Ryanair cobró 62 millones por volar al aeropuerto del que se quiere ir

Ryanair cobró al menos 62,5 milones de euros en ayudas por volar al aeropuerto de Girona-Costa Brava, del que ahora estudia irse. La compañía aérea de bajo coste se embolsó inyecciones de dinero público durante al menos doce años: entre 2004 y 2016, además de beneficiarse de inversiones por valor de 142 millones de euros. Todo ello lo investiga ahora la Comisión Europea como un caso de presuntas subvenciones públicas encubiertas.

La cuantía exacta de las ayudas que recibió Ryanair de la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Girona desde que despegó su primer vuelo en 2004 no se conoce. El guarismo se mueve en una horquilla porque los acuerdos bilaterales entre la aerolínea irlandesa y las administraciones eran confidenciales. De hecho, la Comisión pidió en 2013 al Reino de España [consultar informe preliminar aquí] toda la documentación relativa a los pagos. El caso sigue abierto. Lo factual mientras duren las pesquisas es que la operadora se embolsó 3,5 millones de euros públicos en virtud de un convenio de colaboración para empezar a volar en 2004; 13,9 millones más de la Generalitat, Diputación y Cámara de Comercio entre 2009 y 2011 con el pretexto de la promoción turística, y 45 millones entre 2012 y 2016 con arreglo al fondo de conectividad aprobado por el Ejecutivo catalán. Asimismo, se benefició la operadora de obras por valor de 142 millones de euros en el aeropuerto de Girona por actualizaciones del plan de infraestructuras ante el aumento del tráfico aéreo.

Ahora se quiere ir

El cariñoso trato que dispensaron las administraciones a Ryanair no ha sido suficiente para que la aerolínea se quede. La compañía aérea que dirige --aún y hasta que ceda completamente sus competencias-- Michael O'Leary estudia irse de Girona. Ha confirmado que cerrará las bases de Gran Canarias y Tenerife Sur, en las Islas Canarias, y ha colocado a la capital catalana de provincia en la lista de bases en revisión. Ello quiere decir que la aerolínea sopesa retirar los cinco aviones que tiene estacionados en la pista gerundense durante lo que queda de verano e invierno. Tomará una decisión a principios de 2020. El calendario toma esta forma porque asegura Ryanair que tiene dificultades en Girona por el retraso de los 135 Boeing 737 MAX encargados a la compañía estadounidense. La orden de compra lleva ocho meses de retraso, motivo suficiente para la compañía aérea para aligerar su operativa en España.

Imagen de una aeronave de Ryanair en plena operación / CG

Huelga decir que las consecuencias de ello, si ocurre, serán devastadoras para el segundo mayor aeropuerto catalán, el 17º en el ranking nacional de Aena según tráfico aéreo [ver aquí]. En primer lugar, la retirada de los cinco aviones supondrá un impacto directo sobre 130 puestos de trabajo de tripulantes de cabina (TCP) y 50 pilotos. Asimismo, las reverberaciones de la espantada de Ryanair provocarían un seísmo en la instalación y en el turismo provincial. La operadora copa entre el 71% y 72% del tráfico aéreo en la infraestructura, según el periodo de tiempo analizado. "Es la única aerolínea con operaciones fijas. El resto son chárter o discontinuas", ha indicado una portavoz de USO. En otras palabras: Girona se relanzó con el primer vuelo inaugural de Ryanair en 2004 y ahora ha crecido en simbiosis, cuando no abierta dependencia, de ella.

Ayudas por doquier

Por lo pronto, la decisión anunciada por Ryanair en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) esta semana ha provocado un anuncio de convocatoria de huelga de los TCP y de los pilotos para septiembre. Protestarán contra el cierre de las bases y el impacto sobre la fuerza de trabajo. "No nos pueden recolocar en otras plazas. La aerolínea sostiene que tiene demasiado personal en España", indican desde USO. Esta agrupación y Sitcpla exigirán asimismo que medien Gobierno y Generalitat para evitar la retirada de Canarias y Cataluña. En este último caso, con argumentos de peso. "El aeropuerto depende de Ryanair. Esto es así", ha señalado una portavoz de la parte social. Hay otra arista a ello. La aerolínea irlandesa se benefició de pingües ayudas públicas entre 2004 y 2016 para iniciar y mantener la operativa en este aeropuerto. Las inyectaron el Gobierno catalán, la Diputación y la Cámara de Comercio. ¿Cómo? Mediante acuerdos con Girona Centre Logístic (GICL) y la Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI) entre 2004 y 2006, primero, y con la mercantil Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines (GMS), después.

Estas dos entidades y la sociedad no pagaron directamente a Ryanair, sino que la ayudaron con una retahíla de convenios de promoción turística y publicidad. Incluían estos acuerdos la inserción publicitaria en los aviones, el fuselaje de las aeronaves, la revista de la compañía e incluso acciones para la promoción de la lengua catalana. La aerolínea negó siempre que fueran subvenciones, algo prohibido por el acervo legal comunitario. El Gobierno catalán, también. En cualquier caso, las líneas de dinero están siendo investigadas por la Comisión Europea y tienen precedentes poco halagüeños. Cierto es que el Tribunal de la Unión Europea (TUE) avaló en 2008 las ayudas del gobierno valón a la compañía aérea para operar en el aeropuerto de Charleroi (Bélgica). No es menos cierto que en agosto, la Comisión Europea obligó a Ryanair a devolver 8,5 millones de euros que le concedió la Asociación local para la promoción de los flujos turísticos y económicos (APFTE) para volar al aeropuerto de Montpellier (Francia). También están bajo investigación los pagos para operar en el aeropuerto de Fráncfort (Alemania). Las autoridades comunitarias han iniciado 28 procedimientos, uno de ellos el catalán, para el aeropuerto del que la operadora se quiere marchar.