El TSJC desestima las medidas cautelares que Acciona pidió para quedarse en ATLL

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un espaldarazo a las tesis de la Generalitat en la liquidación de Aigües Ter Llobregat (ATLL). La sala de lo Contencioso Administrativo ha comunicado el mediodía de este miércoles que desestima las pretensiones de la actual concesionaria del servicio, un consorcio liderado por Acciona que cuenta con las familias Rodés y Godia-Torreblanca y el fondo internacional Pioneer Point Partners como minoritarios.

Habían solicitado como medida cautelar que se anulara la creación de la comisión de liquidación que fija un coste económico para el cambio de titularidad del servicio. Una vía para quedarse al frente de la compañía como gestor provisional hasta que se resolviera la pugna que mantienen con el Gobierno de la Generalitat. El contencioso sobre la factura final de la liquidación. Defendían que llegar a un pacto económico era una cuestión previa e ineludible antes del cambio en la gestión.

Respuesta del TSJC

“No cabe acceder a las medidas cautelares solicitadas”, sentencian los magistrados de la sala e la nueva interlocutoria. Señalan que el “recurso [que presentó Acciona] se dirige contra una resolución administrativa dictada en ejecución de sentencia”. Una formalidad que responde a la judicialización de la nueva guerra del agua en Cataluña.

Cabe tener en cuenta que en el mismo tribunal también se dirime la llamada cuestión de fondo. Es decir, el debate sobre si el consorcio tiene derecho a cobrar la indemnización que se contemplaba en el contrato de concesión que se firmó en 2012 además del lucro cesante. Así lo demanda Acciona y sus socios, cuestión que es rechazada de frente por la Generalitat.

Comparecencia parlamentaria

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha defendido este mismo miércoles que el contrato “no ha existido y no es convalidable, por lo que no estamos ante una resolución sino ante una restitución de bienes y prestaciones”. En ella, el Gobierno catalán reconoce un “10% de beneficios para la concesionaria para no concurrir con un enriquecimiento ilícito de la Administración”.

El vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (i), y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (d) / EFE

El vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (i), y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (d), antes de comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre la liquidación de ATLL / EFE

Así lo ha manifestado en una comparecencia en la comisión de Medio Ambiente en el Parlament junto al vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (ERC). Ha sido al final de la sesión cuando el Gobierno catalán ha recibido el comunicado del TSJC sobre el sentido de su decisión.

Argumentos del TJSC

Los magistrados de la sala explican que la “jurisprudencia ha distinguido entre una doble vía de impugnación de actos y disposiciones dictadas en ejecución de una sentencia firme que, a su vez había declarado la nulidad, en todo o en parte, de un acto o disposición general anterior”. Tal y como se alega en el incidente de ejecución de sentencia que se promovió desde la gestora provisional del servicio.

Pero señala que esta doble vía “no habilita a simultanearlas cuando, como en este caso, el acto se refiere a la ejecución de sentencia firme y las cuestiones que se suscitan pueden dirimirse en sede de incidente de ejecución”. Un cambio que implica que “desde esta perspectiva, no cabe acceder a las medidas cautelares solicitadas pues el recurso se dirige contra una resolución administrativa dictada en ejecución de sentencia”. Se tarta de cuestiones técnicas que, por ahora, habilitan al Gobierno catalán a forzar el cambio en la gestión de ATLL, una compañía que facilita que cinco millones de catalanes dispongan de agua potable. 

Desahucio administrativo

De forma oficial, la Generalitat debía recoger el testigo del equipo de Acciona en la compañía el pasado 1 de enero. Calvet y Aragonès han explicado en el Parlament que esa jornada entró en marcha la nueva corporación pública que se deberá encargar de llevar el día a día de ATLL y que se dio de alta a los 250 trabajadores de la compañía en la Seguridad Social. Pero no pudieron acabar con los trámites ante el “bloqueo” de la concesionaria, en palabras del titular de Territorio.

Por una cuestión de “prudencia”, según el político republicano, se decidió esperar para forzar el desahucio administrativo hasta que no se concluyera el debate abierto. Se espera que como muy tarde se prolongue hasta el 5 el febrero.

Los portavoces del consorcio ya habían dejado claro que, llegado el momento, no se iban a oponer al cambio si así lo indicaban los tribunales. Aragonès ha dejado claro que la Generalitat litigará si se oponen a ello. Este capítulo de la guerra del agua en Cataluña se resolverá a lo largo de los próximos días.