El radar de las 450 multas diarias: la pesadilla de los conductores de Girona

Casi 450 multas al día. Esa es la cifra que ha convertido a un radar instalado en la N-II, a la altura de La Jonquera (Girona), en una auténtica pesadilla para cientos de conductores. 

Desde su puesta en funcionamiento el pasado 21 de octubre de 2024, el dispositivo ha disparado una avalancha de sanciones que ha desbordado todas las previsiones municipales y ha provocado una oleada de indignación vecinal.

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En los primeros 102 días de su funcionamiento, el cinemómetro registró cerca de 45.000 infracciones, según datos facilitados por el propio ayuntamiento a los afectados. 

El volumen es tan elevado que multiplica por quince la recaudación estimada inicialmente para este periodo y ha dejado a muchos vecinos con sanciones acumuladas que, en algunos casos, superan los miles de euros.

Previsiones

Los pliegos de la licitación reflejaban un escenario muy distinto. El consistorio, gobernado por la alcaldesa Míriam Lanero (Junts), calculó una media de 30 sanciones diarias y unos ingresos anuales de 315.000 euros, de los cuales 252.000 quedarían en las arcas municipales tras descontar la parte correspondiente a XALOC, el organismo encargado de la gestión de cobros.

Superando expectativas 

La realidad ha superado ampliamente esas cifras. El radar se encuentra en un municipio de poco más de 3.300 habitantes, pero con un tráfico constante procedente de otros puntos del Alt Empordà. 

Además, los pliegos reconocen que los conductores extranjeros —muy numerosos en esta vía— no están obligados a pagar las sanciones, lo que concentra aún más el impacto económico en los vecinos y usuarios habituales.

Multas en cadena y sin aviso

Uno de los aspectos que más ha encendido el malestar es la forma en que se han notificado las sanciones. Según los afectados, muchos conductores no fueron informados tras la primera infracción, lo que les impidió corregir su comportamiento.

El radar colocado en la N-II en La Jonquera que pone 450 multas al día Òscar Gil

El resultado ha sido una acumulación de multas difícil de asumir. Al menos 24 vehículos han sido sancionados más de 20 veces, y hay casos como el de Salvador —vecino del municipio— que recibió 18 multas de golpe, todas correspondientes al mismo tramo y sin haber tenido constancia previa de ninguna de ellas.

Esta situación ha llevado a la creación de la plataforma Stop Radar, que agrupa a los afectados y canaliza las protestas contra el dispositivo.

Un radar cuestionado

El argumento del ayuntamiento para justificar la instalación del radar es la mejora de la seguridad vial. Sin embargo, los datos oficiales del Servei Català de Trànsit (SCT) no respaldan la existencia de un punto negro especialmente grave.

En los últimos seis años, el tramo donde se ubica el cinemómetro ha registrado 19 accidentes con 29 heridos. Entre 2019 y 2024 se contabilizaron siete heridos graves y 25 leves, pero ninguna víctima mortal. Para los afectados, estas cifras no justifican una medida tan contundente ni el volumen sancionador que se está produciendo.

Qué dice el Ayuntamiento

Pese a las protestas y a las más de 1.900 firmas recogidas, la alcaldesa comunicó recientemente que el consistorio no devolverá ni anulará las multas, ni tampoco retirará el radar. 

La decisión se apoya en un informe de los servicios jurídicos municipales, que concluye que “no se dan las causas tasadas por la ley para suspender los procedimientos sancionadores”.

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El informe recuerda además que la potestad sancionadora está delegada desde 2021 en XALOC. 

No obstante, desde este organismo dependiente de la Diputación de Girona aseguraban a este medio que su papel es meramente ejecutivo y que la decisión final corresponde al gobierno municipal.

Los resquicios legales

Los afectados se aferran a precedentes recientes. Uno de ellos es el caso de L’Estartit, donde el ayuntamiento anunció en diciembre la anulación de las multas impuestas por un radar instalado en la carretera de Torroella desde agosto, tras reconocer irregularidades en el proceso.

Para forzar la retirada del dispositivo, la plataforma citó la Ley de Contratos del Sector Público. El artículo 211 contempla la posibilidad de resolver un contrato “por mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista”, mientras que el artículo 294 va más allá y prevé la supresión del servicio “por razones de interés público”.

Síndic de greuges

Las reclamaciones llegaron al Síndic de greuges --el defensor del pueblo catalán–, pero no pudo hacer mucho,  En abril dio por concluidas sus actuaciones y descartó irregularidad alguna en el radar, que hoy sigue multando. Aunque menos. 

Para muchos conductores, no es un consuelo. Como tampoco lo es que la mayoría de multados sean extranjeros. Cruza la frontera es un deporte de riesgo, sobre todo, para los amantes de pisar el pedal.