Justo hace una semana, en el Congreso de los Diputados se aprobó por 305 votos a favor, 32 en contra y una abstención la toma en consideración de la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra los menores de edad. Una decisión que, a su vez, coincidió con la primera condena por pederastia contra un monje de la Abadía de Montserrat, que aceptó dos años de prisión por abusar sexualmente de un menor de edad en mayo de 2019.
Dos fallos que, en paralelo, concurren este martes con la celebración del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niños: una lacra que sigue manchando hogares, instituciones y escuelas y llenando las salas de vistas en los juzgados de todo el país. Tomar la decisión de denunciar no es fácil, pueden pasar años. Décadas, incluso. Bien lo sabe Miguel Hurtado, el hombre que destapó los abusos en la Abadía de Montserrat.
Hurtado se ha convertido en una de las caras visibles de la lucha contra el abuso infantil en España. Su voz ha servido de altavoz para muchas otras víctimas que, como él, sufrieron los abusos en silencio. Tras las últimas informaciones judiciales y políticas, Hurtado habla con Crónica Global del encubrimiento sistemático de la abadía y del silencio de las administraciones.
- ¿Cómo valora la sentencia que condena a un monje de Montserrat por abusar de un menor en 2019?
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Creo que es una sentencia histórica, porque tradicionalmente se ha considerado que hay ciertas instituciones en Cataluña que son vacas sagradas, y entre ellas estaba la Abadía de Montserrat. Y ser una vaca sagrada significaba que podías gestionar internamente conductas delictivas y transformar los delitos en pecados. Se solucionaba con penas de oración y penitencia, pidiendo perdón, y ya está.
El fallo demuestra que, a partir de ahora, en Cataluña, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Si tú abusas de un menor, aunque seas un monje de la Abadía de Montserrat, vas a tener que responder ante la justicia. Hay una larga historia de 50 años de abusos sexuales en la Abadía, ha habido tres monjes acusados y este caso es el único en que la víctima, en vez de ir a hablar con el abad, acudió directamente a la justicia.
- ¿Cree que esta decisión judicial puede marcar un punto de inflexión en la forma en que la Iglesia aborda los casos de abuso sexual?
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Creo que pone un límite al comportamiento de la Iglesia. A partir de ahora, estos casos los gestiona la justicia. Luego, cuando la justicia ya ha actuado, la Iglesia puede abrir un procedimiento canónico, que no deja de ser un procedimiento disciplinario, para que, además de la condena penal, puedan poner una condena disciplinaria, que en estos casos tan graves debería consistir básicamente en la expulsión del estado religioso.
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La abadía ha aceptado la condena del monje. ¿Qué opinión le merece esta reacción? ¿Cree que es sincera o responde a la presión pública?
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La manera de valorar si estas disculpas son honestas o falsas es el comportamiento global que ha tenido la Abadía ante los casos de abuso sexual. No es la primera vez que piden perdón; ya lo hicieron en 2019, cuando se publicó el informe sobre abusos en el que se demostró que había habido dos monjes pederastas: uno, mi agresor, el Germà Andreu, que abusó de 12 víctimas durante 30 años; y luego un monje de la Escolanía, que había abusado de dos escolans. Ya pidieron perdón; ahora bien, ¿qué hicieron después? Nada.
Lo lógico es que si pides perdón, reconoces que ha habido estos comportamientos delictivos y que has sido incapaz de prevenirlos, establezcas un mecanismo de reparación integral del daño; y esto incluye una indemnización económica.
En 2019, como estaba todo prescrito y no había sentencia judicial, la Abadía se negó a pagar indemnizaciones. Ahora ha aceptado a pagar una compensación de 25.000 euros porque la justicia le ha obligado, lo que demuestra es que son profundamente hipócritas.
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¿Qué medidas concretas, en su opinión, debería tomar Montserrat para garantizar justicia a las víctimas y evitar futuros casos?
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La ley de protección en la infancia, la LOPIVI, incluye medidas de prevención y detección precoz y la Abadía tiene que tener un protocolo que incluya estos dos tipos de medidas. Primero, tiene que haber una regla sobre que los monjes de Montserrat, o los empleados, no se puedan quedar a solas con menores.
También tiene que haber un coordinador de protección que sea conocido en todas las actividades en las que atienden a menores, de manera que si un menor es abusado, sepa inmediatamente a quién acudir. Y tiene que haber una norma para que cualquier notificación de abuso sexual se comunique inmediatamente a la justicia.
