámara de Comercio de Barcelona?

La Cámara de Comercio de Barcelona ha confirmado esta semana que trabaja en serio para materializar su propuesta de que las empresas y los autónomos vuelvan a pagar una cuota obligatoria a la organización empresarial. Su presidente, Joan Canadell, ha explicado que aspiran a conseguir un presupuesto de 60 millones de euros --el mismo que la Cámara de Comercio de Milán-- por esta vía, cuestión que ha encendido las alarmas del empresariado catalán ante las sospechas de los fines reales del montante.

Miembros de las candidaturas configuradas desde Pimec junto a Enric Crous, la encabezada por Carles Tusquets e integrantes de las sillas patronales han vertido sus sospechas de que esta cantidad se destine a causas políticas en lugar de a la dinamización empresarial. Basan este temor en que la hoja de ruta, que el equipo de Eines de País ha emprendido hasta la fecha en la institución, está más enfocada a cumplir los preceptos de la ANC, la organización de donde salen sus integrantes, que en conseguir mejoras para el empresariado catalán.

Declaración institucional

El último ejemplo de ello tuvo lugar en el pleno del pasado miércoles, cuando Canadell sacó adelante (con más apoyos de los que tiene su equipo y con un baile de cifras que no enmienda este resultado) una declaración independentista en la que se reclama una “verdadera respuesta de país” con “impacto más allá de nuestras fronteras” para el fallo del caso del 1-O. Cuestión que ya se afeó en el momento en que se votaba por transcender el ámbito de actuación de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Tomar el control de la institución empresarial este verano fue una victoria inesperada para la ANC, tal y como ha reconocido en algunos foros su presidenta, Elisenda Paluzie. Apostaron fuerte y movilizaron a sus bases para tomar posiciones estratégicas en la organización en las últimas elecciones, pero esperaban más ejercer un papel de oposición, con fuerza capaz de reenfocar las estrategias de la dirección, que no un resultado que les facilitara el control ejecutivo.

Propaganda independentista

Después de ello, se ha encendido la maquinaria de la propaganda independentista desde la Cámara. Ya sea al rescatar informes que no ven con malos ojos el procés de cuando se empezó a poner en marcha con Artur Mas; publicar nuevos informes, en los que se enmienda las tesis de la anterior cúpula, en los que advertían de que la pérdida de dinamismo económico era mayor en Cataluña que en el resto de España, a lanzar las consultas a las bases en las que se mezclarán preguntas del ámbito político y económico.

Pero la verdadera guinda del pastel es el control de la caja de la Cámara de Comercio de Barcelona. El propio Canadell, a quien se le reconocen las buenas formas en la institución, reconoció que Miquel Valls le dejó una institución saneada con unos ingresos consolidados que rozan los 20 millones de euros. Ya anunció que aspira a que la futura Ley de Cámaras de Comercio de Cataluña, que la consejera Àngels Chacón (JxCat) se ha comprometido a debatir en breve, reconozca algún tipo de aportación pública. Pero quiere ir a más.

Finanzas de la ANC

Y esto coincide en un momento difícil para la financiación de la ANC. El número de socios de la entidad secesionista, 48.000, crece a un ritmo inferior al de años anteriores y sufragar el Consejo de la República de Waterloo, así como los gastos judiciales de los independentistas procesados, ha supuesto una sangría.

Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC / EFE

Puigdemont cuenta con el dinero que se suministra la ANC, así como de las donaciones de los altos cargos de la Generalitat, empresarios patrióticos y los pagos que realizaba PDeCAT, que también atraviesa por apuros económicos y que todavía debe decidir cuál es su futuro y si este pasa por el regreso de Artur Mas o por una escisión.

Tal es así que hace unas semanas, según explican fuentes soberanistas a Crónica Global, Mas se desplazó a Bélgica para reunirse con Puigdemont y pedirle que autorizara a la ANC a sufragar su regreso. A cambio, el expresidente se comprometía a no hacer demasiado ruido e intentar conciliar las diferentes corrientes que actualmente existen en Junts per Catalunya, los moderados y los afines al de Waterloo.

Artur Mas pide dinero a Puigdemont

Puigdemont no se comprometió, pues su situación no es muy boyante y no se encuentra en disposición de compartir la caja de la ANC con Mas. Por otro lado, la UE rechazó inscribir en su registro de grupos de interés (lobbies) CATglobal, una asociación con sede en el mismo chalet de Waterloo --su alquiler está valorado en 4.400 euros al mes-- que pretende captar fondos europeos para la actividad antiespañola del expresidente.

Los inscritos en el citado Consejo de la República estaban llamados a convertirse en la principal fuente de financiación del independentismo, pero está lejos del millón que Puigdemont puso como condición para activar ese órgano. A razón de 10 euros por persona registrada, el Gobierno paralelo habría recaudado unos 10 millones de euros. Sin embargo, a última hora del viernes, la página web del consejo contabilizaba solo 75.294 inscritos.

Según el informe económico presentado este año por la ANC, el número de donaciones bajó un 69% en 2018 a consecuencia, dicen, de la falta de un hecho relevante como fue el 1-O en 2017”. La incorporación de la llamada Caja de Solidaridad, que gestionan la ANC y Òmnium, al balance de la entidad que presidente Paluzie, se ha traducido en pérdidas, más de cinco millones de euros. Si no se hubieran contabilizado esas partidas destinada a las defensas de los procesados, la entidad habría tenido un superávit de 360.259 euros.

La venta de camisetas y las cuotas de socios han supuesto hasta ahora unos ingresos de algo más de dos millones de euros, en cada caso. No esconden algunos dirigentes de la ANC la pérdida de influencia social debido al aumento de simpatizantes independentistas que rechazan el proyecto unilateral que promueven.

Cámara de España

Para sacar adelante su objetivo de imponer una cuota, que se considera simbólica, de 100 euros a todos los empresarios y autónomos de la demarcación, y en contraste con sus tesis independentistas, Canadell recurrirá en un primer momento a la Cámara de España. Quiere plantear la cuestión ante el plenario presidido por Josep Lluís Bonet.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España / CdE

Es consciente de que un acuerdo a nivel autonómico que facilitara la recuperación de la cuota obligatoria sería la fórmula más sencilla de sacar adelante su objetivo, en forma de tasa territorial en lugar de cuota cameral obligatoria. La otra alternativa es que el Gobierno diese marcha atrás y recuperase un gravamen que los socialistas, durante el mandato de José Luís Rodríguez Zapatero, eliminaron en 2010 y que el PP, con Mariano Rajoy al frente, no tuvo en consideración al aprobar el Real Decreto Ley en que se fija la ley base de las Cámaras de Comercio en 2014.

Las Cámaras de Comercio de Castilla y León y Canarias ya han reconocido en sus normativas autonómicas la financiación pública, pero ir más allá supondría un agravio comparativo autonómico entre empresas. Justo lo contrario del objetivo básico de las entidades de derecho público. Como recuerdan los críticos con los independentistas de Eines de País, su fin debería ser la dinamización empresarial.