Los mercados dan por abierta otra ‘guerra del agua’ en Cataluña

La guerra del agua en Cataluña tendrá una segunda parte. Esta es la conclusión de los analistas de bolsa tras el órdago que ha lanzado el Gobierno catalán a Acciona este jueves en la compensación económica que se dará por anular el contrato de Aigües Ter Llobregat (ATLL). El Ejecutivo de Quim Torra afirma que la cotizada debe pagarle 38,42 millones de euros, mientras que la multinacional le reclama 1.074 millones de euros.

La diferencia es abismal y evidencia la ruptura entre la Generalitat y el grupo de los Entrecanales, que hasta ahora habían hecho frente común en defender en los tribunales el contrato de concesión. Fracasaron, ya que el Tribunal Supremo confirmó en febrero que se tenía que anular la licitación por los errores que se detectaron en 2012 en el proceso de adjudicación del contrato.

Buena sesión bursátil

Con todo, los títulos de la compañía han aguantado el envite en el parqué. Acciona se apuntó un pequeño repunte del 0,35% en su valor al cierre de la sesión bursátil de este jueves. Igual que el resto del Ibex 35, vivió una jornada en general plana que concluyó con 0,28 céntimos de revalorización en los títulos de la gestora de infraestructuras.

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona en una imagen de archivo / CG

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona / CG

Sus acciones están a 79,680 euros y los analistas muestran un optimismo moderado en los próximos meses. “Esta por encima de los niveles de resistencia tras un gap bajista que se inició el 29 de junio de 2017”, indica Dario García, de XTB. ¿Los mercados han descontado el valor de ATLL de la compañía? El experto bursátil indica que el anuncio del Gobierno catalán y los que pueden venir en los próximos días tendrán “muy poco impacto” en el mercado de valores. Señala que se da por descontada una “batalla legal” tras el “fiasco de la privatización de las aguas catalanas”.

Impacto en el déficit

El resultado tendrá implicaciones en todo el Estado, tal y como señaló la Comisión Europea en las previsiones económicas para España que también se hicieron públicas este jueves. Bruselas enciende las alarmas por los efectos sobre el déficit público que pueden generar los pagos compensatorios en resolver el contrato de ATLL, que debe estar gestionada por una empresa pública en enero de 2019 según el Govern. 

Cataluña no puede pagar 1.000 millones a Acciona, concluyen las fuentes consultadas. Señalan que implicaría volver a los niveles más duros de la crisis en cuestión de déficit público en una de las comunidades más endeudadas del país. Justifican que esta imposibilidad de hacer frente a la factura que le ha planteado la cotizada ha incidido en los informes jurídicos y económicos de la comisión del Gobierno que se encarga de la resolución del contrato de ATLL.

Indemnización por daños y perjuicios

Con todo, también se pone en duda la demanda de los Entrecanales de percibir 770 millones de euros de la Generalitat en concepto de daños y perjuicios. Los interlocutores consultados recuerdan que ni el Supremo ni el TSJC en sentencia firme han asegurado que el Gobierno catalán fuera el culpable de la resolución del contrato. Sin este reconocimiento explícito es como mínimo complejo desde el punto de vista jurídico defender la reclamación económica, añaden.

Esto será parte del litigio que se espera. Por ahora, ATLL Concesionaria dispone de 10 días para presentar las alegaciones que considere pertinentes a los informes de la comisión que le han sido remitidos este jueves. El primer paso del proceso burocrático antes de instar un contencioso-administrativo.

Seguridad jurídica

Desde la filial de Acciona se mantienen muy cautos en hablar de una nueva guerra del agua. Los portavoces de la compañía se limitan a tildar de “arbitraria” la “propuesta planteada por la Generalitat”. “Carece de fundamento jurídico y rigor económico”, explican.

Un grupo de visitantes en la planta potabilizadora de ATLL en el municipio de Cardedeu (Barcelona) / ATLL

Un grupo de visitantes en la planta potabilizadora de ATLL en el municipio de Cardedeu (Barcelona) / ATLL

Consideran que se trata de una “quiebra de los principios básicos del modelo concesional” y que pone en riesgo la “imprescindible confianza de los inversores en el principio de seguridad jurídica”. Señalan que tanto la cotizada como sus socios minoritarios en ATLL, las familias Godia y Rodés, presentarán las “correspondientes alegaciones en contra de la propuesta de resolución” del Gobierno catalán.

Comparecencias en el Parlament

Además de responder a los gestores de ATLL, el Gobierno de Quim Torra también deberá comparecer en sede parlamentaria para dar explicaciones del fiasco de la adjudicación. Ciudadnos y los Comuns han pedido la comparecencia de los consejeros y responsables políticos de los Gobiernos implicados en la adjudicación y el periplo judicial posterior. Señalan a Artur Mas, Lluís Recorder, Andreu Mas-Colell, Santi Vila y Elsa Artadi, a los que solicita que comparezcan en al comisión de Medio Ambiente.

PSC también exige que los actuales consejeros de Economía y Territorio, Damià Calvet y Pere Aragonès, den la cara. Mientras que el PP analiza las conclusiones de la comisión y no descarta unirse a alguna de las propuestas que ya se han tramitado.

La segunda parte de la guerra del agua aún no ha empezado en los tribunales, pero el disparo de salida ya se ha dado en el Parlament.