Pimec carga contra la ‘ley Aragonès’

Pimec ha reclamado a la vicepresidencia de Economía de la Generalitat que adapte varios preceptos del proyecto de ley de contratos de atención a las personas, la denominada ley Aragonès por el nombre del consejero de ERC. Asegura que la normativa en tramitación “penaliza a las empresas mercantiles” y, de forma especial, a las de menor tamaño que “basan su competitividad en el trabajo de proximidad y en la calidad del servicio”, tal y como apuntan en un comunicado.

La patronal de pymes presidida por Josep González asegura que las compañías quedarán excluidas si se “generalizan las medidas previstas”. Advierte de que en varias disposiciones se hace referencia a la estructura social de los licitadores y a cómo se organizan de forma interna, cuestiones que consideran que penalizan a los privados más pequeños y que “no tienen nada que ver” con la excelencia en la prestación.

Calificativo de ‘empresa social’

También cargan contra la selección previa para recibir el calificativo de empresa social que permitirá participar de forma activa en una licitación. Pimec señala que esta figura jurídica “todavía no se ha regulado”, por lo que es pasto de la inseguridad.

Tampoco contempla como un precepto válido que se reserven determinados contratos a sociedades con este perfil. Manifiesta que el riesgo de exclusión para las pymes es mucho más elevado con esta directriz y que se debería evitar en pro de la igualdad de oportunidades empresarial.

Defensa del fondo de la norma

Pimec realiza esta demanda junto a otras organizaciones que están integradas o colaboran. De forma concreta, con la Asociación Catalana de Empresas de Ocio, Educación y Cultura (Acellec), la Asociación Española para la Competitividad de las Pymes (Acepymes), la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (Upimir), la Asociación Catalana de Empresas de Limpieza (Ascen), la Asociación de Casas de Colonias y Albergues de Cataluña (Accac), la Asociación Catalana de Entidades de Salud (Aces) y los Centros de Atención a la Dependencia de Cataluña (Acad).

El presidente Quim Torra (i) y el vicepresidente del Govern, Pere Argonès (d) reunidos tras la crisis entre JxCAT y ERC / CG

Las críticas a la normativa también se han materializado en enmiendas además de ser divulgadas. A pesar de las críticas, la patronal de pymes rompe una lanza a favor de la iniciativa del vicepresidente Pere Aragonès (ERC) y afirma que el texto “ni promueve ni facilita la externalización de servicios públicos”.

Asegura que sólo marca las condiciones de la contratación pública de los servicios más vinculados con la atención de las personas y que no se deben adjudicar en base a criterios económicos, como marca la regulación marco de las licitaciones. Todo ello, “una vez ya se ha decidido su externalización”.