La querencia del independentismo por los juzgados va más allá de los delitos contra la democracia y las libertades públicas. Hay más especialidades. Por ejemplo, el presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. He ahí al abogado de Carles Puigdemont y uno de los redactores principales de la ley de amnistía, el letrado que introdujo los retoques de última hora que han permitido que la ley no pueda aplicarse en su literalidad. Esa "aportación" es la que permite a algunos conspicuos independentistas sostener que Gonzalo Boye es, supuestamente, un confite de los servicios secretos.
En la mala fama de Boye, patrón del Observatorio DESC (derechos económicos sociales y culturales) del que salieron Jaume Asens, Gerardo Pisarello y Ada Colau, influye sobremanera la catadura de sus clientes, entre los que se cuenta el narcotraficante Sito Miñanco, uno de los reyes de la fariña. Total, que ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra una serie de elementos entre los que se cuenta el abogado preferido de los independentistas, un hombre que se sacó el título en la cárcel, donde cumplía condena, angelito, por el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Se le acusa a Boye de blanqueo de capitales, cosa que como es natural niega con gran alarde de clamores y golpes en el pecho. Arriesga nueve años de cárcel, amenaza que atribuye a su condición de letrado de Puigdemont.
El hombre acudió al juzgado arropado por la plana mayor de Junts y por nueve amigos que sostenían una pancarta con la leyenda "never surrender". La peripecia queda perfectamente recogida en una crónica de El Español que lleva este título: "El jefe policial que investigó a Boye dice que "dirigía" la recuperación de un dinero "de la organización de Sito Miñanco"". En el subtítulo se explica que ""En las conversaciones que interceptamos quedaba claro que estaban falsificando documentos para poder recuperar un dinero que venía del tráfico de drogas", afirma el inspector". El texto es de María Peral y arranca así: "El inspector de la Policía Nacional que instruyó el atestado sobre la 'operación Mito', relacionada con el presunto intento de introducir en España cuatro toneladas de cocaína por parte del histórico narcotraficante Sito Miñanco, ha asegurado este lunes ante el Tribunal que el abogado Gonzalo Boye "dirigió" el plan para tratar de recuperar cerca de 900.000 euros confiscados a la organización. Boye, defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont, se sienta en el banquillo de los acusados junto a otras 47 personas -entre ellas, el propio Sito Miñanco- en un juicio que arrancó pese a la pretensión de varias defensas de que se suspendiera. El presidente de la Sección Penal Tercera, Alfonso Guevara, veterano en estas lides, sorteó la ausencia de un acusado que está preso en Dakar (Senegal), de otro que no ha comparecido (cuya busca y captura ordenó) y de un tercero que estaba en el médico forense. Guevara acogió los argumentos de los fiscales antidroga Ángel Bodoque y Cristina López Amat de que la falta de estos acusados no afecta al enjuiciamiento de los demás y, tras escuchar breves exposiciones de las cuestiones previas, que se resolverán en sentencia, dio paso a la práctica de las pruebas. Los acusados declararán al final".
Sigue la nota: "El instructor de las diligencias que la Policía llevó a cabo entre 2016 y 2018 fue el primero en responder a la acusación pública. Recordó que la investigación se inició cuando observaron que José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, aprovechaba que se encontraba en régimen abierto en el centro penitenciario de Algeciras (Cádiz) -donde cumplía otra condena por narcotráfico- para "retomar su actividad delictiva". "Sito Miñanco es un empresario del tráfico de drogas y no ha habido en España nunca una organización tan potente como la suya", dijo el agente. "Tenía expertos en todo, hasta de telecomunicaciones, un astillero donde fabricaban sus propias embarcaciones. Y abogados", ha dicho. Uno de ellos, Gonzalo Boye, le escuchaba sentado en la quinta fila del nutrido banquillo, aunque, por su condición de letrado, hubiera podido situarse en los estrados. "No quiero privilegios, solo quiero justicia", ha manifestado. Boye ha reiterado que "estoy aquí acusado por hacer mi trabajo como abogado"".
