Acciona, en vilo por la presunta nacionalización de ATLL

Los problemas de Acciona con la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la gestora de agua que da servicio a Barcelona y su ámbito de influencia (4,9 millones de habitantes), se remontan a seis días después de que se firmar el contrato, el 27 de diciembre de 2012. Fue la primera ocasión en que un tribunal, el Oarcc, invalidó la adjudicación y hasta la fecha litiga de la mano de la Generalitat para demostrar lo contrario. Por el momento, sin éxito. Pero nunca antes estuvo tan cerca de la nacionalización --lo pide la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau-- ni la empresa de los Entrecanales tan expuesta a su negocio catalán, del que depende buena parte de su cuenta de resultados, lo que ha suscitado la inquietud en medios bursátiles.

El futuro de la concesión está más que nunca en el aire y coincide en un momento en el que los beneficios del negocio de Acciona dependen también de mantener el contrato. Consolidar ATLL en la cuenta de resultados tras la compra de la participación de BTG Pactual, socio financiero al principio de la concesión, compensó el impacto de la caída de los precios de la electricidad por la crisis que viven todas las utilities del mundo tras el batacazo del precio del petróleo.

Segundo agujero en las cuentas

El lastre del coste energético llegó en un momento en el que los Entrecanales empezaban a digerir el fin de las ayudas públicas a las renovables, el primer gran agujero en sus cuentas.

Si Acciona quiere mantener los beneficios del primer trimestre, que alcanzaron los 49 millones netos (el 17,4% más que el mismo periodo del año anterior), necesita que el 80% de la propiedad de ATLL Concesionaria de la Generalitat continúe en el perímetro de la compañía.

El principal problema para la multinacional de los Entrecanales se encuentra en el equilibrio de poderes en el Gobierno catalán. Cuándo se lanzó a la batalla legal para demostrar que la concesión del servicio se había realizado con la máxima pulcritud administrativa lo hizo de la mano de CiU. Pero la realidad política catalana de principio de 2013 y la de mayo de 2016 se parecen poco.

Oposición de ERC y la CUP

CiU se ha roto; CDC, el gran aval del gigante con sede en Madrid, en la cuerda floja y con cada vez menos apoyos ciudadanos. La clave de la gobernabilidad pasa por ERC y la CUP, dos partidos que nunca han sido partidarios de la privatización de ATLL.

Los independentistas apoyaron el periplo judicial al comprar el argumento del Gobierno --desestimado en los tribunales-- de que rescindir la concesión dejaba las finanzas catalanas al límite porque no tenían recursos para hacer frente a la retribución económica que debía recibir el concesionario, calculada en 326 millones por el ex consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

Resolver sin indemnizar

Pero el informe de la Oficina Antifraude de Cataluña avanzado por Crónica Global cambió el tablero de juego, ya que señaló irregularidades en la gestión de ATLL --una facturación cruzada que desviaba 12 millones a empresas del grupo Acciona al subcontratar servicios sin el permiso de la Generalitat-- que permiten anular el contrato sin indemnización.

El Gobierno de Carles Puigdemont decretó una multa de algo más de cuatro millones que ha sabido a poco tanto a ERC como a la CUP, que empiezan a revolverse contra la decisión. Y en este escenario CDC está en minoría. El resto del Parlament apoya anular la polémica concesión, cuyos errores en la licitación han salido a la luz en el TSJC y el Tribunal Supremo en el ámbito del litigio por mantener a Acciona en la concesión como medida cautelar y en el Alto Tribunal después al analizar todo el concurso público.

Anulación de la adjudicación hace un año

De hecho, el TSJC decidió anular directamente todo el proceso de adjudicación el verano pasado por las incongruencias en la interpretación de los pliegos de condiciones que se hicieron a los dos licitantes, Acciona y Agbar. Consideró que se había vulnerado el principio de igualdad y libre concurrencia y que por ello procedía a anular el proceso desde el momento en el que se entregaron las ofertas.

La Generalitat y Acciona presentaron recurso de casación al Supremo, que aún dispone de meses para valorar de nuevo la guerra del agua en Cataluña. No se fue más allá porque en abril de 2015 una nueva mesa de contratación que analizó las resoluciones judiciales del proceso le otorgó una concesión provisional hasta que no terminara el periplo judicial. 

Algo poco habitual en la contratación pública a lo que se le une las “irregularidades graves” que decretó Antifraude por cómo se gestionó ATLL. Accionistas e inversores siguen con inusitado interés la cuestión pues de ella dependerá, en buena parte, los fundamentales de la compañía de los Entrecanales y, en consecuencia, su cotización bursátil.