Empleados acusan a la coordinadora de la Fundación Vallès Oriental de tapar abusos a discapacitados

La directora del Servei d'Habitatge en la Fundació Privada Vallès Oriental, entonces coordinadora, intentó tapar los presuntos casos de agresión sexual que se juzgan en la sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona por parte de un interno hacia sus compañeros, según el testimonio de los extrabajadores. Así lo han explicado ante el tribunal tres de las entonces monitoras que estaban a cargo de los afectados, que han asegurado que, tras descubrir que Alberto I. L. (acusado de tres agresiones sexuales consumadas y una en grado de tentativa sobre personas especialmente vulnerables) había “obligado” a una compañera a realizarle una felación, la coordinadora les dijo que debían guardar “silencio absoluto”, entre presuntas amenazas de despido.

La primera testigo ha relatado que en fecha del 4 de agosto de 2013 al acceder a la habitación de la presunta víctima --una mujer con un grado reconocido de discapacidad del 75%-- se encontró al acusado agarrándola por la cabeza mientras esta le practicaba una felación. La testigo ha descrito que el procesado estaba en una situación de superioridad moral, porque “él era consciente de lo que estaba haciendo pero ella no”, pero también física, dado que “la estaba agarrando por la cabeza”. Además, todos los trabajadores, incluida la coordinadora, han argumentado que el procesado tenía un grado de discapacidad mucho menor al de sus compañeros que eran, en muchos casos, grandes dependientes con problemas de habla, de movilidad, con rasgos autistas y disminuciones sensoriales y físicas severas, por lo que los sometía a su antojo, creando un clima de temor entre los demás residentes. Tras poner estos hechos de extrema gravedad en conocimiento de la coordinadora, la extrabajadora sostiene que les dijo que “todos callados, que no se apuntaba nada ni se informaba de nada”, entre otros motivos, porque podrían perder subvenciones de la Generalitat. De hecho, ha añadido que los hechos no se registraron en el dietario en el que se dejaba constancia de cualquier incidente referente a los internos.

Elaboraron un escrito

Ante la presunta inacción de la fundación encargada de velar por el bienestar de los residentes y ante el temor de que el agresor volviese al centro tras ingresar temporalmente en la unidad de subagudos del Hospital de Granollers, primero, y en el complejo asistencial de en Salud Mental Benino Menni de Sant Boi, después, los monitores decidieron reunirse para elaborar un escrito con el que pretendían informar a sus compañeros, encargados de otros hogares de la misma fundación, del perfil de este interno y de lo que presuntamente había hecho al resto de residentes. Sin embargo, la carta --que consta en el sumario judicial-- nunca vio la luz porque “fue interceptada” por la coordinación, según los testimonios.

“Llegaron las llamadas y las amenazas por parte de la coordinadora, diciendo que nos iríamos a la calle, que no lo podíamos hacer. Quería nombres y apellidos” de quienes habían redactado el escrito, ha relatado una de las extrabajadoras, que fue despedida por “motivos disciplinarios” tras manifestar lo ocurrido a una compañera de trabajo. Otra de las testigos ha apuntalado este relato y ha añadido que la coordinadora “mediante amenazas y generando mucho malestar en el trabajo despertó miedo entre la plantilla”, motivo por el cual algunas trabajadoras expresaron “no estar tan convencidas” de seguir adelante con el escrito. De hecho, la monitora asegura que fue amonestada por plantear una solución a los hechos ocurridos durante una reunión. La presión, según ella, fue tal que llegaron a amenazarla con retirarle el permiso de 15 días que había solicitado con motivo de su boda. 