Y: "La veintena de dirigentes de Junts per Catalunya que le han arropado a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional -entre ellos Jordi Turull, el expresident Quim Torra y los portavoces en el Congreso y el Senado, Miriam Nogueras y Eduard Pujol- han manifestado que es "un montaje con claras motivaciones políticas" y que Boye no estaría en el banquillo si no fuera el abogado de Puigdemont. El mando policial responsable de la 'operación Mito' lo describió de un modo muy distinto. Explicó que el 6 de febrero de 2017 (es decir, antes de los sucesos del 'procés' de otoño de ese año) agentes de aduanas incautaron en el aeropuerto de Madrid Barajas 889.620 euros y detuvieron a varias personas a las que la Policía vincula a la organización de Sito Miñanco, entre ellos a Manuel Pedro González Rubio, antiguo cliente de Boye. "Ese dinero es de José Ramón", dijo el inspector, contradiciendo la tesis defensiva de Boye de que los fondos pertenecían a González Rubio y los llevaba a Colombia para un negocio empresarial lícito".
Más independentistas con problemas con la justicia que nada tienen que ver con su ideología. El bueno de Lluís Puig, efímero consejero de Cultura del Govern de la asonada, está ilocalizable de vacaciones en Francia, según la fiscalía belga. Se le requiere para testificar como acusado por la negativa a devolver el arte sacro del monasterio de Sijena. "El TSJC aplaza el juicio contra Lluís Puig (Junts): la fiscalía belga dice que está ilocalizable", destaca un titular de Crónica Global. El texto empieza así: "El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido el juicio que debía de celebrarse esta semana telemáticamente desde Bruselas contra el exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, al alegar la fiscalía belga que se encuentra ilocalizable de vacaciones en Francia, sin responder a su teléfono móvil".
Pues muy bien. Resulta que Puig establece un precedente, el de no comparecer en un juicio, aunque sea de forma telemática, porque no le sale del níspero, está de vacaciones (en noviembre) y no responde al celular. Con un par.
El texto de Crónica Global sigue así: "La decisión se ha comunicado este lunes desde la sala de lo civil y penal del TSJC, tras recibirse el pasado día 14 un correo electrónico desde el Parket judicial de Bruselas. En el mismo se informa de que la citación a juicio, recibida dos días antes en dicho órgano de justicia belga, no ha podido llevarse a cabo porque los agentes policiales que la trasladaron fueron informados por los vecinos del exconseller de que estaba de vacaciones en Francia, y se desconocía la fecha de su regreso. El tribunal catalán acuerda en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, comunicar a las partes implicadas, así como a testigos y peritos, la suspensión de la vista y señalar una nueva fecha para los días 20 y 21 del mes de febrero del año próximo. Ordena, además, informar de la situación a los organismos con los que se iban a realizar pruebas testificales por medio videoconferencia, expedir una Orden de Investigación Europea para la citación del acusado para que comparezca al juicio oral en la nueva fecha señalada, y abrir un periodo de tres días para recurrir la decisión adoptada en reposición".
Y: "La suspensión se produce a pesar de que el TSJC había advertido previamente de que, en caso de ausencia "injustificada" de Puig en su comparecencia telemática, el juicio podría no suspenderse y continuar con su celebración, según lo previsto en la ley de enjuiciamiento criminal, que permite que en delitos como la desobediencia se pueda juzgar en ausencia del acusado. La Fiscalía pide para Puig, en la actualidad diputado en el Parlament de Cataluña, una condena de dos años de inhabilitación y 5.940 euros de multa por un delito de desobediencia, al desoír supuestamente la orden judicial para que la Generalitat devolviera al Monasterio de Sijena varias obras de arte depositadas en el Museo de Lleida, cuya propiedad aragonesa estableció el Juzgado de lo Civil número 1 de Huesca en una sentencia confirmada por la Audiencia de Huesca y el Tribunal Supremo".
