El sindicato CSIF ha pedido hoy jueves, 16 de agosto, denunciar en la Fiscalía los chivatazos del gobierno municipal de Ada Colau a los manteros de Barcelona antes de las redadas policiales. La agrupación ha recordado el "apoyo institucional" de la alcaldesa de la Ciudad Condal al colectivo de vendedores ambulantes y la "cercanía" de miembros de su equipo de gobierno al top manta.
En un comunicado público, la representación de la parte social en la Guardia Urbana de Barcelona ha alertado de que en determinadas operaciones policiales contra los manteros "ha habido una fuga de información que ha prevenido" a los vendedores. Ello ha resultado en que "el resultado de las macrooperaciones fuera un fracaso o no cumpliesen del todo los objetivos que se habían fijado policialmente".
A Fiscalía
Tal y como hizo ayer Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal popular, CSIF ha pedido al sindicato mayoritario Sapol, que denunció los hechos mediante nota pública, que traslade el caso a la Fiscalía o al juzgado de guardia para que la autoridad judicial indique si hay delito cometido por el Ayuntamiento de Barcelona.
La agrupación ha manifestado su apoyo a Sapol "si las informaciones son ciertas" y se ha ofrecido a personarse en la causa judicial contra el Ejecutivo local del segundo mayor consistorio de España si el sindicato mayoritario aporta las pruebas que obran en su poder de los preavisos al colectivo de manteros sobre redadas policiales.
Colau: reprobada por la oposición
Cabe recordar que el problema de los manteros se ha convertido en un quebradero de cabeza para la munícipe de Barcelona, Ada Colau. La agresión de un vendedor ambulante a un turista el pasado miércoles, 1 de agosto, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la oposición con este fenómeno, con el incivismo y la violencia en el espacio público de la capital catalana.
Tras la brutal paliza al visitante, la oposición en pleno salvo la CUP reprobó la gestión de la primera edil y pidió su dimisión como concejal de Seguridad. Grupo Demòcrata, Ciudadanos, PSC, ERC, PP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, exigieron además el cumplimiento del plan de choque contra los narcopisos y el despliegue de las medidas contra la venta ambulante aprobadas en las comisiones municipales y el plenario habida cuenta de la "incapacidad manifiesta" del gobierno municipal para lidiar con ambos problemas.