Las cinco puñaladas que prepara Colau contra Uber y Cabify

Cinco reveses, y puede que sean más. La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, ultima un repóker de medidas draconianas para cerrar el paso a plataformas como Uber y Cabify. Lo hará con un reglamento metropolitano que desarrollará el decreto ley de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante los vehículos de transporte con conductor (VTC) aprobado ayer por el Gobierno catalán, y que se prevé que genere despidos masivos y una posible fuga de operadores en el territorio.

Ajena a ese impacto económico, Colau aprovechará la asistencia que le brindó ayer el consejero catalán de Territorio y Movilidad, Damià Calvet, para pasar cuentas y vengarse de las tecnológicas con un segundo reglamento metropolitano, pues el primero se lo suspendió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en julio de 2018. Se prevé que este nuevo texto sea durísimo con el sector de las intermediarias de transporte. Ya escrito y preparado a conciencia por los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona, pretende ser invulnerable a los recursos que, con toda seguridad, presentarán las autoridades de competencia, las empresas y la patronal de empresas VTC Unauto. ¿Su aprobación? En el pleno del AMB de marzo, una vez Colau haya ahorrado, de nuevo, al Mobile World Congress (MWC) una huelga de taxis. Si luego paga el consumidor o el TSJC vuelve a tumbar el reglamento ya se verá quién da la cara, pues las elecciones municipales estarán a la vuelta de la esquina.

Tarifas, festivos y revisiones...

Según fuentes internas del AMB que han preferido no revelar su nombre, el reglamento de Colau impondrá, tal y como se prevé, la precontratación de una hora. Pero también un férreo control sobre los precios de Uber y Cabify. Al no poderse cargar de un plumazo las llamadas tarifas dinámicas o reguladas por la demanda, les exigirá máxima transparencia. Ello lo hará con una suerte de minutaje: tanta demanda equivale a tanto precio por kilómetro o trayecto. Así, sin intervenir directamente las tarifas de las plataformas, el AMB sí controlará fuertemente los precios del sector, de forma no directa como en el sector del taxi --cuyos taxímetros reflejan lo pactado anualmente por el Instituto Metropolitano del Taxi (Imet)--, pero sí con la máxima fuerza disponible de que dispone sin quebrantar la ley.

Un coche de Uber aparcado frente a la Torre Glòries de Barcelona / Uber

Un coche de Uber aparcado frente a la Torre Glòries de Barcelona / Uber

Por el otro, el gobierno metropolitano de Entesa (Barcelona en Comú), PSC y ERC aprobará para los VTC dos días festivos obligatorios, tal y como ocurre con el taxi. En la actualidad, los conductores de autotaxi paran un día semanal por sorteo y otro de descanso obligatorio en fin de semana dependiendo de si su matrícula es par o impar. Ello lo adaptará el AMB para los VTC con el pretexto, según las fuentes consultadas, de evitar congestión en las carreteras. Asimismo, obligará a los vehículos de las plataformas, la mayoría de renting, a pasar revisiones periódicas, tal y como hacen los taxis. "Se trata de aumentar los costes de las operadoras como Uber y Cabify para equipararlas al taxi sin que puedan hacer el mismo servicio", han indicado voces del sector.

... y seguros y carné

Hay más. La primera edil de Barcelona ultima la obligación de que los vehículos de transporte con conductor tengan un seguro a todo riesgo con responsabilidad ilimitada, lo que agregará a la cuenta de explotación de cada vehículo hasta 3.000 euros anuales, según las fuentes consultadas. En la actualidad, Uber opera --ver aquí-- con seguros a terceros con cobertura ampliada más una póliza de responsabilidad civil acordada con Axa. Cabify, por su parte, organiza su flota con una póliza similar cuyo límite llega a los 50 millones de euros --ver aquí--. Colau busca endurecer los requisitos y obligar a las compañías a pagar más para asegurar a sus conductores.

El gobierno metropolitano que comanda la exactivista quiere alzar una barrera más, según las fuentes consultadas. Sería el requerimiento de una licencia especial, similar al certificado de aptitud profesional de taxista --ver aquí--, cuyas pruebas el Imet convoca diversas veces al año.

Todo ello se sumará al requisito principal que restará competitividad a las plataformas de nueva movilidad urbana, hasta el punto que amenaza de expulsarlas del mercado: la precontratación que el Govern ha establecido en 15 minutos, pero que el AMB subirá a una hora. "Ello, unido a la prohibición de la geolocalización (artículo 4.4 del decreto ley) y la obligación de volver a una base o parquin (4.3) y no estar estacionadas en la calle, fulmina las actuales operativas de las intermediarias. Y, en privado, el equipo de Colau está convencido de aplicarlo", han remachado las fuentes consultadas.