La gestión "no fue correcta"

En la misma línea, otra de las voces ha relatado ante el tribunal que la coordinadora “no permitió que esto llegase más lejos” y que “exigió los nombres y apellidos de los culpables”. “Nos sentimos amenazados porque nos dijeron que no se podía decir nada, que no se podía comunicar a las familias, que no había que darle más bombo al tema. Me dijo que me buscase otro trabajo, que en la fundación no tenía futuro”, ha añadido la tercera testigo. Todo esto se vio traducido, según ellas, en una actuación que no solo "no fue correcta" sino que no se protegió a los internos debidamente, "tapando el caso y no informando a las familias". Cabe destacar que el psicólogo del centro ha declarado que, si bien él hizo el segumiento psicológico de las víctimas --pese a que recordó que solo visitaba el centro una vez por semana-- no le consta que recibieran atención médica. "Diría que no", ha manifestado en sede judicial. 

Por su parte, la coordinadora, ahora directora del Servei d'habitatge en la Fundació Privada Vallès Oriental, que también ha declarado en calidad de testigo y a quienes los exempleados señalan por una supuesta mala gestión, ha explicado que descubrió lo que había sucedido cuando estaba de vacaciones tras conectarse por “remoto” a la intranet para ver si podía echarle una mano a su sustituta. Tras enterarse de los hechos, el 5 de agosto decidió ir al centro y puso los hechos ocurridos en conocimiento del que entonces era director de la fundación, Juan Maria Monsalve. Cuando regresó de las vacaciones, ha relatado, se dieron cuenta de que “la magnitud era más grande”, y que había más residentes que podrían haber sufrido agresiones sexuales. Según su testimonio, el psicólogo fue el encargado de comunicárselo a las familias, pese a que algunos de los presentes en el público negaban con la cabeza y a que la fiscalía mantiene en su escrito que no se produjo esta comunicación con los representantes legales de los afectados, privándolos de que pudieran solicitar amparo ante la Justicia. 

"Las cuidadoras no tenían que ocuparse de eso"

Sobre si solicitó a los monitores que no comunicasen los hechos, la coordinadora ha argumentado que “las cuidadoras no tenían que ocuparse de eso”, porque no era su función, pero que desde la fundación se tomaron medidas “como hablar con el acusado, informar a Monsalve --el director-- y vigilar a los chicos” y que sí que se puso en conocimiento de las familias. Además, después de los hechos, ocurridos el 4 de agosto, y mientras el procesado no ingresó en el centro hospitalario de Granollers el día 26 del mismo mes, ha añadido que el acusado se pasaba mucho tiempo fuera del centro, lo que permitió que los chicos hablaran sobre lo sucedido. Sobre si el incidente se registró, la que era coordinadora en aquel momento ha expresado que “cree que se hizo con normalidad”, frente a lo que expresaron las extrabajadoras, que aseguran que no se hizo.

La ahora directora ha relatado que, a raíz de estos hechos, en septiembre la Administración pública se puso en contacto con ellos y que en octubre fueron el psicólogo y ella quienes, de forma activa, enviaron un escrito a la Generalitat de Cataluña porque se enteraron de que el acusado recibiría el alta y temían que regresara a la fundación. Sin embargo, las extrabajadoras han declarado que ella les comunicó que Alberto I.L. regresaría "a la que era su casa", y que esto generó nerviosismo entre los internos, puesto que habían confesado los abusos que habían sufrido. El caso no llegó a la fiscalía hasta octubre de 2013 a manos de los que entonces eran monitores, que decidieron dar el paso de denunciarlo ante la presunta inacción de la dirección y de la propia Generalitat. Aunque ningún miembro de la fundación está imputado por estos hechos, la fiscalía considera que la entidad tiene una responsabilidad civil por no haber tomado las medidas de protección de los discapacitados frente al riesgo que suponía el comportamiento del acusado y por no comunicarlo a las familias, lo que imposibilitó que solicitaran el auxilio del ministerio público. Cabe recordar que, pese a estos hechos, la Fundació Privada Vallès Oriental fue galardonada con la Creu de Sant Jordi en 2015, dos años después de estallar el caso, por la Generalitat de Cataluña.