Miguel Hurtado, primer denunciante de la pederastia clerical en la abadía de Montserrat, solicita frente al Congreso la creación de una "comisión independiente" / EUROPA PRESS
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Ha señalado anteriormente una cultura de encubrimiento dentro de la Iglesia. ¿Considera que la abadía de Montserrat ha hecho lo suficiente para esclarecer todos los casos denunciados en su comunidad?
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La Abadía de Montserrat ha tenido un comportamiento activo. Pero ha tenido un comportamiento activo para ocultar, para silenciar, para impedir que estos hechos salgan a la luz.
En 1999, expliqué por primera vez los abusos sexuales que había sufrido a uno de los monjes de la Abadía, el Germà Sant Romà, que se lo dijo al abad Bardolet. Durante las dos décadas siguientes, ni lo denunciaron a la justicia, ni abrieron un procedimiento canónico, ni buscaron nuevas víctimas, ni avisaron a los padres, ni abrieron ningún proceso para intentar reparar el daño que habían causado.
- Además de los monjes condenados, ¿cree que debería investigarse a fondo la responsabilidad de quienes encubrieron los abusos?
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Cuando se habla de encubrimiento, se puede entender de dos maneras. Una es, según lo que dice el Código Penal, que describe unas conductas muy específicas, y, la otra, según el Diccionario de la Real Academia Española, que básicamente se refiere a silenciar, ocultar, guardar un secreto; una serie de comportamientos que pueden no ser delictivos, pero son inmorales.
Siempre hemos dicho que los abades que encubrieron tienen que asumir responsabilidades, pero nadie ha secundado nuestra petición. El gran tabú que queda por abrir es la responsabilidad institucional, estructural y sistémica de los que han dirigido la Abadía.
- ¿Qué herramientas o recursos considera fundamentales para que las víctimas puedan denunciar y obtener justicia?
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Hay dos medidas que son extremadamente útiles, y que tienen la ventaja de que no se necesita dinero para aplicarlas: la imprescriptibilidad penal y civil.
La penal, que se debatió en el Congreso, es para que las futuras víctimas puedan denunciar cuando estén preparadas; para que no pase lo que pasa ahora, que una víctima está preparada, quiere denunciar y le dicen que todo está prescrito. Esa ley será muy reparadora, porque significará que nuestra denuncia pública ha servido para algo, pero no nos beneficiará directamente.
Para eso está la imprescriptibilidad civil retroactiva, algo que la Generalitat puede hacer porque tiene plenas competencias en el Código Civil. Significa que si la Abadía de Montserrat se niega a indemnizar a las víctimas, podremos denunciarles ante la justicia civil porque no habrá plazos de prescripción civil, se habrán eliminado. Así, las víctimas podríamos exigir el pago por las secuelas que hemos arrastrado.
Fachada del Congreso de los Diputados
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Desde que destaparon los abusos en Montserrat, ¿ha percibido un cambio en la sociedad catalana en cuanto al rechazo de estos casos y la búsqueda de justicia?
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Estamos en un proceso de transición entre un pasado que no acaba de morir y un futuro que no acaba de nacer. La respuesta que la sociedad catalana o española da ahora a las cuestiones de pederastia es muy distinta a la de hace diez años.
El hecho de que ha habido un proceso judicial donde se ha denunciado a un monje de Montserrat y no haya habido reacción negativa, sino que el proceso judicial ha seguido su curso, ya muestra un cambio. Hace 15 años, esto se habría visto como un ataque a Montserrat y a la nación catalana. Pero, desde mi punto de vista, falta indignación ciudadana. La gente te lo dice en petit comité, pero no se nota esa indignación pública.
- ¿Qué rol cree que deberían jugar los medios de comunicación y la opinión pública en este proceso de cambio?
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El rol de la prensa es muy importante porque, si ha habido esta sentencia judicial, si se está debatiendo la ley de imprescriptibilidad en el Congreso de los Diputados, si se está abriendo el debate sobre las indemnizaciones, es por la presión mediática. Si los medios no hubieran denunciado públicamente, todos estos avances no se habrían logrado.
Hay temas en que los medios cuentan lo que les está sucediendo a otras personas; pero este tema es algo que nos afecta directamente como ciudadanos, a toda la sociedad.