La jueza paraliza el primer desahucio de la Casa Orsola a la espera de que se pronuncie la Audiencia

El primer desahucio de un inquilino de la Casa Orsola de Barcelona, previsto para el 19 de mayo, ha sido aplazado por segunda vez. Así lo ha comunicado este lunes el Sindicat de Llogateres, que ha aclarado que la medida es provisional a la espera de que la Audiencia Provincial de Barcelona se pronuncie.

El edificio modernista ubicado entre las calles Calàbria y Consell de Cent, en el Eixample de Barcelona, fue adquirido en 2021 por el fondo de inversión Lioness Inversiones. El caso llegó a los tribunales después de que el nuevo propietario decidiera no renovar los contratos de alquiler a los inquilinos, lo que implica la expulsión de los vecinos que, en algunos casos, llevan viviendo en la Casa Orsola más de una década. 

Cuatro vecinos denunciados

El primero en sentarse en el banquillo fue Josep, uno de los cuatro vecinos denunciados por la propiedad por seguir residiendo en el edificio pese a que su contrato de alquiler ha finalizado. El juez ordenó el desalojo el 14 de febrero, pero el lanzamiento quedó aplazado hasta el 19 de mayo. Ahora, el titular ha vuelto a posponer el desahucio y deja el caso en manos de la Audiencia de Barcelona.

Desde el Sindicat de Llogaters han hecho un llamamiento a los vecinos de Casa Orsola y de otras fincas amenazadas con desahucios o subidas de alquileres a organizarse de cara al jueves 18 de mayo, cuando se movilizarán frente a la propiedad de Lioness Inversiones para luchar contra la especulación inmobiliaria.

Una ciudad de "desarraigados"

A pesar de que el desahucio de Josep ha quedado aplazado, desde el Sindicat de Llogaters denuncian que “los intentos de expulsión del resto de vecinas de Casa Orsola continúan”. "Lo que ponemos encima de la mesa es una cuestión muy política: ¿queremos una ciudad de vecinas o una ciudad de desarraigados que paguen alquileres de 2.000 euros y almuercen cada día en el Starbucks?", denuncian desde la plataforma.

Hasta el momento los vecinos de Casa Orsola han intentado, sin éxito, que la propiedad reconsidere la decisión de no renovarles los contratos. Por su parte, la propiedad sostiene que hasta la “intromisión del Sindicat de Llogateres”, estuvieron abiertos a negociar con los inquilinos a los que les había finalizado el contrato.