Cruce de acusaciones entre la Fundació Vallès y la Generalitat sobre los abusos a discapacitados

Los responsables de la Residencia Jaume Anfruns i Janer, gestionada por la Fundació Privada Vallès Oriental, que han declarado como testigos en el juicio a Alberto I. L., el interno que presuntamente agredió sexualmente a tres compañeros y lo intentó con un cuarto, han asegurado que aceptaron su ingreso pese a "no ser apto" para residir en el centro por petición de la Generalitat, una teoría que la Administración trata de desmontar. La que entonces era coordinadora de cuatro de los hogares residenciales de la fundación ha explicado que los casos les llegaban a través de los Serveis Territorials de Benestar Social i Família, que dependen del Govern. Según su versión, el centro hizo una valoración inicial previa a su ingreso en 2010 y ya entonces comunicó a la Administración pública que “por tener unas capacidades superiores” con respecto al resto de usuarios la residencia, este no era el lugar idóneo para el acusado, de perfil agresivo y con antecedentes penales.

“Veíamos que no podríamos darle una buena atención, sabíamos que se iban a producir abusos de todo tipo”, ha asegurado la coordinadora, si bien ha matizado que nunca imaginaron que podría llegar a cometer un delito de índole sexual. Por eso, lo comunicaron a Serveis Territorials. “Nos dijeron que no había otro lugar para esta persona, cosa que pasa con regularidad todavía en la actualidad”, ha denunciado.

La coordinadora y el psicólogo se contradicen

Con este escenario, la coordinadora ha expresado que si el procesado ingresó en la Residencia Jaume Anfruns i Janer fue porque la fundación se debe al servicio público y porque “entiende a la Administración”, dado que a fecha de hoy no hay servicios específicos “para este tipo de gente”, en referencia a su trastorno de conducta. La coordinadora, hoy directora del Servei d'habitatge en la Fundació Privada Vallès Oriental, ha recordado que el psicólogo elaboró varios informes alertando de esta situación --en concreto tres, que constan en el sumario-- pero que el Centre d'Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD) respondió que “era el lugar adecuado para el acusado”. Sin embargo, los incidentes que protagonizó fueron continuos, llegando a agredir al director general de la entidad, a la coordinadora, a monitores y compañeros. 

A la pregunta de si es cierto que se requiere de un informe favorable por parte del centro para que se efectúe un ingreso de un interno, la entonces coordinadora ha dicho que no, que “no es necesario”. Una respuesta que choca frontalmente con la que ha dado el psicólogo de la residencia, con quien trabajaba codo con codo, que ha declarado que para que una persona pueda ingresar en una hogar de estas características la valoración inicial debe ser positiva. 

"La institución no estaba preparada"

El psicólogo, que ha descrito al acusado como una persona “con una cierta agresividad”, emitió hasta tres informes entre septiembre de 2010 y agosto de 2011 para alertar de que la presencia del acusado en el centro, en el que convivía con grandes dependientes con capacidades físicas y psíquicas muy inferiores a las suyas, constituía un riesgo, dado que era incapaz de controlar sus impulsos, que tenía antecedentes de conductas graves y que era "muy posible" que una de sus actuaciones se saldara con graves consecuencias para los demás. “La institución no estaba preparada para contener a una persona agresiva o violenta”, ha reconocido frente al tribunal.

"Lo veía casi semanalmente porque siempre protagonizaba incidentes", ha recordado. Por eso, informó a la Administración pública de que el procesado no padecía “explosiones descontroladas ni ataques de cólera, sino que sus actuaciones tenían intencionalidad” sobre los demás para conseguir aquello que deseaba. Sin embargo, ha aclarado que él personalmente no enviaba los informes ni al Centre d'Atenció a les persones amb Discapacitat (CAD) ni al Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), sino que era la dirección quien tenía contacto con la Administración.

El exdirector señala a la Generalitat

El que era director en aquel momento, Juan Maria Monsalve, también ha avalado que era la Conselleria de Drets Socials quien “decidía los internos que ingresaban” en el centro. Según su testimonio, “la conselleria decidía quién entraba y quién no, y en este caso dijo que había que aceptarlo”, ha asegurado. Monsalve ha esgrimido que, a sabiendas de que el acusado presentaba un perfil “de alto riesgo”, se puso en contacto con la directora general del ICASS, con quien firmaban los contratos de relación institucional, si bien quien tenía la responsabilidad de los ingresos era el mencionado departament.

“Contacté con la responsable del Área de Gestión, que me dijo que no había más remedio que aceptarlo y después con la directora general del ICASS. Pasó lo que tenía… pasó lo que pasó y lo mandaron a otro centro”, ha expuesto, antes de añadir que desde la dirección “no podían tomar ninguna decisión” si el Departament de Drets Socials imponía y les obligaba a aceptar a una persona. “Ya tendría que responder la Administración por qué no tenían servicios para atender a estos internos”, se ha escudado.

La Generalitat asegura que lo aceptaron

Sin embargo, la jefa de servicio del Serveis Terrotorials de Barcelona de Drets Socials desde 2013, ha explicado que aunque efectivamente es el CAD el encargado de determinar el grado de discapacidad de un interno y quien proponía qué tipo de recurso era el más adecuado en cada caso concreto, “es responsabilidad del servicio resolver estos conflictos, dado que tienen mecanismo suficientes aunque necesiten del soporte del Departament de Salud cuando se produzcan conductas disruptivas”. Además, la funcionaria ha añadido que no existen recursos específicos para estos casos, en aumento, y que sienten "impotencia absoluta" por perjudicar a personas vulnerables.

A la pregunta de si le consta que por parte del centro hubo una oposición a que esta persona accediera y residiera en una de las residencias gestionadas por la fundación, la jefa de servicio ha expresado que no, que “ellos lo aceptaron en el centro”. Además, ha remarcado que sí que se necesitaba un informe favorable por parte de la fundación, en la misma línea que lo declarado por el psicólogo. No solo eso, también que tuviese un grado de discapacidad reconocido superior al 72% y que el destino indicado fuese un hogar residencial y no otro recurso. “Tuvieron una entrevista con él y lo aceptaron. Los centros pueden rechazar a un interno, pero dijeron que sí, lo admitieron”.