Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana /EP

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana /EP

Vida

Arranca el juicio contra Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido por alzamiento de bienes

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para la extenista y Josep Santacana 

12 septiembre, 2023 08:45

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Este martes 12 de septiembre arranca el juicio contra la extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana en el Juzgado Penal número 25 de Barcelona.

Ambos se sientan en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de alzamiento de bienes para evitar el pago de una deuda de 7,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo

La extenista Arantxa Sánchez Vicario

La extenista Arantxa Sánchez Vicario Europa Press

Cuatro años de prisión

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para ambos, además del pago de una multa de 8.640 euros y 6,1 millones en concepto de responsabilidad civil por un presunto delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible, con el objetivo de ocultar su patrimonio a través de un testaferro.

Para los cómplices pide tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros.

Idearon un plan

La mencionada entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que depositar como garante de una deuda con Hacienda y después le reclamó el pago de esas cantidades. Según el Ministerio Público, la tenista actuó "bajo las consignas de su marido" después de que se le notificara el monto de la deuda en julio de 2010.

Arantxa Sánchez Vicario junto a su expareja Josep Santacana

Arantxa Sánchez Vicario junto a su expareja Josep Santacana

Según el fiscal, ambos idearon "un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad" y vaciaron sus cuentas corrientes, sin dejar ni rastro del patrimonio de la tenista.

Cooperadores necesarios

Sánchez Vicario era propietaria de cinco empresas y titular de varios bienes inmuebles hasta que tuvo conocimiento de la deuda.

A partir de ese momento, todo pasó a estar a nombre de una sociedad con sede en Uruguay. La venta de activos se hizo a través de un testaferro que también se sentará en el banquillo de los acusados por considerarse cooperador necesario en el delito, al igual que el jefe y el responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.