Más noticias. Los apuros del Gobierno por los enfrentamientos entre sus socios. "El Gobierno se compromete con ERC y Bildu a prorrogar el impuesto a las energéticas y salva su paquete fiscal", señala un titular de El Periódico. En el sumario se advierte de que "El Ejecutivo puntualiza que no gravará a las empresas comprometidas con la "descarbonización" para mantener su acuerdo con Junts". Escribe Miguel Ángel Rodríguez: "Giro de guion de última hora. Ante la falta de apoyo al proyecto de ley del impuesto mínimo global a las multinacionales, exigido por la Unión Europea, el Gobierno se ha comprometido con ERC, EH Bildu y BNG a prorrogar el impuesto a las empresas energéticas durante un año más para lograr su apoyo. Sin embargo, tras la aprobación de la ley, el Ministerio de Hacienda ha aclarado que se excluirá a las empresas comprometidas con la descarbonización, donde podría incluirse a Repsol, para respetar su acuerdo con Junts. Además, las tres formaciones de izquierdas han aceptado también prorrogar el impuesto a la banca en los términos que pactó el PSOE con Junts y PNV. Con este pacto el Ejecutivo ha logrado salvar la fiscalidad mínima global del 15% para las multinacionales y varias de las medidas de su plan fiscal que ya se han introducido en la norma".
Y: "La semana extra de negociación que el PSOE se dio para intentar poner de acuerdo a todos sus socios no ha dado sus frutos. Ha tenido que ser en el tiempo de descuento, tras suspender la comisión de Hacienda de este lunes a las 21:00, cuando el Gobierno ha logrado dar con la fórmula que le permite salvar el impuesto mínimo global y otras medidas fiscales impulsadas por el Ministerio de Hacienda con el beneplácito de sus socios. Ya en la madrugada del martes, la comisión de Hacienda, con los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, ha aprobado el dictamen de la ley. En frente, tan solo PP y Vox, que han denunciado enérgicamente que la comisión ha estado "secuestrada" durante más de cuatro horas".
El exfutbolista del F. C. Barcelona Gerard Piqué está en la mira del independentismo juvenil. Los cachorros de la CUP le acusan, ojo al piojo, de ser el culpable de la subida de los precios de la vivienda en la Cerdaña. "Arran vandaliza la casa de Gerard Piqué en la Cerdanya: 'Fuera pijos, no somos vuestro decorado'", destaca El Nacional. La información es de Marta Sánchez Iranzo: "La juventud de Arran ha atacado la casa de Gerard Piqué en la Cerdanya. En concreto han hecho unas pintadas con un espray verde en la fachada de su casa de lujo. En un vídeo difundido en sus redes sociales, la organización juvenil vinculada a la CUP ha compartido un vídeo donde muestran la segunda residencia del exfutbolista del FC Barcelona y la vandalizan para denunciar la crisis de la vivienda y los actuales precios del alquiler en el Pirineu. En la publicación en la cuenta de X Arran advierte: "pasamos a la ofensiva contra el monocultivo turístico que ahoga el Pirineu, contra los pijos, los rentistas y los especuladores que hacen de nuestras vidas una miseria". El vídeo, acompañado de imágenes de los Pirineos empieza preguntando: "¿Estás harta de tener que marcharse a vivir fuera para no poder pagarte una vivienda digna en la Cerdanya?" y añaden "hoy te explicaremos algunos consejos prácticos sobre cómo tomar partido"".
Piqué no debe salir de su asombro al verse tratado como si fuera un juez del Tribunal Supremo o un político españolista, él, que llegó a participar en manifestaciones a favor de la independencia y que tanto se quejó de las cargas policiales del 1-O. Y ahora van los niños y niñas de la CUP, en su mayoría hijos de papá, y le marcan la vivienda.
