La 'app' de la 'ONG del catalán' reprueba a decenas de sedes de ERC

La Plataforma per la Llengua ha decidido dar un nuevo impulso a su polémica aplicación sobre la lengua que se usa en los establecimientos y comercios de los territorios de habla catalana. La autodenominada ONG del catalán, subvencionada por instituciones como la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona, ha hecho un llamamiento a sus simpatizantes a utilizar durante las vacaciones veraniegas su renovada versión de CatalApp, una app para móviles en la que los usuarios informan sobre si se emplea o no el catalán --y cómo-- en todo tipo de empresas y establecimientos, públicos y privados: desde tiendas, hoteles, bares y restaurantes, hasta hospitales y otros servicios. Por no faltar, ni siquiera faltan sedes de asociaciones y partidos políticos. Y, entre los independentistas, algunos no salen bien librados.

“En verano, utiliza la CatalApp”, alientan desde la Plataforma en el último artículo del blog de la app. Su alerta se fundamenta en que, a su modo de ver, “la fuerte afluencia del turismo” en estas fechas hace que “en muchas localidades del territorio de habla catalana se adapten a las exigencias lingüísticas de los turistas”. Por ello, animan a sus usuarios a “descubrir cómo es la atención lingüística”, porque “como catalanoparlantes tenemos derecho a ser atendidos en nuestra lengua”. Sin perjuicio, matizan, de que “también se puedan usar otras”.

No se libra ni Òmnium

Los creadores de CatalApp sostienen que su aplicación valora la “responsabilidad lingüística” de los establecimientos. Aunque, paradójicamente, ello da pie a resultados, cuanto menos, curiosos. Entre los cientos valorados de forma negativa se encuentran una veintena de sedes de ERC, alguna del PDeCAT y la CUP, y también cuatro delegaciones locales de Òmnium Cultural, partidos y asociaciones independentistas teóricamente afines. La sede central de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), por ejemplo, cuenta con una valoración regular. Cualquier establecimiento puede aparecer señalado negativamente con una sola valoración, como ocurre en numerosos casos.

Para puntuar y hacer comentarios sobre los establecimientos se necesita estar registrado previamente. Cada uno de ellos se marca sobre un mapa con geolocalización, importado de Google Maps. Las puntuaciones se hacen en base a tres niveles, con emoticonos que emulan los colores de los semáforos: el verde, con una cara sonriente, significa que la atención en catalán es buena; el amarillo, regular; y el rojo, con un rostro triste, mala. A su vez, la atención de cada establecimiento se subdivide en tres apartados: oral, escrita y virtual. Todo ello se puede compartir a través de las redes sociales.
 

Algunas de las sedes de ERC valoradas negativamente en CatalApp

Quejas y "adhesivos de reconocimiento"

Además de eso, desde los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter de CatalApp --este último, con medio millar de seguidores--, se alienta con frecuencia a explicar la “experiencia lingüística” de los usuarios. “¿Os han atendido en catalán? ¡Explícanoslo!”, reclaman en uno de sus últimos mensajes. Las escasas respuestas las monopolizan detractores de la app, que critican la “persecución” a la que, a su juicio, se somete a los comerciantes y su “señalamiento” por usar el castellano, idioma cooficial en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana.

Plataforma per la Llengua va más allá en el uso de la aplicación, concediendo lo que denomina “adhesivos de reconocimiento lingüístico” a los establecimientos mejor valorados en la misma, para que sus propietarios los cuelguen, si lo creen oportuno, como distintivo “de excelencia lingüística” en las puertas de sus locales o bien en sus escaparates. En la misma línea, dicho organismo ha impulsado también el denominado sello de “producto lingüísticamente responsable”, que pretende identificar los productos etiquetados, “como mínimo, en catalán”. Y promociona con él varias marcas.

Denuncias y sanciones

La aplicación CatalApp, creada en 2017, presentó el pasado junio una nueva y remodelada versión. En el último escrito de su blog, se recomienda acceder a una página web en la que, entre otras cuestiones, se informa de la normativa lingüística de la Generalitat y de aquellos usos que considera “responsables de la lengua catalana en el comercio”. Entre ellas, la Ley de Política Lingüística de 1998 (cuyo enlace a la misma aparece roto), o el Código de Consumo de Cataluña de 2010, que contempla sanciones y multas por no rotular en catalán. Medidas que fueron prohibidas por el Tribunal Constitucional en enero de 2018, al entender que no se puede imponer el uso de una de las dos lenguas oficiales en las relaciones entre particulares. A pesar de ello, el año pasado se cursaron 78 de estas multas lingüísticas, por un valor total de 50.800 euros. En 2017 fueron 67, por valor de 75.700 euros; y en 2016, 70 con un coste total de 89.500.

Una de las actividades de Plataforma per la Llengua consiste en denunciar casos de "discriminación lingüística". La entidad recibió un total de 570 quejas de catalanoparlantes en 2018 "por vulneración de derechos". 38 de esas reclamaciones correspondieron al sector de la hostelería y restauración. En lo que respecta a la Administración pública, denunció 25 casos, según informó a mediados de julio. 

'Espías' en los patios y donaciones

Además de tener sus miras puestas en el uso del idioma en el consumo, Plataforma per la Llengua ha protagonizado en las últimas semanas otra controversia por su estudio sobre el uso del catalán de los niños en los patios de las escuelas. Unos datos que se obtuvieron observándolos “de incógnito”, según su versión --sin que lo supieran ellos ni el profesorado--, en 50 centros de las 35 localidades urbanas catalanas más pobladas. Como los resultados obtenidos no les han satisfecho, ahora piden donativos para iniciar una campaña de “sensibilización” que promueva “el uso social del catalán entre los más jóvenes”, y que cuente “con los principales agentes de la comunidad educativa”.  

Esta organización, al igual que otras de corte nacionalista, recibe cuantiosas subvenciones por parte de la Generalitat de Cataluña, que en 2016, 2017 y 2018 le concedió un total de 1.860.000 euros, según datos del portal de transparencia de Plataforma per la Llengua. Idéntica cantidad a la otorgada en los tres años precedentes. Y no es la única. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha llegado a otorgarle 39.000 euros anuales, según datos de las memorias económicas de la Plataforma, en 2014 y 2015. En 2016 fueron 27.000, y en 2017, 20.000, informa Metrópoli Abierta. A ello se suman los ingresos que obtienen gracias a las cuotas de sus 18.000 socios.