Bar cerrado en Sarrià. Razón: ¿un lío extramatrimonial?

El caso se remonta al 21 de febrero de 2020, en los prolegómenos de la declaración del estado de alarma por la pandemia. Esa tarde, la torre que acoge el establecimiento y que le da nombre estaba llena hasta la bandera. Era carnaval. Los estudiantes de las universidades de la zona que habitualmente lo usaban de punto de reunión no habían fallado. Ocupaban las mesas de una terraza donde caben más de 100 personas a medida que se acababan las clases hasta que, a las 18:45 horas, se presentaron ocho vehículos de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana que procedieron a una redada inaudita en los 37 años de vida del local.

12 clientes detenidos

El propietario del establecimiento, Silverio Peñalber, no se encontraba en ese momento en el restaurante. Recibió el aviso alarmado de sus trabajadores. Al presentarse allí, se dio cuenta de que la alerta estaba justificada. “Me trataron como a un narcotraficante”, recuerda. El final de la actuación policial, que también implicó el cierre de la circulación de la manzana, se saldó con 12 detenidos.

Silverio Peñalver, propietario del restaurante La Torreta de Barcelona / LENA PRIETO

Ya en dependencias policiales se les impusieron multas por la tenencia de sustancias estupefacientes. A uno de ellos, que tenía 17 años, por el consumo de una cerveza. El afectado defiende que era sin alcohol, pero nunca se podrá demostrar si tenía o no razón porque no se le realizó ninguna prueba, según explica la defensa del dueño de La Torreta, que asume el bufete Antequera. Todos salieron en libertad a lo largo de esa misma tarde. Allí empezó lo que el restaurador tilda de “pesadilla en toda regla”.

Cinco meses de vía administrativa

El expediente para desarrollar las sanciones se incoó el 12 de septiembre de 2020. “El 2 de febrero de 2021 ya estaba precintado el local de mi representado”, indica la defensa de Peñalber. Asegura que la burocracia administrativa perdió su nombre en la gestión de la primera de las cuatro sanciones que la inspección municipal observó tras la entrada de los agentes. Y se ha sido tan efectivo que, incluso en pandemia, la vía administrativa del caso se ha extinguido en tan solo cinco meses. Lo habitual es que se prolongue durante, mínimo, un año.

Los afectados aseguran que la Administración local les contestaba sus recursos “en cuestión de horas”. De hecho, el precinto del local por seis meses --la sanción máxima que se prevé en la ley-- se realizó tan solo 24 horas después de su notificación a la empresa afectada. A Peñalber no le dio tiempo ni siquiera de vaciar las neveras de La Torreta. Tampoco pudo analizar cómo se iba a recurrir a la justicia. Disponía de dos meses para instar un recurso contencioso-administrativo, pero al ir a los juzgados ya tenía el negocio clausurado.

Cuatro faltas imputadas

Todo ello por considerar que se toleró el consumo de sustancias estupefacientes en el local. Algo que el empresario niega de frente. “Jamás me han gustado las drogas y nunca permitiré el consumo, todos los trabajadores conocen de sobras esta directriz y cuando ven a un chaval que se enciende un porro se le avisa de que lo apague y se le invita a salir”, explica. “Otra cuestión es lo que lleven ellos en los bolsillos, que yo no puedo ni debo comprobarlo”, añade.

Hay otras tres causas abiertas. La presunta venta de alcohol a menores de edad, la inadecuación del rótulo del local a la normativa municipal --“lleva 17 años allí”, lamenta el afectado-- y la inexistencia de un seguro de responsabilidad civil. “Claro que existe, pero no es nominal de La Torreta Gastrobar, está a nombre de la mercantil Atlas Cataluña, que es la explotadora del negocio y que está administrada por Peñalber”, dice su representante legal.

Emerge un prestigioso bufete

Fue en el inicio de la causa judicial cuando el restaurador se llevó “la gran sorpresa”, según relata. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de Barcelona instruye el caso y, tras la entrega por parte del Ayuntamiento de Barcelona del expediente sancionador, la defensa de los responsables de La Torreta se topó con que “se había añadido documentación a la causa instruida en noviembre de 2019”, señala. Es decir, la información que es pública y que, presuntamente, llevó al precintado del local.

“Son varios escritos presentados por un letrado del bufete Roca-Junyent”, añade, “que se considera interesado en la causa”. ¿Qué le había llevado a la causa? ¿A quién representaba? Todo esto son cuestiones que se resolverán en el juzgado de la capital catalana, ya que el consistorio debe resolver ahora un requerimiento de la promotora del establecimiento hostelero en el que se pide saber por qué aceptó la participación del bufete y le reclama más información respecto a quién es su representado.

Con todo, los afectados ya han señalado a un gran empresario de la ciudad… y vecino del local. De hecho, han aportado su nombre en otra causa paralela.

Jordi Rubiralta, Werfen Group

El 17 de junio pasado, el dueño del establecimiento y sus representantes legales instaron una denuncia en la que acusan de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, infidelidad de custodia y revelación de secretos al Ayuntamiento de Barcelona. Todo ello, por aceptar lo que consideran que es una presión que se queda al margen de la ley por parte de “un vecino que llegó en fecha 2016 aproximadamente y con el que inicialmente hubo muy buena relación, y desde hace meses es nula”.

La sede central de Werfen está situada al lado de Fira Gran Vía, en Hospitalet del Llobregat / CG

Se trata del expresidente de Werfen Group, Jordi Rubiralta, actual gestor de todos los negocios en los que está implicada su familia. No son pocos. Los Rubiralta-Giralt son una de las sagas más acaudaladas de España, con un patrimonio neto conjunto entre los cuatro hermanos que supera los 2.000 millones de euros. Además, su vivienda particular está en la misma calle que el bar La Torreta.

Presunta relación extramatrimonial

El escrito que se presentó en el Juzgado de Guardia asegura que Rubiralta manifestó al dueño del establecimiento “que le iba a echar del barrio pero no por lo indicado en la denuncia”. De acuerdo con el relato del propietario, la inquina entre vecinos era la respuesta a una relación “muy puntual” que mantuvo con la esposa del empresario hace años y que se había mantenido en secreto hasta la fecha. Los defensores del propietario del bar la interpretan como “el origen de la interposición de esta denuncia y de estas actuaciones contra mi representada”.

“Nos encontramos con un particular que utiliza todos sus medios personales y económicos para atacar a un negocio que lleva abierto desde hace más de 40 años, y lo hace de forma injusta y sin reconocer la realidad de lo ocurrido”, destaca la denuncia. “Y lo que es también muy grave, una administración que ha actuado de forma desproporcionada, y que sin duda puede verse en el expediente y en su tramitación de forma totalmente inquisitiva”.

Cautelarísimas ante el TSJC

Para intentar frenar lo que los afectados denominan precintado exprés, también se solicitó como medida cautelarísima ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se frenase el proceso. La respuesta fue que el ayuntamiento cuenta con los recursos necesarios para indemnizar a la afectada en el caso de que se demuestre que ha habido una mala praxis administrativa. Se ha interpuesto un recurso a esta decisión, pero aún no se ha contestado.

Peñalber y sus representantes legales recuerdan que todo ello ocurrió por el primero de los cuatro expedientes que se abrieron tras la actuación de febrero de 2020. Esperan no correr la misma suerte con el resto de las causas que aún se deben sustentar y buscan en los juzgados esclarecer “el fondo del caso”. “No conseguirán lo que buscan, seguiremos abiertos”, sentencia el afectado. Por ahora, reabrirá sus puertas tras las vacaciones de verano.