En Barcelona sigue la polémica por el derbi entre el Europa y el Sant Andreu, acreditadas entidades en la lucha contra el fascismo según dicen sus grupos de animación. Aficionados del Europa, por ejemplo, gritaron en el estadio del Espanyol ese "¡Puta España!" que distingue a los partidarios irredentos de la independencia. Y aficionados del Sant Andreu fueron los que apalearon a dos mujeres que pedían firmas para que la selección española jugara en Cataluña en pleno 'Procés'. Pero a pesar de los objetivos comunes, la ideología compartida y el antifascismo de mena, resulta que las partes más radicales de ambas aficiones se llevan a matar. Como decíamos ayer, el partido celebrado en el campo del Europa se tuvo que suspender cuando el marcador señalaba un 3-5. La celebración de los del Sant Andreu provocó que la valla cediera.
La reacción del Ayuntamiento, propietario del campo, queda reflejada en El País en estos términos: "El Ayuntamiento de Barcelona descarga sobre el Europa la responsabilidad del mantenimiento del campo tras los altercados". Escribe Irene Guevara: "El encuentro entre el Europa y el Sant Andreu de este domingo tuvo que terminar antes de tiempo. El derbi catalán se suspendió en el minuto 47 por la caída de la valla del gol norte del Nou Sardenya —el campo del Europa con capacidad para 4.000 espectadores— tras la celebración del quinto gol del Sant Andreu. En ella se encontraba los Desperdicis, grupo radical de aficionados del equipo visitante, y un centenar de espectadores y algunos periodistas cayeron al terreno de juego. Las asistencias médicas y la seguridad del campo acudieron rápidamente para asistir a los afectados, con algunas contusiones y heridas leves, según el Sant Andreu en una publicación. No es la primera vez que sucede: ya en enero de 2020, en un encuentro entre ambos equipos, la valla cedió. Por ello, el Sant Andreu ha emitido un comunicado en sus redes sociales. “Todo el mundo debe ser consciente de que podría haber sucedido una tragedia. Debe hacer reflexionar a los responsables del mantenimiento de estas instalaciones”, se lamentó el club catalán".
Sigue Guevara: "En el escrito, el club detalla que hace tiempo que reclaman al Ayuntamiento una mejora de las instalaciones de su campo, el Narcís Sala, y que les consta que “el Europa también lo ha solicitado para el Nou Sardenya”. “Son dos estadios que necesitan mejoras urgentes para acoger partidos de esta envergadura”, prosigue el club. “Lamentamos la caída de la valla, que hace tiempo que estaba envejecida como otros aspectos del estadio”, empieza el comunicado del Europa, en el que explican que el Ayuntamiento se puso en contacto con el club después del incidente para “ponerse a su disposición y encontrar la solución para cambiar la valla”. “Nosotros hemos hecho las adecuaciones y reparaciones que estaban en nuestra manos, […] pero ha llegado la hora de que el Ayuntamiento haga las adecuaciones importantes que hace tiempo que el estadio necesitan”, añaden en el texto".
Y: "El Nou Sardenya, de titularidad municipal, se gestiona mediante una concesión en la que la explotación del campo y los beneficios reportan directamente al club. Desde el Ayuntamiento aseguran que el club es el responsable de la gestión, conservación en términos de seguridad y buen estado de la instalación, así como del mantenimiento ordinario. Añaden, además, de que el distrito tiene relación con el club en diferentes niveles, y que en estos últimos años han invertido 375.000€ para renovar el césped en 2022 y 330.000€ en el iluminado en 2021, entre otras mejoras. Pero que el mantenimiento de la valla que cedió y el resto de elementos del estadio forman parte del cuidado básico a cargo del club. Este lunes por la mañana, los responsables técnicos municipales han visitado las instalaciones y, según el Ayuntamiento, han constatado que el mantenimiento de la valla era insuficiente. Para garantizar el buen estado del campo se realizará una auditoría sobre su conservación y mantenimiento".
19 de noviembre, santoral: Profeta Abdías, Azas, Bárlaam, Eudón de Le Puy, Federico Jansoone, Matilde de Hackeborn, Máximo de Cesarea y Simón.