Cristóbal Montoro da por finiquitado el fondo de reserva de las pensiones

Después de que el fondo de reserva de las pensiones haya perdido un 38% de su caudal en tres años y lleve camino de agotarse, el Gobierno del PP anuncia su propósito de garantizar el pago de las pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado. Es lo que técnicamente se llama separación de las fuentes de financiación, pero tiene un gran fondo político.

De hecho, Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, ha dado por finiquitado el fondo, del que la Seguridad Social volverá a extraer 6.283 millones el año próximo para atender el pago de las pensiones.

Como las pensiones de viudedad

En su defensa de los Presupuestos de 2016, el ministro ha anunciado la voluntad de que el Pacto de Toledo discuta este asunto. Es lo mismo que hace unos días defendió el secretario de Estado de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad y las de orfandad.

Curiosamente, el Ministerio de Hacienda ha omitido esta parte de su discurso de ayer ante el pleno del Congreso en el comunicado que colgó en su web oficial.

Unos 30.000 millones

Para el año próximo, el fondo tendrá unos 30.000 millones, menos de la mitad que cuando Rajoy asumió la presidencia del Gobierno. Año tras año, la reserva ha ido disminuyendo, algo que la ley preveía para cuando se produjera un “déficit estructural” de las cuentas de la Seguridad Social.

El déficit apareció en 2008, lo que habría justificado su utilización, pero entonces no se hizo. El Gobierno del PP modificó la parte de la ley que limitaba la disponibilidad a 3.000 millones anuales. Y el primer año que echó mano de las reservas, en 2012, lo hizo por un importe de 7.000 millones.

Al ritmo que llevan las extracciones, en el plazo de tres años no habrá fondo. Podría incrementar sus recursos si la situación económica cambiase de forma radical, pero es poco previsible, máxime con las bajas cotizaciones sociales que conllevan los contratos de los nuevos empleos.

El artículo 135 de la Constitución

El dilema está en que en el momento en que los Presupuestos Generales se hagan cargo del pago de las pensiones, éstas se verán sometidas a lo que dicta el artículo 135 de la Constitución, modificado entre el PSOE y el PP en septiembre de 2011, y que establece el déficit cero para las cuentas públicas.  

En el caso de que finalmente se dé un paso de esa trascendencia, lo más probable es que Hacienda tenga que crear nuevos impuestos finalistas destinados a financiar este capítulo, liberando así a las empresas de la parte de las cotizaciones sociales que cubren las prestaciones de jubilación.