El exjefe de policía de Santa Perpètua: "Hacíamos lo que nos mandaba el Ayuntamiento"

"Hacíamos lo que nos mandaba el Ayuntamiento". Son palabras de Francesc David Anton, exjefe de la Policía Local de Santa Perpètua de Mogoda que, junto a ocho agentes, fue acusado de falsedad documental y estafa por una alteración del cómputo de horas trabajadas, por la que supuestamente habrían defraudado a las arcas públicas 56.440 euros entre 2010 y 2014 a través de pluses y complementos, por servicios y prestaciones no realizadas. Ahora el juzgado de instrucción número 5 de Sabadell le ha dado la razón y ha archivado la causa, tras la petición de la Fiscalía, que consideró que no existía ninguna prueba de ilícito penal por parte de los investigados. 

En un auto del 17 de junio, la magistada Magdalena Bescós sostiene que "no ha quedado debidamente acreditada la perpetración del delito de los agentes investigados", motivo por el que decreta el sobreseimiento del caso. El procedimiento arrancó en 2016 cuando la Fiscalía Provincial de Barcelona interpuso una demanda contra los policías por estos hechos, a raíz de la denuncia que presentó uno de sus compañeros. Anton recuerda que, tal y como demostró la auditoría externa que solicitó el consistorio, durante esos cuatro años no se generó ningún perjuicio para las arcas municipales sino "un ahorro de 900.000 euros".

Órdenes de recursos humanos

¿Cómo se ha visto envuelto en esta causa? "Como la plantilla era escasa, era habitual tirar de horas extraordinarias. El consistorio, con un plan de medidas de contención económica, dio indicaciones de reducirlas", relata Anton. ¿Cómo? Sustituyéndolas por pluses por nocturnidad u otros conceptos. "Un agente en turno de noche podía cobrar 20 euros más. Si había falta de efectivos durante la tarde se podía efectuar un cambio de turno. Hasta entonces se había computado como horas extraordinarias, pero como suponía unos 300 euros para el Ayuntamiento, se efectuaba el cambio y se mantenía el plus por nocturnidad", explica. Una situación que lleva a que, pese a que el policía no ha realizado el turno de noche, sí cobre por ello. Así, "como no se ajustaba a lo estipulado en el acuerdo laboral, un agente lo denunció ante Fiscalía", recuerda. 

"No hacíamos nada que no estableciesen las directrices del Ayuntamiento, y por escrito, con circulares del departamento de recursos humanos, que decían que había que contener el gasto en horas extras. En base a eso, teníamos que jugar con la movilidad y eso fue lo que hice", señala. El problema fue que, cuando llegó el turno de declarar ante el juez, los dos regidores al tanto de las indicaciones "no fueron lo suficientemente claros", lamenta este agente. "Los políticos titubearon, decían que no recordaban o no que no conocían muy bien las instrucciones". No solo eso, el consistorio de Santa Perpètua se presentó como acusación particular "alegando que así podría acceder a la documentación sobre el procedimiento", explica, lo que ha postergado el archivo de la causa. 

Cuatro años de periplo judicial

Tras la acusación inicial, han pasado 4 años y medios de periplo judicial y, un informe de más de 20.000 folios que ha elaborado la Unidad de investigación de los Mossos d'Esquadra, y que concluye que "los pluses investigados y sus cobros equivalían a pluses efectivamente meritados"; y que solo se puede "constatar contradicción en la plantilla en ocho ocasiones, no dudando que pudiera tratarse de cambios de turno por necesidades del servicio o por cambios entre compañeros", según recoge el escrito de la Fiscalía. Además, otra pericial --la auditoría externa al consistorio de la localidad-- concluye que "no cabría hablar por tanto de perjuicio económico para el Ayuntamiento partiendo de la efectiva prestación de los servicios extraordinarios por parte de los agentes de la policía local". 

Así, el fiscal concluye que no es posible "dirigir acusación alguna contra los miembros de la policía local investigados por un delito de falsedad documental" y exime de responsabilidad tanto al sargento como al jefe del cuerpo al constatar que las modificaciones que realizaron en las hojas de cómputo "devenían de instrucciones realizadas desde el propio Ayuntamiento para rebajar el gasto público".

De jefe a "un cargo en la vía pública"

A pesar de que ahora el exmando de la policía de Santa Perpètua y sus ocho compañeros han podido demostrar su inocencia, Anton sigue ocupando "un cargo en la vía pública" en lugar de la jefatura del cuerpo. En paralelo al proceso judicial, el consistorio decidió abrir un "proceso disciplinario" contra él, que quedó paralizado con la causa penal y que espera que ahora se archive.  Motivo por el que, si desde el Ayuntamiento --del que aún no ha tenido noticias-- no mueven un dedo, no descarta emprender acciones legales. 

"Estoy contento porque se ha hecho justicia, pero la pena de banquillo de cuatro años y medio no me la quita nadie", lamenta. Lo único que espera ahora es que la celeridad con la que el consistorio se apresuró a relevarle del cargo y a abrirle un expediente, se aplique para restablecer su honor y el de sus compañeros. "Tengo 60 años, me gustaría jubilarme como Dios manda. Por mi carrera profesional y también por mi familia. Quiero que quede claro que cumplí con mi obligación e hice lo que se me pidió. No es una cuestión de ambición, sino de ser coherente y justo para dejar un buen legado", sostiene.