Ascienden a 400 los participantes identificados de la 'rave' de Llinars del Vallès

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Llinars del Vallès han identificado a cerca de 400 asistentes a la rave de este municipio barcelonés, una fiesta ilegal que operó durante 36 horas sin medidas antipandémicas. Es el balance de la actuación policial, que nutrirá una causa judicial en la que comparecerá como acusación particular la patronal de ocio nocturno Fecalon. El procedimiento, que pilota el Juzgado de Instrucción 1 de Granollers, se centrará en la presunta desobediencia de los organizadores. 

Lo han explicado fuentes cercanas al proceso, que han alertado de que los 400 participantes en la parranda ilegal por Nochevieja "estuvieron deambulando por toda Cataluña sin ser molestados" durante días. Todo ello, en pleno confinamiento comarcal, toque de queda nocturno y en nivel 4 de alerta antiterrorista en España. 

Embisten a la policía

Las medidas de control pandémico y de seguridad no amedrentaron a los ravers. Se concentraron en las áreas de servicio de Hostalric y Granollers, en Girona y Barcelona, antes de abordar el allanamiento de la nave industrial. Ocurrió el 31 de diciembre, horas antes del cambio de año. 

Por la noche y cuando entraban en la zona, los camiones y autocaravanas amenazaron con atropellar a la policía de Llinars. En paralelo, algunos fiesteros montaron el equipo de sonido, que era de altas prestaciones. "Ya había un ilícito penal flagrante desde el 31 de diciembre. Y, sin embargo, nadie desalojó", han explicado fuentes policiales.

¿Qué hizo Sàmper el 1 de enero?

De hecho, los Mossos d'Esquadra estaban preparados desde el 1 de enero para vaciar la fiesta ilegal. La operación policial tomó forma durante ese día, jornada durante la cual creció la indignación con el Govern en las redes sociales. Se produjeron llamadas entre consejerías, incluida la de Interior, que pilota Miquel Sàmper (Junts). Sàmper no vio clara o no avaló la operación. Sí lo haría el día 2 a las 12.15.

Ya fue tarde. Y mal, porque no se podía obligar a los participantes a someterse a un test PCR, recordó el Departamento de Salud. De hecho, la inexistencia de pruebas de detección deshinchará la anunciada causa penal por delito contra la salud pública. Si no hay infectados, no hay supuesto ilícito penal. La juez del Juzgado número 1 de Granollers ha ordenado nuevas diligencias, que se centran en la desobediencia grave.