Revés de la justicia al Govern por los recortes en ayudas a discapacitados

Revés judicial al Govern por los recortes a la inclusión laboral de las personas con capacidades distintas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha recibido esta semana la petición de ejecución de sentencia que obliga a la Generalitat a devolver unos 30 millones de euros a cerca de 70 centros especiales de trabajo (CET), que favorecen la inclusión laboral de los discapacitados.

Según ha podido saber este medio y ha confirmado la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (Fecetc), el Gobierno autonómico deberá abonar esta cuantía en concepto de los recortes a la bonificación del 50% del salario mínimo correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. Esta organización había presentado recurso contencioso contra el hachazo, y la instancia judicial le dio la razón a finales de 2018. Esta semana acabó el periodo para pagar o presentar recurso, por lo que empieza ahora la ejecución forzosa de la sentencia. En otras palabras: el Govern debe encontrar un mínimo de 30 millones, probablemente más, para compensar a los centros que ficharon a personal con minusvalía y no recibieron ayuda alguna.

"2.000 trabajadores afectados"

Con la ejecución forzosa de la sentencia, se abren tres escenarios. "No se puede embargar a la Generalitat de Cataluña, por lo que ésta deberá pagar para no incumplir una resolución judicial. O bien tendrá que lanzar nuevas convocatorias de subvenciones, lo que es harto improbable por el lío que supondría. La tercera opción, la más viable, es que el Govern tenga a bien negociar y pague a plazos", ha explicado Josep Maria Solanelles, vicepresidente de Fecetc.

Chakir el Homrani, consejero de Trabajo, deberá pagar a los centros especiales de trabajo (CET) / CG

Chakir el Homrani, consejero de Trabajo, deberá pagar a los centros especiales de trabajo (CET) / CG

"Los recortes los aprobó el Govern de Artur Mas en 2011. Cortó de un plumazo las subvenciones a las nuevas incorporaciones a los CET a partir de una fecha determinada. Con ello, congelaba plantillas de personas con capacidades distintas. Desde aquel año hasta 2013, cada centro de empleo presentó su recurso por libre, por lo que algunos cobraron y otros no. A partir de 2014 la Fecetc empezó a pleitear judicialmente cada convocatoria", ha agregado el directivo. La organización ha ganado al Govern y cobrará los dos ejercicios. ¿Qué cantidad está en disputa? "La subvención del 50% de los nuevos empleados de 2014 y 2015. Más las ayudas a los centros que se crearon después de 2011 y que ya ni vieron", cuantifica Solanelles. En total, habría unos 70 talleres y oficinas y unos 2.000 empleados afectados.

Batalla contra un nuevo 'recorte' de Bassa

Además de este revés judicial, cabe recordar que los centros especiales de trabajo (CET) y el Govern también están a la greña por la convocatoria de subvenciones de 2017 y 2018. Aquel año, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que entonces comandaba Dolors Bassa (ERC), pergeñó un supuesto "acuerdo marco" con la otra patronal, Dincat. Con arreglo al mismo, la Generalitat recortaba al 25% el pago de parte del salario mínimo a los discapacitados con un 33% o menos de minusvalía. Se reservaban las ayudas del 50% para los empleados con una discapacidad mayor.

Fue, en realidad, un recorte encubierto que acabó también recurrido ante el TSJC. La sala contenciosa aún no ha fallado sobre este asunto ni sobre la convocatoria de 2018, que mantuvo el hachazo a los pagos de parte del salario a los centros de empleados con menor discapacidad. En paralelo a ello, dichas empresas siguen cobrando con retraso --cuando antes recibían anticipos--, lo que complica aún más su situación financiera.