La eutanasia, en el testamento vital

Esta base estatal recoge desde 2013 los documentos de todas las comunidades autónomas, para que los médicos puedan acceder desde donde se encuentre el paciente y garantizarle una muerte con dignidad aplicando las terapias que pidió recibir en caso de estar incapacitado.

Pleno del Congreso en el que se aprobó definitivamente la ley de la eutanasia / EP

No a la vida artificial

Lo más habitual, según una notaría madrileña, es que en ese documento las personas se opongan a que se les apliquen técnicas terapéuticas o médicas que supongan encarnizamiento o un alargamiento artificial de la vida.

Suele reflejar, además, indicaciones sobre donación de órganos o incluso el tipo de enterramiento o de incineración que quiere recibir. En algunos casos, se precisa la persona que, ante la incapacidad de expresarse o de tomar decisiones, se comunicará con el equipo médico y dará los consentimientos necesarios.

Cultura del rechazo

Los firmantes de estas declaraciones, suscritas ante las consejerías o notarios, siguen siendo menores que en otros países europeos. No llegan al 1% frente al 15%, por ejemplo, en Alemania. Los expertos lo atribuyen a la baja aceptación en España cultura de las instrucciones previas, y al rechazo general a  hablar sobre la muerte. La propia y la de los seres queridos.

“Se considera tétrico. Además se confía en que los familiares tomarán las mejores decisiones cuando ellos estén imposibilitados”, asegura Clara Hernando, especialista en estos trámites.

Un hombre disfrazado de parca durante una manifestación de Abogados Cristianos a las puertas del Congreso de los Diputados / EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

Crecimiento disparado

Pero su crecimiento, por amor o temor a la nueva ley, se ha elevado en siete años en un 130%. Cataluña mantiene el liderazgo nacional con 95.658, el 28,4%.

Las mujeres siguen siendo mayoría como demandantes: 220.552 frente a 121.182 hombres. El grueso de firmantes sobrepasa los 65 años y apenas el 16% tienen entre 31 y 50 años. Los menores de 18 años, en las comunidades que lo permiten (Baleares, Navarra, Aragón y la Comunidad Valenciana), ascienden a 35.

Supuesto inédito 

Para la vicepresidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de la Comunidad Valenciana, María José Alemany, la diferencia en las cifras de inscripciones de las autonomías se debe fundamentalmente a las facilidades para realizar la inscripción en organismos e incluso mediante peticiones en el marco de campañas en la calle.

Concentración de Derecho a Morir Dignamente en apoyo a la Ley de la eutanasia / EP

La oenegé que ha batallado desde los 90 por la ley de la eutanasia, introducirá en el testamento vital un supuesto inédito  para que se tengan en cuenta los preceptos de la nueva legislación para los nuevos suscriptores. De paso, aconsejará actualizar los existentes incluyendo la eutanasia activa.

Más valiosos

Los testamentos vitales surgieron para evitar los encarnizamientos terapéuticos. Cuentan incluso con el apoyo de la Iglesia católica, vehemente e histórica opositora a toda regulación de la eutanasia.

La ley, recién aprobada en el Congreso de los Diputados, cambia el escenario al ofertarla junto al suicidio asistido. Sus defensores creen que los testamentos vitales no tienen por qué disminuir.  “Incluso serán más valiosos, ya que se amplían los supuestos en los que la persona puede decidir sobre su derecho a morir con dignidad”, asegura Luis Gómez, de la ADM madrileña.

Miembros del hemiciclo aplauden durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados / EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

Ley para largo

Expertos juristas aseguran que la aplicación efectiva de la ley de la eutanasia va para largo. Independientemente del recurso ante el Tribunal Constitucional, que podría demorarse 10 años como ocurre con la reforma del aborto, la implantación exige 25 actuaciones concretas.

Los plazos para aplicarla en otros países europeos han oscilado entre 12 y 18 meses. Tras los 90 días dados a las comunidades autónomas para ofertar el servicio, debe hacerse un registro para conocer los “objetores de conciencia”, crear todos los modelos de certificados como es el de solicitarla, y determinar el régimen jurídico de la comisiones de garantías y evaluación de sus miembros.

Registro controvertido

La ley da un año para coordinar la formación continuada específica para los profesionales sanitarios que atiendan la ayuda a morir. Pero no concreta quién es el responsable que inyectará la sustancia mortal.

Además, la objeción no está regulada por ley. Los representantes de la profesión médica manifestaron su rechazo al registro antes de la aprobación. Algunos lo califican de inconstitucional porque la inclusión puede ser un elemento discriminador en la actividad profesional. Se avecinan polémicas y suspense si Sánchez se decide por un adelanto electoral.