Todas las miradas del 'caso ATLL' se centran en Joan Pinyol

El informe de la Oficina Antifrau de Catalunya que relata las irregularidades de Acciona en la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) no sólo incrementa la presión al gobierno de Carles Puigdemont para resolver la concesión sin indemnizar a la coconcesionaria, sino que también señala a los responsables de dejar vía libre al grupo de los Entrecanales en la antigua empresa pública.

Antifraude afirma que la Generalitat no fiscalizó correctamente al operador privado desde el consejo de administración. En un momento en el que se buscan culpables, todas las miradas se centran en el ex gerente de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Joan Pinyol, que ahora es el responsable de medio ambiente en el Àrea Metropolitana de Barcelona.

Como gerente de la ACA era vocal del consejo de administración de ATLL desde el día en el que se privatizó. La concesión dejaba claro que la Generalitat tiene derecho a “designar a un representante permanente” en el órgano directivo de ATLL que “puede intervenir con voz pero sin voto en las reuniones”.

Primera reunión

Acciona debería haber convocado a Pinyol a la primera reunión del consejo, pero Antifraude solo constata que no asistió. Se celebró 14 días antes de que los Entrecanales firmaran el contrato.

Tampoco se personó en los tres encuentros siguientes, que fueron convocados en otro momento de máxima tensión. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (la antigua Oarcc) había excluido a Acciona del proceso de adjudicación porque su oferta no cumplía los requisitos del pliego de condiciones. La Oarcc tenía tan sólo medio año de vida y era la primera resolución con la que debía lidiar la Generalitat.

Guerra del agua en Cataluña

El contrato estuvo en el aire hasta que el gobierno de Artur Mas decidió no ejecutar la sentencia y presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). También solicitó una medida cautelar para mantener sin alterar el contrato que acababa de firmar que fue rechazada por el alto tribunal primero y por el Tribunal Supremo después.

El verano pasado, además, el TSJC ratificó a la Oarcc y anuló directamente el concurso público de ATLL, aunque el Govern tampoco revocó el contrato con Acciona. La Generalitat asegura que antes de tomar ninguna decisión se debe esperar a que el Supremo, el máximo tribunal del Estado, responda al último recurso que podía presentar para salvar la concesión.

Eso es la guerra del agua, un proceso judicial al margen de las irregularidades señaladas por la fiscalía.

Subcontratación de operaciones

El consejo de administración de ATLL se reunió por segunda vez cuatro días después de que la Oarcc publicase su resolución, el día de Reyes de 2013. Pinyol tampoco estuvo presente en ese comité y se saltó los debates posteriores, que tuvieron lugar el 25 y el 28 de enero.

La reunión de este último día es clave. Fue la primera ocasión en que los directivos de ATLL dieron luz verde a subcontratar operaciones y servicios de mantenimiento del grupo con otras empresas participadas por Acciona, el origen del fraude en la facturación cruzada que Antifraude ha denunciado ante la Fiscalía Superior de Cataluña.

El ACA conoció las operaciones cruzadas en 2014

La cúpula de ATLL se sentó otras cinco veces a lo largo de 2013 y la Generalitat estuvo representada en cuatro ocasiones. En ninguna de las sesiones se habló de los servicios subcontratados.

Sí que ofreció información sobre estas operaciones en tres de las dos reuniones que tuvieron lugar en el primer trimestre de 2014. Pinyol estuvo presente en una de ellas, la del 26 de febrero. Antifraude considera que el ACA era consciente desde ese momento de los tejemanejes de los Entrecanales.

Moxó, sustituto de Pinyol

El gerente del ACA pasó el testigo a Diego Moxó, un directivo del ACA con un perfil técnico en abril de 2014. Pinyol se mudó al Institut Català del Sòl (Incasòl) con un cargo de la misma responsabilidad.

El nuevo gerente del ACA fue más activo que su predecesor a la hora de fiscalizar a la dirección de ATLL: al menos, participó en cuatro de los cinco encuentros celebrados entre 2014 y 2015. En uno de ellos, la cúpula de la empresa privatizada tomó decisiones sobre los servicios sancionados por Antifrau.

Permisividad del Govern

El gobierno catalán desconoce si fue en ese momento cuando la ACA pidió a Faura Casas que auditara de nuevo las cuentas de ATLL de 2013 y 2014, que contaban con el visto bueno de Deloitte.

El presidente de la empresa pública, Jordi Agustí, afirmó a Antifrau que él supo de las irregularidades que tenían lugar en el grupo privatizado el 17 de febrero de 2015, cuando recibió el borrador de la segunda auditoría y lo remitió a la Agencia Tributaria de Catalunya para que tomara las decisiones oportunas. En ningún momento se planteó recurrir a los tribunales para exigir responsabilidades a Acciona.

Antifrau pone en duda este relato y abre dos escenarios posibles: o el presidente de la ACA mintió en su declaración por escrito o Pinyol escondió información a sus superiores.

Pinyol, presente en la adjudicación de ATLL

Cabe tener en cuenta que Agustí no aterrizó en la empresa pública hasta el 30 de abril de 2013. Sustituyó a Leonard Carcolé cuando la guerra del agua ya había comenzado y delegó buena parte de la gestión de este tema a su gerente.

Pinyol había participado en la elaboración del pliego de condiciones de la privatización de ATLL --es el ideólogo del apartado económico del contrato--, conocía de primera mano las valoraciones de la primera mesa de contratación que adjudicó el contrato y hacía medio año que había sido designado representante de la Generalitat en el consejo de administración de ATLL. Ahora, su papel en la polémica privatización es criticado incluso por miembros del Govern que se muestran críticos con la gestión de la guerra del agua.