Una mujer examina una de las piezas de arte del monasterio de Sijena en el Museo Diocesano de Lleida / EFE

Una mujer examina una de las piezas de arte del monasterio de Sijena en el Museo Diocesano de Lleida / EFE

Vida

El juez autoriza el uso de la fuerza para recuperar las obras de Sijena

El magistrado de Huesca exige el traslado de las 44 obras ante la falta de colaboración del Museo de Lleida

8 diciembre, 2017 01:01

El magistrado suplente del Juzgado de Primera Instancia 1 de Huesca ha autorizado el uso de la fuerza para llevar a cabo el traslado de los 44 bienes del Monasterio de Sijena pendientes de devolución ante la falta de colaboración del Museo de Lleida para facilitar el proceso.

En un auto dictado ayer en el que confirma una reciente providencia en la que acuerda la ejecución de la sentencia que obliga a Cataluña a reintegrar las piezas a su ubicación original, el juez autoriza a la Guardia Civil a entrar a partir de la medianoche del próximo día 11 en el museo.

El papel de Méndez de Vigo

El responsable judicial se apoya en un informe de la Guardia Civil que advierte de la ausencia de colaboración por parte de los responsables de la institución museística de Lleida a colaborar en la ejecución de la sentencia.

La nueva providencia del juez de Huesca coincide en el tiempo con la presentación por parte de la Generalitat de un recurso ante este mismo órgano judicial contra la providencia que pone como plazo máximo para el reintegro de las piezas el próximo día 11.

Un recurso del que el Gobierno aragonés responsabiliza al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, como titular de la consejería del ramo de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Falta de respeto

En Aragón, en palabras de la consejera de Cultura del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, la autorización del ministro a la presentación del recurso constituye una "insoportable falta de respeto" hacia Aragón, además de un sometimiento a "los intereses de Cataluña por encima de las decisiones judiciales".

"Deslealtad" y "cobardía" han sido los calificativos utilizados por la responsable política aragonesa para referirse a la posición del ministro en el litigio, tras anunciar días atrás que no iba a recurrir la orden de ejecución de la sentencia.