Montaje de dos agentes de los Mossos d'Esquadra con el TSJCat de fondo
Un montaje de película sienta a dos mossos en el banquillo por incriminar a un estibador en un caso de drogas
La Fiscalía acusa a los agentes y a dos colaboradores de urdir un plan para colocar cocaína, hachís y una pistola en el coche de un trabajador del puerto de Barcelona en junio de 2016
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Han pasado nueve años desde que Carlos L., un estibador del puerto de Barcelona, fue detenido por la supuesta posesión de casi un kilo de cocaína, varias piezas de hachís, un hacha y una pistola semiautomática.
El caso, aparentemente cerrado, dio un giro inesperado tres años después, cuando se destapó que el trabajador había sido víctima de un montaje de película para incriminarlo falsamente.
Él quedó absuelto y, en paralelo, se abrió un nuevo procedimiento para investigar a las cuatro personas que supuestamente urdieron el plan. Entre ellas, dos agentes de los Mossos d’Esquadra.
Este lunes, 27 de octubre, los cuatro acusados se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Barcelona para responder por su presunta implicación en esta trama.
Entre 6 y 17 años de prisión
Según la Fiscalía, los acusados actuaron de forma concertada para fabricar pruebas falsas con el objetivo de implicar a la víctima en delitos graves.
En su escrito de acusación, el ministerio público solicita penas de entre 6 y 17 años de prisión, además de inhabilitaciones profesionales y multas económicas.
Del mismo modo, reclama que la Generalitat de Cataluña sea considerada responsable civil subsidiaria, al tratarse de hechos cometidos presuntamente por dos funcionarios en el ejercicio de su cargo.
Los hechos
De acuerdo siempre con el relato del fiscal, los Mossos d’Esquadra Xavier G. y Francesc A. accedieron sin autorización a las bases de datos policiales para obtener los datos personales y del vehículo de la víctima.
Posteriormente, compartieron esta información con Joaquín B. y Juan Antonio R., quienes vigilaron sus rutinas y esperaron el momento idóneo para introducir el material incriminatorio.
Un muelle de descarga del Puerto de Barcelona operado por Tercat
De este modo, el 15 de junio de 2016, mientras el estibador se encontraba en el gimnasio, los dos civiles accedieron al interior de su coche y colocaron: un hacha, una navaja, una pistola semiautomática con nueve proyectiles, además de 877 gramas de cocaína y 112 gramos de hachís.
Pocas horas después, uno de los acusados llamó a la comisaría de Sant Martí y, haciéndose pasar por confidente, alertó de que un vehículo contenía droga.
Los agentes organizaron un operativo, interceptaron el coche y detuvieron al estibador, que permaneció tres días privado de libertad.
Abanico de delitos
La investigación inicial contra el trabajador portuario se archivó en 2019, al no hallarse prueba alguna de su implicación en el tráfico de drogas. Sin embargo, ese mismo archivo dio pie a una nueva causa, la que hoy sienta en el banquillo a los presuntos responsables del montaje.
La Fiscalía imputa a los acusados un amplio abanico de delitos, desde: detención ilegal, descubrimiento y revelación de secretos o contra la salud pública agravado hasta tenencia ilícita de armas y aprovechamiento de información privilegiada.
Además, el fiscal reclama que los acusados indemnicen conjuntamente a la víctima por los daños ocasionados, incluyendo las tasas del depósito del vehículo, la baja laboral de tres días y los honorarios de defensa.
Entrada de la Audiencia de Barcelona, en una imagen de archivo
Responder al 'por qué'
Con todo, la vista oral arranca el lunes con la declaración de los testigos —una hilera de agentes, entre ellos miembros de la División de Asuntos Internos (DAI)— que deberán desentrañar cómo los cuatro acusados ejecutaron el supuesto plan incriminatorio y, sobre todo, por qué.
Una pregunta que, nueve años después, sigue siendo un misterio.
Según el escrito del anterior abogado del estibador, en la causa se llegó a mencionar la posible participación de David Caballero, alias Bubito, en la trama. Una participación que, sin embargo, nunca pudo probarse.
Caballero, considerado por el letrado como “el cerebro detrás de las actividades criminales en el puerto de Barcelona”, fue asesinado el 15 de noviembre de 2024, cuando un sicario lo abatió a las puertas del colegio Hamelin-Laie de Montgat, justo después de dejar a sus hijos en clase.
