El conflicto entre los vecinos y el nuevo propietario de la Casa Órsola llega a los tribunales

El lunes 9 de enero se celebra el primer juicio para desahuciar a los vecinos de la Casa Órsola, emplazada en pleno Eixample de Barcelona, tras el cambio de manos de la propiedad. El caso llega a los tribunales después de que el nuevo propietario decidiera no renovar los contratos de alquiler a los inquilinos, lo que implica la expulsión de los residentes. Algunos de los afectados residen en el edificio modernista desde hace varias décadas.

El primero en sentarse en el banquillo será Josep, uno de los cuatro vecinos denunciados por la propiedad al haber finalizado su contrato el 1 de mayo. Desde el Sindicat de Llogaters denuncian que la empresa propietaria Lioness Inversiones pretende “vaciar las viviendas para alquilarlas a precios de lujo mediante contratos temporales”. Acusan al nuevo propietario de especular con los pisos, un extremo que su abogada desmiente.

El consistorio no quiso el inmueble

En noviembre María José Tarancón, abogada del propietario de Lioness Inversiones, recordó que el Ayuntamiento de Barcelona pudo haberse quedado con la propiedad, pero “no quiso el inmueble”. Fue cuando su defendido, propietario de una pyme, anunció la compra del inmueble cuando se inició la supuesta persecución. “Mi representado ha sufrido pintadas, amenazas, insultos y coacciones y su sede social ha sido okupada”, denunció públicamente Tarancón en aquel entonces.

Además, la abogada reiteró que su defendido posee una empresa, “no un fondo buitre” como el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho creer y pidió al equipo de gobierno de Ada Colau que cesara en su “injerencia”.  

Fachada de la Casa Orsola / GOOGLE STREET VIEW

Niegan que sean familias vulnerables

Aunque a presuntas de este medio Tarancón ha rechazado pronunciarse antes de la celebración de la vista, en noviembre explicó que tras la compra de la vivienda, el propietario respetó los contratos indefinidos y expresó que a los cuatro contratos a término se les envió “una carta de resolución de contrato” por la finalización del mismo.

Según la abogada, la propiedad les pidió que acreditaran su vulnerabilidad para negociar un alquiler social, “pero ninguno lo hizo porque no son familias vulnerables”. En la misma línea, el presidente de Foment del Treball Josep Sánchez Llibre recordó en un acto que el nuevo dueño tiene derecho a disponer de su propiedad y que la injerencia del Ayuntamiento de Barcelona “supone una injerencia en un asunto únicamente privado y que, además, atenta de forma directa y flagrante contra la propiedad privada”.

Protesta frente a los tribunales

Sin embargo, desde el Sindacat de Llogaters acusan al Lioness Inversiones de verter “mentiras, como asegurar que en la finca no residen personas vulnerables con derecho a alquiler social”. Añaden que el nuevo propietario está incumpliendo la Ley 24/2015 que obliga a ofrecer un alquiler social y niegan que los únicos afectados sean solo cuatro vecinos. “Ayer mismo 16 de los 18 hogares habitados que quedan en la finca han enviado una carta a la propiedad denunciado las malas praxis y solicitando una negociación colectiva”, reza un escrito firmado por las entidades Sindicat de Llogaters, Defensem Casa Órsola y XHEE.

Aunque después de que los inquilinos organizaran una protesta Lioness Inversiones se abrió a negociar, el diálogo entre el nuevo propietario y los inquilinos no ha llegado a buen puerto y el asunto se dirimirá en los tribunales. Ahora, con el juicio a las puertas, el Sindicat de Llogaters ha convocado una concentración el lunes 9 de enero a las 8.30 frente a la Ciudad de la Justicia para mostrar su apoyo a los vecinos de la Casa Órsola.