El Eixample
Piden hasta nueve años de cárcel a un grupo criminal por convertir pisos alquilados en apartamentos turísticos
- Los acusados dejaban de pagar a los caseros reales y les impedían el acceso a sus viviendas, ubicadas en Barcelona
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La Fiscalía pide penas de hasta nueve años de prisión para diez acusados de formar un grupo criminal dedicado a alquilar viviendas en Barcelona para después reconvertirlas en apartamentos turísticos o en pisos compartidos, mientras dejaban de pagar a los caseros y les impedían el acceso a los mismos.
En un juicio que ha comenzado este lunes en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, que se ha trasladado para celebrar esta vista oral a una sala de la Ciudad de la Justicia, el ministerio público pide penas de prisión para cada uno de ellos que oscilan entre los tres años y medio y los nueve años de cárcel.
Estafa y extorsiones
El fiscal acusa a los diez procesados de varios delitos, como pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad en documento mercantil, extorsiones o coacciones, y espera a la ejecución de sentencia para fijar la cuantía de la indemnización destinada a resarcir a los propietarios de las viviendas.
No obstante, la suma de los perjuicios generados tanto por las mensualidades no abonadas a los dueños como por los daños causados con las obras de los inmuebles que luego eran usados como apartamentos turísticos o pisos compartidos supera provisionalmente los 600.000 euros.
Falsedad documental y obras sin permiso
En la primera sesión del juicio, que está previsto que dure dos semanas, se han llevado a cabo únicamente las cuestiones previas, donde las defensas han pedido que sus representados declaren en último lugar, una vez practicada toda la prueba.
Además, tanto la Fiscalía como algunos letrados defensores han presentado como prueba dos sentencias por hechos ya juzgados relacionados con esta causa.
Según el escrito de acusación, los diez procesados, entre los años 2017 y 2020, alquilaron varios pisos en la capital catalana con documentación falsa para acreditar una supuesta solvencia económica y, una vez en su poder, comenzaron a llevar a cabo obras sin permiso ni conocimiento de los arrendadores.
Clima de terror
El ministerio público sostiene que, habiendo abonado en algunos casos únicamente la fianza y la primera o segunda mensualidad, dejaban de pagar las cuantías correspondientes a los dueños, quienes tampoco podían acceder a sus viviendas al haber sido ocupadas por los subarrendatarios.
El grupo de acusados, prosigue el escrito, comenzó a publicitar las viviendas en la página de Airbnb, así como en otras webs inmobiliarias conocidas, pese a que no contaban con la licencia necesaria para llevar a cabo la actividad de alojamiento turístico.
Los acusados crearon "un clima de terror y miedo en los propietarios", para amedrentarles cuando éstos acudían a la vivienda alertados por los vecinos, que les informaban de un elevado número de personas que entraban y salían del piso, con las molestias que esto generaba, según la Fiscalía.
Amenazas a los propietarios
Según la acusación pública, cuando los acusados veían a los propietarios través de cámaras de videovigilancia que habían instalado en las puertas de los domicilios, se presentaban en el inmueble y les amenazaban, bien con hacerles algún daño o con llamar a las fuerzas policiales.
La Fiscalía sitúa como cabecillas del presunto grupo criminal a un padre y su hijo, acusados de gestionar el alquiler de los inmuebles desde una sociedad mercantil, y se encargaban de dar indicaciones al resto de procesados.
Uno de estos dos acusados también constaba como arrendatario de algunos de los pisos usurpados, y se encargaba en ocasiones de cobrar directamente a los subarrendatarios, una vez ya habían preparado los pisos para su actividad ilícita, según el fiscal.
Reconversión de la vivienda
Asimismo, señala a una acusada que ejercía como administradora única de otra sociedad mercantil, que adquirió junto a su marido -también procesado- que aparece en la documentación presentada en los contratos de trabajo de otros miembros de la presunta trama que se usaron para alquilar las viviendas, detalla el escrito.
El ministerio público también explica que el grupo utilizaba otras sociedades mercantiles para aparentar que los domicilios arrendados eran de su propiedad, pese a que ninguna de ellas llevaba a cabo ninguna actividad económica real.
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Por otro lado, el escrito señala a otros procesados como los titulares de los contratos de arrendamiento de los pisos, que luego reconvertían en otro tipo de alojamiento.
El padre y su hijo, junto con otras dos acusadas, fueron los mayores benefactores económicos de la presunta trama, detalla el ministerio público.
El juicio está previsto que continúe mañana martes a las 10:00 horas con las testificales de los agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional.
