El agua de la ciudad de Terrassa divide incluso al PSC local

El municipio de Terrassa (Barcelona) deberá tomar una decisión sobre qué modelo de gestión aplica en el servicio de captación y distribución del agua potable. A finales de año vencerá la concesión del servicio que la empresa Mina Aigües de Terrassa, donde el principal accionista es Agbar-Suez, tiene vigente desde 75 años y el debate lleva meses abierto sin que se haya tomado ninguna decisión en firme.

La opción que cobra más fuerza incluso en el equipo de gobierno municipal, encabezado por el socialista Jordi Ballart, es la de recuperar la titularidad pública de la compañía. Pero la polémica está servida por los obstáculos del proceso que han llevado a la discrepancia incluso en el seno del partido en el gobierno de la ciudad desde el inicio de la democracia.

La presión de una figura del socialismo local

Manuel Royes, el alcalde socialista que obtuvo el cargo en 1979 y lo mantuvo hasta que pasó el testigo a Pere Navarro en 2002, ha afeado la forma en la que Ballart ha empezado a plantear la cuestión. Se ha posicionado a favor de constituir una empresa mixta al justificar que si el Ayuntamiento está presente en el consejo de administración, como ya hacía con Mina, se puede “controlar lo que la Administración Pública debe controlar y estar presentes y participar en la toma de decisiones en temas cruciales”.

Ha asegurado que es la “solución natural” pero que para alcanzarla es necesario “sentarse en una mesa y hablar, y me temo que eso no se ha producido”, un torpedo directo a la gestión de Ballart. “Terrassa habría sido una ciudad mucho peor sin la Mina, más pequeña o incluso esa ciudad dormitorio que nunca hemos querido ser”, ha apostillado.

Problemática laboral

El principal problema de la recuperación pública del servicio es laboral, ya que implicaría el despido de la totalidad de la plantilla de Mines. La compañía se habría quedado sin concesión y no se pueden subrogar los trabajadores al sector público por la limitación en la contratación que existe para reducir déficit. Los nuevos empleos se deberían cubrir con funcionarios o interinos, por lo que se necesitaría pasar un proceso de concurso público.

El trabajo de la plantilla está en el aire e incluso fuentes sindicales manifiestan que crear una empresa mixta con unas condiciones de gobierno y fiscalización muy estrictas, incluso con una concesión con una vigencia menor, es una opción que se debería analizar antes de que acabe el ejercicio.

Pactos en el Gobierno local

Royes también presiona para que se aborde la cuestión, pero la realidad del Ayuntamiento y los pactos de Gobierno van en otro sentido. El PSC de Ballart obtuvo nueve representantes en el pleno en las elecciones de junio de 2015 y firmó un pacto con CiU que le deja a dos concejales de los 14 con los que se alcanza la mayoría absoluta.

Terrassa en Comú, una unión de fuerzas parecida a la de Ada Colau en Barcelona, es el principal partido de la oposición con seis representantes. Son los que defienden abiertamente que la única opción posible para el servicio es la titularidad pública y cuentan con el visto bueno inicial de ERC (cuatro concejales) y el representante de la CUP. Es menos clara la opción preferida por los tres representantes de Ciudadanos y el único que obtuvo el PP, que tendrían la llave de la resolución del conflicto si se llega a plantear.

Precedente para los conflictos vigentes

El resultado del debate de la cocapital del Vallès Occidental marcará un precedente en Cataluña en los otros debates sobre la titularidad del servicio que están abiertos. Tanto la concesión del agua en baja del Área Metropolitana de Barcelona, que espera la resolución del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la empresa mixta que marcó el TSJC, y el futuro de ATLL. La guerra del agua en Cataluña también está pendiente de que los magistrados del Alto Tribunal español tomen una decisión.