Fiscalía gana tiempo para desnudar los tejemanejes del sindicato catalán USOC

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado más tiempo para completar la investigación sobre los tejemanejes de la antigua cúpula del sindicato catalán USOC, encabezada por Antonia Gil. Para tener clara la fotografía fija de hasta dónde llegaron los presuntos delitos contra la Seguridad Social, Hacienda Pública, fraude de subvenciones, delito societario, falsedad documental, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y malversación de caudales públicos que se sospecha que podrían haber incurrido los imputados (ahora llamados investigados), el ministerio pide a las partes declarar la instrucción compleja.

En el escrito firmado por la fiscal Carmen Martín Aragón, al que ha tenido acceso Crónica Global, se pone de relevancia la ingente cantidad de documentación que se debe analizar antes de concluir la investigación.

65.000 movimientos bancarios

De hecho, los propios Mossos d’Esquadra señalaron el pasado 26 de febrero en un informe que aún “queda pendiente de estudio más de 65.000 movimientos bancarios” y que se debe “solicitar información adicional según el resultado de la ya obtenida” y “tomar declaración a alguna de las personas relacionadas con el sindicato”. Sin ello, no se podrá “cuantificar el perjuicio ocasionado”.

También está pendiente de instrucción la documentación que la Agencia Tributaria entregó a la causa. Por todo ello, el Ministerio Público reconoce que “no es previsible que se pueda concluir [la investigación] en el tiempo que resta para la finalización de los seis meses que establece el artículo 324.1 de la LECrim”.

Causa iniciada en 2011

Las partes personadas en la instrucción deberán ahora presentar las alegaciones que consideren oportunas para dar luz verde a dilatar la instrucción o presionan a fiscalía para que presente su informe preceptivo lo antes posible. Fuentes implicadas en la causa consideran que el ministerio no tendrá problemas en sacar adelante la declaración de instrucción compleja.

El caso Astrea, el nombre con el que ha sido bautizada la causa, se inició en 2011 a raíz de una denuncia ante Inspección Laboral por parte de uno de los tres trabajadores del sindicato catalán que decidieron recurrir a los tribunales. Solicitaron en varias ocasiones ver las cuentas de USOC, ya que la dirección aseguraba que estaba en pérdida pero se negaban de forma continuada a mostrar la contabilidad.

De Antifraude a la justicia ordinaria

A partir de allí, y tras perder el empleo al negarse, según su relato ante la justicia, a acogerse a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal y proseguir con su empleo habitual, recurrieron primero ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y después ante la justicia ordinaria. La institución dirigida por Daniel de Alfonso se inhibió del caso al no ser competente en junio de 2013.

La actual ejecutiva de USOC, encabezada por María Recuero (también imputada), ha reiterado al conocer el escrito de fiscalía su oferta para colaborar con el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona para “esclarecer cualquier duda”.

De 40 a nueve imputados

Asimismo, considera que la organización ha cumplido “con todas sus obligaciones fiscales, tributarias y laborales de sus trabajadores y ha hecho buen uso de los fondos públicos” que ha recibido a lo largo de los años.

Recuerda que de las 40 personas que inicialmente se les avisó de que habían sido investigadas en el marco de la instrucción en el nuevo escrito de Fiscalía solo aparecen nueve nombres, los de la antigua cúpula en pleno y la nueva líder de la USOC.

Dimisión de la cúpula en 2013

El caso Astrea propició la dimisión en bloque de la cúpula del sindicato en diciembre de 2013: la secretaria general durante 15 años, Antonia Gil, y su marido y responsable de la cooperativa de vivienda de la organización, Paco Giménez. Fueron sustituidos por una gestora encabezada por Recuero.