La Generalitat estudia resolver el contrato de Acciona en ATLL

En silencio, con discreción, pero sin pausa política. Esa es la consigna con el caso. El equipo gubernamental que encabeza el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sopesa cancelar el contrato de suministro de agua que se le adjudicó a Acciona y que puso Aigües Ter-Llobregat (ATLL) en manos del holding de la familia Entrecanales. Finalizar esa relación contractual es la opción que gana más adeptos en el seno de Ejecutivo catalán tras evaluar cada una de las posibilidades para resolver un entuerto ("un verdadero marrón", en palabras de un alto cargo) heredado de la presidencia de Artur Mas.

Tanto la Consejería de Territorio, que lidera el convergente Josep Rull, como la vicepresidencia económica, en manos del republicano Oriol Junqueras, son las dos áreas del Govern más afectadas por el contencioso que se desencadenó tras la privatización de las aguas catalanas a finales de 2012 y las que han iniciado los estudios para su resolución.

Extensa pugna jurídica

La Generalitat puso en marcha la mayor privatización realizada jamás en Cataluña, que se ratificó con un gobierno provisional que delegó al secretario de Territorio de ese momento, Pau Villòria, la firma definitiva.

El concurso dirimía quién se ocuparía del suministro de agua en alta en Barcelona y su ámbito de influencia, ofrecer el servicio desde los ríos u otro lugar de captación del recurso hasta la cabecera de los municipios catalanes. Se trata de una distribución que pasa desapercibida para el ciudadano-usuario pero que resulta imprescindible para garantizar el abastecimiento a 4,5 millones de personas.

Sólo dos empresas optaron al concurso, la que resultó adjudicataria (Acciona) y la que ha puesto todo su empeño en demostrar que se vulneraron las reglas (Agbar). Los tribunales han dado de forma reiterada la razón a la empresa barcelonesa participada por Suez y La Caixa (el grupo bancario de forma indirecta). Tras perder todas las batallas judiciales, la Generalitat está pendiente de la última resolución, en manos del Tribunal Supremo, jurisdicción a la que se ha recurrido para finiquitar la pugna jurídica.

Sólo dos empresas optaron al concurso, la que resultó adjudicataria (

La sentencia del Supremo es el límite

La Generalitat tiene claro a estas alturas que el Alto Tribunal fallará en un sentido similar a las audiencias y tribunales superiores que se han pronunciado hasta la fecha. De hecho, ya recibió un severo correctivo por la misma sala que valora ahora el proceso de adjudicación de ATLL al denegarle como medida cautelar mantener el contrato vigente con el consorcio liderado por Acciona.

Si el Supremo cancela el contrato y fuerza que se ejecute su resolución, la administración catalana se verá en la obligación de indemnizar al adjudicatario (Acciona) con una cifra millonaria y después determinar qué hace con esa actividad: prestarla directamente o insistir en la privatización.

Informe de Antifraude

Tanto Junqueras como Rull han puesto a sus equipos a trabajar para conocer cómo puede resolverse ese asunto de la manera menos costosa en términos económicos y políticos.

En medio de tal impasse, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) remitió a ambos departamentos un informe en el que ponía de manifiesto que Acciona cometía irregularidades por subcontratación no consentida. La investigación del órgano que lucha contra la corrupción vinculada al sector público ha sido remitido a la fiscalía al apreciarse indicios de ilícitos legales.

Antifraude irrumpe en el conflicto

Con el informe de la OAC en la mano, la Generalitat puede resolver el contrato y ahorrarse las reclamaciones que Acciona plantearía por lucro cesante, beneficio industrial no conseguido y el propio canon de acceso pagado. Las estimaciones son diversas, pero en las primeras aproximaciones que tienen Junqueras y Rull sobre sus mesas se habla de un coste de entre 1.000 y 2.500 millones de euros para las arcas públicas. Una estimación que supera la primera que hizo el ex consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en el Parlament, cuando fijó la indemnización en 326 millones.

Con el informe de la OAC en la mano, la

La decisión, en cualquier caso, debe adoptarse antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie para que resulte gratuita para la Generalitat. Antes de esa sentencia, Acciona debería conformarse con el retorno del canon que pagó por hacerse cargo de la concesión (295 millones) y el Ejecutivo catalán quedaría exento de cualquier otro tipo de reclamación. El informe de Antifraude es contundente en diferentes aspectos sobre la actuación de Acciona desde que es proveedor de la Generalitat. Se relatan operaciones irregulares, así como falta de atención a la propia normativa de la concesión.

Los intereses de CDC, ERC y la CUP no coinciden

La decisión última de la Generalitat sobre este contencioso enquistado se producirá en breve, según señalan altos cargos vinculados a su resolución. Algunos de los políticos que se han visto implicados en la fallida privatización son conscientes de que esta actuación puede ser una las medidas administrativas más importantes que adopten durante su mandato, lo que les ha llevado a intentar calcular con minuciosidad todas las derivaciones que pueda tener.

Por si todas esas cuestiones de carácter administrativo fueran insuficientes, en el asunto emerge también la cuestión de perfil ideológico. CDC ha defendido, sin demasiada convicción, la actuación de sus gestores en la privatización y en especial la del ex presidente Artur Mas. ERC, sin embargo, que también forma parte del equipo gubernamental, se siente menos vinculada con la actuación anterior de Mas. En última instancia, la CUP, el apoyo parlamentario de Junts pel Sí, se ha mostrado siempre partidaria de revertir la privatización de las aguas.