Familiares de las víctimas de abusos denuncian que no se les informó

Los familiares de las presuntas víctimas de agresión sexual en la Residencia Jaume Anfruns i Janer, gestionada por la Fundació Privada Vallès Oriental, han declarado en la Audiencia de Barcelona que la entidad no los informó sobre lo que les había sucedido a sus allegados. El padre de una de las presuntas afectadas, una mujer que tiene un grado de discapacidad reconocido del 75%, ha relatado que dos días después de que sucedieran los hechos denunciados el psicólogo del centro lo llamó por teléfono para decirle que fuese hasta allí porque “había habido un problema”. Siempre según su testimonio, una vez en la residencia, le hablaron de “un roce con otro residente, pero no le dieron importancia”, si bien ha remarcado que ni él ni su mujer, los tutores legales de su hija, habían autorizado que esta mantuviera sexo con nadie, dado que "no tiene capacidad para entender lo que es una relación íntima". 

Según su declaración, no fue hasta pasados “cuatro o cinco meses” de este episodio, cuando recibió una citación del Juzgado de Instrucción 2 de Granollers, cuando se enteró, por boca de una asistente social, de lo que le había sucedido a su hija, que presuntamente había sido forzada por el acusado, Alberto I. L., para que le practicara una felación. “Si lo hubiese sabido, hubiese denunciado yo”, ha espetado ante el tribunal. A raíz de estos hechos tanto su hija como su mujer han sufrido daños psicológicos, por lo que reclama una indemnización por los perjuicios causados. 

“Escucha a tu hermano”

El hermano de otra de las presuntas víctimas, que tenía una discapacidad reconocida del 96% y compartía habitación con el acusado, ha declarado que se enteró durante una visita cuando acompañaba a una podóloga amiga de la familia para que le arreglase las uñas a su allegado. “Mi hermano me dijo que este señor le decía que le comiera la polla. Que le obligaba a comerle la polla”. Ante su incredulidad por lo que le estaba relatando, ha asegurado que una monitora lo miró y le dijo: "Escucha lo que te está diciendo". “Así fue como me enteré”, ha confirmado.

A raíz de esta conversación pidió una reunión con la coordinadora del centro y con el psicólogo, que le confirmaron que “había habido un problema” que afectaba a varios residentes. No conforme con las explicaciones, presentó registralmente un escrito a la Generalitat, que le respondió que “eran conscientes del tema y que estaban en proceso de solucionarlo”. Además, ha añadido que pidió a los responsables de la residencia que lo avisaran “inmediatamente” del posible retorno del acusado para retirar a su consanguíneo, dado que para él lo primordial era que tanto su familiar como el resto de internos “estuvieran protegidos”.

“No me enteré de nada”

Otra de las familiares ha explicado que no se enteró de nada. “Nadie me dijo nada, no sé nada”, ha expresado visiblemente desconcertada. De hecho a la salida de la sala de vistas manifestaba no saber con exactitud qué le había pasado a su hermano, que nunca le contó lo ocurrido. Por eso, la testigo ha rechazado una posible indemnización.

Solo una de las familiares, que también ha rechazado ser indemnizada por mostrarse conforme con que el acusado ya no resida en el centro, ha reconocido que se lo dijo el psicólogo.

La Generalitat no reaccionó

En su escrito de acusación provisional la fiscal considera responsable civil a la Fundació Privada Vallès Oriental porque, “ante la falta de reacción de la Generalitat, no tomó ninguna medida como debería haber sido solicitar el auxilio judicial o del Ministerio Fiscal para la adopción de medidas de protección para los discapacitados que estaban bajo su guarda de hecho”. Además, añade que “ni siquiera lo comunicó a los representantes legales de los afectados, lo que imposibilitó que pudieran solicitar auxilio judicial o del Ministerio Fiscal para la adopción de medidas que pusieran fin al riesgo descrito”.