Los VTC preparan el despido inminente de 3.000 conductores en Cataluña

Llegan las primeras consecuencias del decreto de la Generalitat que regulará la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Según ha podido saber este medio, varios despachos de abogados de Barcelona ultiman diversos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que supondrán el despido de 3.000 trabajadores de este sector en Cataluña. Los ajustes de plantilla se presentarán entre el martes, miércoles y jueves de la semana próxima. Coincidirán con la aprobación del decreto ley desarrollado por la conselleria de Territori, encabezada por Damià Calvet, que contempla una precontratación mínima de 15 minutos, la puerta para una posterior ampliación a 60 minutos por parte de las autoridades locales. 

La reestructuración correrá a cargo de las tres principales operadoras de VTC que trabajan para plataformas como Uber o Cabify en la comunidad autónoma: Vector Ronda, Mooves Car y Auro. Según fuentes del sector, el 60% de las plantillas de estas compañías tiene más de 50 años y disfrutan de un contrato fijo indefinido. La mayoría de ellos eran desempleados de larga duración, lo que permitía a las empresas beneficiarse de las bonificaciones laborales impulsadas por el Ministerio de Trabajo. 

Consecuencias laborales

Las consecuencias laborales de este decreto ya habían sido aunciadas de forma reiterada por parte de Unauto, la patronal de los VTC. Ayer jueves, sus portavoces definieron la nueva ley como el "decreto de cierre de empresas de VTC en Cataluña".

Por otra parte, Unauto presentará una demanda penal por prevaricación contra todos los miembros del Govern de la Generalitat. Además, la organización empresarial exige al gobierno autonómico una indemnización de más de 1.000 millones de euros, una reclamación sustentada en las resoluciones de la propia Autoridad de la Competencia de Catalunya (Acco), dependendiente de la Generalitat. 

Demandas contra el Govern

Así, el sector de los VTC sigue con su particular pulso contra la Generalitat, después de que el Gobierno de Quim Torra consiguiera poner fin a la huelga indefinida del taxi tradicional. Compañías como Uber o Cabify, así como las operadoras que trabajan para ellos, se sienten claros perdedores del decreto diseñado por la conselleria de Territori. Y es que la regulación que pretende aprobar la Administración catalana finalmente obtuvo el visto bueno de los taxistas, después de que su líder, Tito Álvarez, emplazara a los suyos a aceptar el acuerdo con la Generalitat.

Las marcas que operan en el mercado barcelonés, como Uber y Cabifay, han asegurado que estudian la posibilidad de abandonar la ciudad.