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José Luis Ábalos, ministro de Fomento; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad / CG

Todos quieren mandar sobre el taxi, pero nadie quiere asumir el coste

El conflicto en el sector del transporte ha evidenciado cómo las diferentes administraciones se desentienden de sus responsabilidades a la hora de abordar una problemática de difícil solución

22.01.2019 00:00 h.
9 min

El conflicto desatado por el sector del taxi ha dejado al desnudo uno de los mayores defectos de las administraciones y partidos políticos. Tras la convocatoria de la huelga indefinida por parte de los taxistas el pasado viernes, todos los actores políticos implicados coinciden a la hora de descargar responsabilidades sobre otras administraciones.

Las palabras de ayer del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ilustraban a la perfección esta práctica tan extendida dentro de la política española: "Las bases están puestas y la transferencia es autonómica", se limitó a decir el ministro, que recordó que son los gobiernos autonómicos los que deben regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Con estas declaraciones, el socialista no aportaba ninguna novedad y se desentendía de la problemática: se remitía al Real Decreto 13/2018 impulsado por su ministerio el pasado verano. La ley estatal pasaba la patata caliente a gobiernos autonómicos y locales, que en su día bregaron por tener competencias en este ámbito. Con el decreto, Fomento dio por zanjada la anterior huelga indefinida del sector, aunque ahora ha revivido --si cabe-- con mayor virulencia, tal y como se pronosticó en aquel momento.

Colau se desentiende

Los taxistas se calmaron entonces. Volvieron a sus puestos de trabajo y garantizaron la paz social en las calles de Barcelona, cuyo monopolio de la interrupción lo ostentan los independentistas. El sindicato que ejerce de vanguardia de las protestas del colectivo, Élite Taxi, respiraba tranquilo al saber que, con el decreto, eran las administraciones locales y autonómicas quienes tendrían la sartén por el mango.

Pero la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha desentendido del conflicto a nivel competencial. Cuando opina sobre el entuerto, recuerda que aprobó el Reglamento de las VTC desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que restringía la actividad de estas plataformas. Un hecho que nunca llegó a consumarse, ya que dicho reglamento fue suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al considerar que invadía competencias del Estado.

Reproches hacia Calvet

Ahora la alcaldesa hace gala de ese reglamento suspendido y dice que la competencia recae sobre la Generalitat. Además, no lo ha hecho de forma elegante, sino que ha acusado al consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, de "generar un incendio" en el sector del taxi con su propuesta para la precontratación de los vehículos VTC. Según la alcaldesa, entre las 24 horas que solicitaban los taxistas para la precontratación y los 15 minutos de la propuesta de la Generalitat, "es evidente que hay una vía intermedia de como mínimo, una hora".

Con estas declaraciones, Colau se alinea con las reivindicaciones de los taxistas. Pero hasta ahora ha concretado más bien poco sobre esta cuestión. Su única propuesta se ha limitado a ofrecer a la Generalitat el asesoramiento de los expertos del AMB. Quizá los mismos técnicos que diseñaron el reglamento que acabó en suspensión.

Dificultades de los ayuntamientos

Marc Tarrés, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de la Universitat de Barcelona (UB) cree que cualquier regulación que parta desde un ente local "corre más riesgo de que sea tumbada a través de un tribunal contencioso-administrativo". De hecho, otros ayuntamientos han fracasado en su intento de limitar la actividad de las VTC en sus ciudades tras la aprobación del Real Decreto 13/2018. Córdoba y Granada han visto como la justicia bloqueaba sus normas como sucedió con el AMB. El profesor y experto en VTC asegura que el Decreto 13/2018 no sienta las bases necesarias para que un ayuntamiento legisle sobre esta materia, por lo que cree que "la pelota ahora está encima del tejado de la Generalitat". 

Por su parte, el Govern, después de mover ficha de forma infructuosa, ha decidido recular. Tras el fracaso del borrador del decreto ley que regula los VTC, el conseller de Territorio reconoció ayer que congelará temporalmente el decreto. También recordó que la propuesta de decreto ley de la Generalitat incluye que ayuntamientos y entes supramunicipales puedan incrementar --por vía reglamentaria-- el tiempo mínimo de precontratación de los VTC. Un aviso para Colau, que podría ser la siguiente en tener que lidiar directamente con la regulación de este polémico sector.

Concesiones de la Generalitat

Aun así, Calvet asegura que su departamento tiene la voluntad de legislar lo más rápido posible, pero que lo quiere hacer "sin chantajes, manifestaciones, ocupaciones de la vía pública y violencia". Un brindis al sol en toda regla tratándose del colectivo de taxistas, cuya última amenaza reside en boicotear el Mobile World Congress (MWC). Es decir, en poco más de un mes.

Frente a este escenario, se espera que la Generalitat ceda a las exigencias de los taxistas, algo ya ha hecho en los últimos días. El pasado fin de semana, en un intento desesperado de acabar con la huelga, el ejecutivo catalán ofreció a los taxistas ampliar el tiempo de precontratación a las tres horas. Una propuesta rechazada por los trabajadores, que no dan su brazo a torcer.

Colectivo numeroso

Resulta, pues, una incógnita saber cómo va a desencallar este embrollo el gobierno catalán. Cabe recordar que la Generalitat exigió, de forma reiterada, el traspaso de las competencias del taxi al gobierno español. A finales de julio, la consellera Elsa Artadi criticaba la "dejadez" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el sector y le acusaba de ser el responsable de la huelga indefinida del pasado verano.

En ese momento, sin responsabilidades en la materia, el gobierno catalán se aventuraba a granjearse el apoyo de un sector que emplea a decenas de miles personas en España y que ha demostrado tener un fuerte componente corporativista. Solo en el Área Metropolitana de Barcelona hay 10.521 licencias para taxis, la mayoría de las cuales están operadas por autónomos con una única licencia (9.343), según datos del Institut Metropolità del Taxi. Una suculenta bolsa de votantes irresisitible para los partidos políticos, aunque luego demuestren ser incapaces de gestionar el conflicto desde el poder.

Amigos y enemigos del taxi

En esta segunda batalla del gremio, Élite Taxi ya ha marcado quiénes son sus actuales amigos y enemigos políticos: "La Generalitat es el enemigo de la clase trabajadora y el amigo de los lobbies. Nuestro sector ya no distingue entre PP, Ciudadanos, PDeCAT y ERC", rezaba un contundente comunicado del sindicato de este lunes.

En el mismo texto, los vanguardistas de la guerra del taxi agradecían "a la alcaldesa Ada Colau que este defendiendo a la clase trabajadora de su ciudad, por encima de las multinacionales extractivas, al AMB por su esfuerzo continuado, al PSC que ha dado la cara por el sector del Taxi los últimos días, a los Comunes que no han dejado de darla nunca y a la CUP que no le ha temblado el pulso para hablar claro y directo en las redes y señalar a aquellos que llamándose izquierda abandonan y traicionan a la clase trabajadora en Cataluña". Una percepción que puede cambiar en cuestión de segundos si la Generalitat decide imitar al Estado y transferir las competencias a los municipios. En ese caso, podría repetirse el mismo escenario, con la notable diferencia de que ya no queda nadie más en quien delegar la responsabilidad. 

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