El área metropolitana ‘descafeína’ el reglamento para remunicipalizar el agua

El Consejo Metropolitano de Barcelona ha aprobado este martes una modificación del reglamento del ciclo integral del agua. Tal y como avanzó Crónica Global, marca la gestión de la empresa mixta que da servicio a casi cuatro millones de personas. Pero para conseguir su aprobación, el equipo municipal de Entesa (BComú y sus plataformas similares), PSC y ERC ha tenido que cambiar hasta en cinco ocasiones el redactado con el que se pone la primera piedra de la remunicipalización.

Lo hace con la oposición de los grupos de CiU y PP y la abstención del grupo de Ciudadanos y de la plataforma ciudadana de Torrelles del Llobregat (Barcelona) en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Rebaja de las expectativas

“En el anterior redactado [la administración supramunicipal] no ejercía la titularidad del servicio, algo impropio de un reglamento”, explicó el vicepresidente del área de Medio Ambiente, Eloi Badia, al consejo. Lo hizo tras las críticas que recibió la propuesta final, alejada de su intención inicial.

El también concejal de Energía de BComú intentó articular una alternativa en el ordenamiento del AMB con el objetivo de facultar a los municipios para desmarcarse de la empresa mixta que gestiona el agua --participada en un 70% por Agbar, otro 15% por el AMB y el 15% restante por CriteriaCaixa-- y hacerlo a través de una compañía local. Uno de los grandes objetivos de la legislatura de Ada Colau. Pero ha tenido que rebajar sus expectativas con una propuesta final que ha sido criticada por su ambigüedad.

Polémica laboral

También chocó con una polémica laboral que se ha reconducido al descafeinar la iniciativa. Los sindicatos mostraron su rechazo a la propuesta porque ponía en peligro el empleo de los más de 950 trabajadores de la empresa mixta, que no están segregados por municipios, sino por áreas de trabajo. Su subrogación a las empresas de gestión locales a las que aspiran es muy compleja.

El alcalde de Sant Climent del Llobregat, Isidre Sierra (CiU), pidió al gobierno del AMB que explicara “de forma clara” cuál era la finalidad de la iniciativa. Señaló que la desintegración del servicio metropolitano ponía en un aprieto a las localidades más pequeñas: “¿Creen que Sant Climent puede mantener un laboratorio de análisis [de la calidad del agua]?” También destacó que la calidad y la continuidad del servicio estaban garantizadas.

Consecuencias económicas

Alberto Fernández Díaz, portavoz del grupo metropolitano del PP, alertó de las consecuencias económicas que puede propiciar un cambio del modelo de gestión que “impactará en el AMB y en la factura ciudadana”. Asimismo, avisó del mal precedente que implicaba apoyar una iniciativa que “vaciaba de competencias” la administración supramunicipal.

La CUP apoyó el nuevo redactado, aunque lo criticó por la “falta de valentía al no pronunciarse de forma clara sobre la doble competencia municipal y metropolitana de la gestión del agua”.