"Me cogió por el cuello y me desnudó": internos de un centro para discapacitados relatan los abusos

Este martes ha arrancado en la sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio a Alberto I. L., acusado de tres delitos de agresión sexual y uno de intento de agresión sexual contra sus propios compañeros de la Fundació Privada Vallès Oriental, un centro de atención a las personas con discapacidad intelectual, donde estuvo ingresado entre 2010 y 2013. Aunque el jefe de Servicio de Atención a las Personas de las Comarcas de Barcelona --organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña-- autorizó su ingreso, los psicólogos del centro alertaron, con la emisión de tres informes, de que este lugar no era el indicado para el perfil de discapacidad que presentaba el acusado, con una disminución psíquica leve mucho menor que la del resto de internos y que, además, había protagonizado episodios violentos con compañeros y monitores. 

El acusado, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales con una de sus compañeras, pero ha negado que la forzara. Ha explicado que, aunque no estaba a gusto en el centro, porque se “peleaba con los monitores”, con esta compañera tenía “una buena relación”. Siempre según su versión, ambos acordaron mantener relaciones íntimas en la habitación de la supuesta víctima, donde fueron sorprendidos por una monitora, que “no dijo nada” cuando descubrió que ella le estaba practicando una felación. Cabe destacar que la presunta víctima padece una discapacidad del 75% que dificulta su capacidad para consentir las relaciones sexuales y que sus padres, como representantes legales, transmitieron al centro de forma expresa que no autorizaban que su hija mantuviera sexo “con nadie”, como recuerda la fiscalía. 

Las víctimas: personas indefensas

A preguntas de su abogado, el acusado ha negado también los otros hechos que se le imputan --dos agresiones sexuales más consumadas y una en grado de tentativa-- y ha expresado que no tuvo más relaciones íntimas de ningún tipo con otros compañeros. “No sé por qué dicen eso”, ha respondido frente al tribunal, al que ha explicado que tiene una discapacidad psíquica desde pequeño. Lo que sí ha reconocido es que se masturbaba en su habitación y que veía películas pornográficas que le proporcionaba, según su testimonio, uno de los monitores del centro. “Las veía en el comedor, un monitor me tiraba papel y cerraba la puerta”, ha añadido. 

En la primera sesión de este juicio, que se prolongará durante tres días, se han escuchado los testimonios de las víctimas y de algunos testigos, personas especialmente vulnerables por padecer discapacidad física o intelectual severa. De hecho, si bien el procesado sufre una discapacidad intelectual ligera, “conservaba sus capacidades cognitivas dentro de los márgenes de su disminución psíquica”, según consta en los informes practicados por los peritos y reflejados en el escrito de la fiscalía. Precisamente, el ministerio público considera que se sirvió de la diferencia de capacidades con respecto a sus víctimas, “siempre personas indefensas”, para dominarlas y someterlas. Todas ellas presentan dificultades motoras, de expresión verbal, disminuciones sensoriales y físicas y discapacidad más pronunciada que el acusado, lo que imposibilitaba que pudieran defenderse. El primer relato que se ha escuchado en la sala --se han reproducido grabaciones para evitar revictimizar a los afectados-- ha sido el de uno de sus compañeros, un hombre sordomudo que en lenguaje de signos expresó “la dureza” de los episodios que presuntamente Alberto L. I. le hizo padecer.

Grabaciones ininteligibles

“Me cogió de la nuca, le dije que parase, pero me bajó los pantalones, me quitó la ropa, me hizo sufrir mucho”, relató. La presunta víctima asegura que los hechos sucedieron varias veces en la ducha de la casa en la que residía, en la Residencia Jaume i Janer, gestionada por la Fundació Privada Vallès Oriental. “Él tenía el pene erecto y disfrutaba viendo como yo lo estaba pasando mal. Me tocaba mis partes. Me insultaba. Se reía mientras me bajaba los pantalones y me cogía del cuello, le gustaba”, describió. Además, añadió que el acusado también “le pegó a una chica” en su presencia. El testimonio de esta víctima ha quedado apuntalado por el relato de su compañero de habitación, que fue testigo de cómo Alberto I. L. agredió a una interna del centro y que, aunque no penetró analmente a su compañero de cuarto, vio como le bajaba los pantalones y se burlaba de él. 

Otro de sus excompañeros, que presenta un grado de discapacidad del 93%, relató que el acusado “hacía marranadas”. Según su relato Alberto I. L. entró en su habitación y, “en unas cuantas ocasiones”, le pidió “que le chupara la polla”. La presunta víctima reconoció que lo hizo, pero añade la fiscalía, “por el temor que le generaba el comportamiento agresivo del acusado durante la convivencia”. “Yo no quería hacerlo”, confirmó esta presunta víctima cuando fue entrevistada por los peritos. Cabe destacar que el testimonio de dos de las víctimas, que constituyen la prueba, son ininteligibles, dado que fueron grabadas en sede judicial “sin tomar el debido cuidado, y los micrófonos se acoplaron”, ha anunciado el presidente de la sala. "Reproduciremos las grabaciones, para que no se diga que no se ha efectuado la prueba, pero les avanzo que esta es la calidad", se ha quejado del pésimo audio. 

La responsabilidad de la fundación

Después de que los abusos salieran a la luz, el acusado fue trasladado al complejo asistencial de Salud Mental Benito Menni de Sant Boi de Llobregat y, posteriormente, fue remitido al servicio residencial de trastornos de conducta Mas Vella Tera, en Vic, donde permanece ingresado hasta la actualidad. A pesar de que la fundación no era el lugar idóneo para este interno, que contaba ya con antecedentes penales, y de que el resto de los residentes “corrían un grave peligro”, el acusado continuó viviendo allí sin que se adoptara “ninguna medida para evitar el riesgo grave para el resto de personas con discapacidad que vivían en el centro”, alega la fiscalía.

De hecho, una vez se conocieron los presuntos hechos, la dirección tampoco informó a las familias, según fuentes conocedoras del caso, de que sus parientes podrían haber sufrido abusos graves. Por la presunta inacción de la fundación, la fiscalía solicita, en calidad de responsable civil, que indemnice a las víctimas. Considera que los responsables del centro no tomaron "ninguna medida como haber solicitado el auxilio judicial o del Ministerio Fiscal para la adopción de medidas de protección para los discapacitados", pese al riesgo que suponía el comportamiento del acusado.

Se enfrenta a 26 años de cárcel

Al acusado, que ha rechazado un acuerdo de conformidad, le imputa tres delitos de agresión sexual sobre persona especialmente vulnerable y uno de intento de agresión sexual sobre persona vulnerable, por los que pide 26 años y 3 meses de prisión y 26 años y 3 meses de medida de internamiento en establecimiento adecuado a la alteración o anomalía psíquica del acusado.

El miércoles desfilarán por la sección 22 de la Audiencia de Barcelona los testigos, entre los que figura el personal del centro en el que presuntamente se produjeron los hechos y que, no solo ayudarán a esclarecer si el acusado cometió o no los hechos, sino el cometido de la fundación en la gestión de este caso.