El 'procés' enreda la contratación de seguros en la Diputación de Barcelona

La incertidumbre generada por el proceso independentista catalán ha puesto de rebote en un brete a la Diputación de Barcelona. La administración provincial presidida por Mercè Conesa se ha visto obligada a activar un procedimiento negociado de urgencia para dotarse de un seguro que cubra la responsabilidad contable de los directivos y el personal de servicio de la institución y de las empresas públicas que dependan de ella.

Se trata de una cobertura básica para la operativa habitual de cualquier administración, indican fuentes jurídicas. Cubre las espaldas del personal ante los procesos que pudiera instar el Tribunal de Cuentas en caso de detectar alguna infracción al fiscalizar las liquidaciones de ejercicios anteriores o en los proyectos que se emprenden.

Licitación recurrente

La Diputación de Barcelona renueva periódicamente esta póliza. Igual que en el resto de administraciones públicas catalanas, los contratos en este sentido se sacan a concurso público por varios años. Es una de las licitaciones recurrentes, señalan otros interlocutores próximos a la institución.

Así se hizo en el proceso emprendido en 2017, una adjudicación que llevó a la formalización en verano del contrato con SegurCaixa Adeslas, afirman los portavoces de la administración. Pero la compañía declinó meses después ofrecer el servicio.

Govern y Parlament

“Decidió salir del ámbito de las administraciones públicas”, añaden. Una medida que se emprendió tras la celebración del referéndum ilegalizado del 1-O y poco antes de que se votara en el Parlament la declaración de independencia simbólica.

La compañía controlada por Mútua Madrileña y VidaCaixa anunció el 17 de octubre que rescindía los contratos de responsabilidad civil que cubrían al Gobierno y a la Cámara catalana por el “riesgo producido por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña”, tal y como explicaron en su momento.

De hecho, seis días antes remitieron una carta al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el que explicaban los motivos de la renuncia al contrato. En las semanas siguientes fueron consecuentes con el resto de administraciones a las que ofrecían servicio. Y eso afectó a la Diputación.

Liberty, la adjudicataria de urgencia

Los portavoces de la institución explican que “se tenía que cubrir” la responsabilidad contable y por ello decidieron emprender una solución de urgencia. Optaron por acercarse a varias aseguradoras que sí operen en el sector para iniciar el proceso negociado para ofrecer el servicio durante ocho meses. Un plazo temporal que les permitía reactivar el concurso público al uso.

Liberty Seguros ha sido finalmente la beneficiaria de este contrato menor de 22.000 euros. La Diputación de Barcelona informa que la concesión se firmó el pasado 1 de diciembre con efectos retroactivos. Tendrá validez del 16 de octubre de 2017 al próximo 16 de julio.