Los planes de la Generalitat con la desalinizadora flotante del Puerto de Barcelona han saltado por los aires. La faraónica obra que debía abastecer parte del consumo de agua del área metropolitana ve cómo ahora se redefinen los plazos sin una fecha clara en el calendario. El motivo es la salida del estado de emergencia por sequía, que ya no justifica su tramitación por la vía de urgencia.
Desde su anuncio a mediados de abril, el proyecto ha sufrido varios imprevistos. Desde el retraso en la firma del contrato con Abengoa, la empresa seleccionada a dedo, hasta el retraso actual por cuestiones jurídicas, advertidas por los servicios de la conselleria de Acció Climàtica. Ahora, está encallado hasta que no se redacte el concurso público y se anuncie la licitación. Un imprevisto que algunos expertos animan a aprovechar para renunciar a la planta, que califican de "bestialidad" y "extemporánea".
Concurso público obligado
La desalinizadora iba a instalarse sobre una barcaza en el Puerto de Barcelona y debía estar lista en octubre de este año. Ese era el momento previsto para que el sistema Ter-Llobregat -el principal, del que beben cinco millones de catalanes- entrara en la segunda fase de la emergencia.
No obstante, los episodios de lluvia han cambiado la situación y las reservas hídricas que abastece a 202 municipios de Barcelona y Girona tomaron oxígeno. Sobre el papel, pudo cambiar de las fases que incluye el protocolo para luchar contra la falta de lluvias el pasado 13 de mayo. Y lo hizo a mejor. Se situó en excepcionalidad, que acarrea menos restricciones. Esta mejora obliga a llevar a cabo los trámites por la vía ordinaria, menos rápida, según reconoció ayer el conseller David Mascort.
Además, decae la adjudicación a dedo de los trabajos. Abengoa deberá "presentarse a concurso público como las otras" compañías que quieran optar por la concesión de este trabajo. La licitación, como pronto, no se resolverá hasta finales de año. Luego quedarían la ejecución de las obras en sí, con una inversión de unos 100 millones de euros.
Hasta 2025, nada
Ahora, las autoridades gestoras del agua calculan que, en el escenario de que no lloviera nada de aquí a final de año, la red Ter-Llobregat podría volver a la emergencia en el primer trimestre del 2025. Si es el caso, la desalinizadora flotante estaría a punto en ese momento con la tramitación administrativa ordinaria del proyecto, insiste la conselleria.
A diferencia de la planta flotante del Puerto de Barcelona, las 12 desalinizadoras móviles que la Generalitat y el Consorcio de Aguas de la Costa Brava impulsan para las localidades del norte de Girona litoral mantienen los plazos previstos en un primer momento. El mermado estado de las reservas hídricas del sistema Darnius-Boadella ha permitido acortar los tiempos de las licitaciones necesarias para adquirir la tecnología.
Redirigir los 100 millones de euros de inversión
Es en este contexto que voces expertas insisten en la necesidad de aprovechar la inversión de 100 millones de euros que supone la desalinizadora temporal en otras infraestructuras que valoran más sostenibles, eficaces y urgentes.
Un ejemplo de ello es la regeneración del agua de la depuradora del río Besòs, sita en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Esta echa al mar unos 130 hectómetros cúbicos (hm3) de agua al año que no es reaprovechada; se limita a descontaminarla, pero no la potabiliza. Mientras, en el extremo sur del área metropolitana, la depuradora de El Prat de Llobregat reintroduce a la red más de 50 hm3 con éxito.
“Si funciona la del Llobregat, ¿por qué no hacerlo en el Besòs?”, se pregunta el catedrático emérito en Ecología de la Universitat de Barcelona (UB) Narcís Prat: “La Generalitat debe destinar dinero a ello y no a infraestructuras con un enorme gasto energético y emisiones de CO2 que empeoran el cambio climático y las hará inútiles en un futuro”. Para el experto, “esa debería ser la prioridad”, junto a la recogida de aguas pluviales y grises en edificios de todo el territorio.
“Medida extemporánea”
“Sería absurdo”, asegura Prat al ser preguntado por este medio sobre la posibilidad de que la Generalitat finalmente licite una infraestructura pensada para “un tiempo determinado”. En los mismos términos se expresa Xavier Latorre, exdirigente de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y presidente de la asociación Amics de l’Aigua. Él insiste en lo “extemporáneo” de la medida y el contexto preelectoral en el que se anunció, a pocas semanas de los comicios al Parlament.
“No pensemos que la solución se encuentra estrictamente en las fuentes no convencionales, sino que estas pasan por los embalses y los acuíferos”, describe este experto sobre la mejoría del estado de los embalses, la cual es “una buena noticia siempre y cuando hagamos una buena explotación de estos recursos”.
Sobre el reaprovechamiento del agua depurada en el Besòs, recuerda: “Tenemos la técnica y los elementos, pero no sé si el dinero”. A Latorre no le sorprenden los imprevistos surgidos en torno a la desalinizadora del Puerto porque “estamos sin gobierno y sin presupuesto: la prórroga presupuestaria permite continuar con las acciones programadas, pero no comenzar nuevas”, dice, a pesar de la ampliación del crédito aprobada por la Diputación Permanente del Parlament para intentar evitarlo.
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