6.000 discapacitados están sin cobrar por el embrollo catalán

6.000 trabajadores discapacitados, atrapados sin cobrar por el embrollo catalán. Miles de empleados con minusvalía de centros especiales de trabajo (CET) de Cataluña han quedado impagados a la espera de que la consejería de Trabajo o el Ministerio de Empleo reaccionen antes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Son, concretamente, unos 1.800 profesionales con gran minusvalía (del 50% o más) y unos 4.000 con discapacidades sensoriales, orgánicas y físicas (33% o menos).

Se les deben varias nóminas de este año con fechas anteriores y posteriores al recorte a las ayudas del salario mínimo interprofesional (SMI) que acometió la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa en julio.

"Todo va tarde"

Quien lo denuncia es Julio Martínez, presidente de la Federación de Centros Especiales de Trabajo (FECETC). Según el directivo, el Govern depuesto sacó "tarde" las bases de la segunda convocatoria, que debía poner los pagos al corriente.

"Bassa la aprobó como una de las últimas medidas del mandato. La secretaria de Estado de Trabajo la recogió y la impulsó, pero los plazos van ya muy justos. Los centros sufren y pagan como pueden, si es que lo hacen", ha lamentado.

Martínez recuerda que sólo regularizar las nóminas de los discapacitados menores costará a las arcas públicas 8,9 millones de euros. "Me pregunto si las administraciones han provisionado los fondos suficientes", alerta.

"Refinanciamos o lo que haga falta"

Uno de los centros afectados por estos retrasos es Basedi. La firma de controles de acceso, porterías y conserjería lamenta que "hasta hace poco no se ha empezado a pagar algo".

Emplea a unas 110 personas, y sólo está recibiendo las subvenciones para la plantilla con gran discapacidad. "El resto se ha empezado a abonar hace poco", ha explicado Sara Mesa, trabajadora social de la empresa con sede en Barcelona.

¿Cómo aguanta esta empresa de inserción? "El jefe renegocia créditos con el banco. Hace lo que puede. Pero otras muchas empresas están peor", admite Mesa.

Recorte de la Generalitat

Cabe recordar que la Generalitat subvencionaba hasta julio el 50% del SMI a los 15.150 empleados de los 207 centros especiales de trabajo que operan en el territorio.

Una reforma de la entonces consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, recortó las ayudas a los empleados con menor diversidad funcional (unos 6.000) hasta el 25%.

La normativa acabó recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que aún no se ha pronunciado. La nueva convocatoria de ayudas, con el hachazo incorporado, es la que se está pagando tarde ahora.