Mas deberá pagar 326 millones para echar a Acciona del negocio catalán del agua

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, aceptó este miércoles que la Generalitat deberá pagar 326 millones de euros a Acciona si le rescinde el contrato de gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), tal y como le marca el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una resolución de finales de junio.

Esta cantidad contempla el retorno del primer pago realizado en la firma del contrato (casi 300 millones), las obras realizadas (entre cuatro y cinco millones) y los intereses legales meritados, tal y como explicó el responsable de las finanzas catalanas ante la comisión de economía y finanzas del Parlament.

Nuevos recursos

La factura final de la guerra del agua podría incrementarse. El Gobierno de Artur Mas no tiene en cuenta en este cálculo el cánon anual que ha desembolsado el grupo presidido por los Entrecanales para gestionar el agua en alta (el servicio desde el lugar de captación del recurso hasta los depósitos de cabecera de los municipios). “Se ha usado en un negocio que funciona, no se debe devolver”, justificó

Mas-Colell añadió que la rescisión del contrato con Acciona les aboca a un “nuevo proceso de alegaciones judiciales” sobre los daños y perjuicios que debería pagar, ya que los Entrecanales y sus socios (el banco brasileño BTG Pactual y un grupo de minoritarios encabezado por los Godia- Torreblanca y la familia Rodés) piden más de lo previsto.

Sin sentencia firme

Para defender el papel del Govern, que ha mantenido a Acciona al frente del servicio desde la primera resolución negativa a la concesión, que data de enero de 2012 (ha habido otras del TSJC y del Tribunal Supremo), Mas-Colell aseguró que ninguna instancia judicial ha obligado a rectificar el concurso. Justificó que la legislación española sobre el sector público “garantiza el mantenimiento de la prestación del servicio mientras no exista una sentencia en firme”.

Para el Ejecutivo, ésta no ha llegado. Mas-Colell explicó ante la comisión los argumentos del recurso de casación que la Generalitat, Acciona y BTG Pactual han presentado ante el Tribunal Supremo.

Argumentos ante el Tribunal Supremo

La Generalitat defiende que el TSJC no ha anulado el proceso, sino que critica al primer tribunal que tomó una decisión contraria a sus intenciones (la OARCC, el actual Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público) por extralimitarse en sus funciones al excluir a Acciona de la licitación al no cumplir con los pliegues de condiciones. Asimismo, asegura que el proceso de contratación nunca se ha ido en contra de los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia.

La oposición, incluso su socio, ERC, cargó duramente contra el consejero por dar “una clase de derecho procesal”, en palabras del diputado republicano Marc Sanglas, que no se ajusta a la realidad. “El problema es que usted nos quiere hacer creer que el TSJC les da la razón y no es así, anula el concurso desde el inicio”, remarcó el Jordi Terrades, portavoz del PSC en la comisión.