Jesús Sánchez, decano del ICAB: "En España, el legislador ha dado alas a las mafias de la okupación"

El fenómeno de la okupación en Cataluña ha adquirido dimensiones alarmantes, con mafias organizadas que explotan a familias vulnerables y propietarios atrapados en un entramado legal que parece interminable. En los últimos años, la crisis económica, la falta de vivienda asequible y la prácticamente inexistente inversión presupuestaria han empujado a muchas personas a buscar soluciones desesperadas, mientras que grupos criminales aprovechan esta situación para lucrarse, facilitando la okupación ilegal de inmuebles.

Asimismo, la última ley de vivienda, promulgada con la intención de proteger a las familias en riesgo de exclusión social, ha generado una controversia considerable. Pues, aunque la normativa busca garantizar el derecho a una vivienda digna, los propietarios de inmuebles afectados denuncian que sus derechos están siendo ignorados.  

Alas a la okupación

"En España y, por supuesto, Cataluña, el legislador ha dado alas a los okupas", lamentó Jesús Sánchez García, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) durante el foro sobre los problemas derivados de la vivienda en Cataluña, organizado este lunes por el Colegio Notarial.

Según expuso Sánchez García, acompañado de otros expertos en derecho y vivienda, "la ley actual elimina el derecho a la propiedad" y promueve "la función social" de dicha propiedad. De este modo, para garantizar el buen uso de las viviendas se ha creado toda una serie de cláusulas que, en realidad, lo que están provocando es que las mafias de la okupación se beneficien de ella gracias a procesos judiciales muy lentos, en los que se deben presentar numerosos documentos para acreditar dicha propiedad.

"En cualquier otro país de Europa —añadió Javier Segura Zariquiey, decano del Colegio de Procuradores de Barcelona—, si los inquilinos no pueden demostrar un certificado de propiedad, la policía expulsa a los okupas en menos de 48 horas".

Un 1% del presupuesto se destina a vivienda social

Cabe remarcar que los ponentes no se oponen a la protección de las familias vulnerables. Más bien todo lo contrario, ya que todos los asistentes al foro del Colegio Notarial criticaron la falta de implicación de las Administraciones públicas en cuanto a inversión para la construcción de vivienda de protección social.

"Ya nadie puede discutir que las familias vulnerables no tienen recursos, pues con esta ley tienen cobertura garantizada. Sin embargo, quien tiene que garantizarles una vivienda social es la Administración", lamentó el decano del ICAB.

Una Administración que, a propósito, “solo destina poco más del 1% de sus presupuestos a la construcción de vivienda social, cuando la media en Europa es del 9%”, lamentaron tanto Gerard Duelo Ferrer, presidente del Consejo General de COAPIS de España y Xavier Vilajoana Eduardo, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña.

Equilibrio entre el derecho a la propiedad y a la vivienda

Así, la legislación actual ofrece a las familias vulnerables una serie de protecciones y ayudas, lo cual es un avance necesario en un contexto de crisis habitacional. Sin embargo, muchos propietarios consideran que estas medidas han creado un desequilibrio, dejando sus intereses desprotegidos.

Precisamente por eso, José Alberto Marín Sánchez, decano del Colegio Notarial de Cataluña, propone entre las soluciones para acabar con el problema de la vivienda y la okupación "encontrar un equilibrio entre el derecho al acceso a la vivienda y garantizar la propiedad privada, pues para muchos es su única vía de ingresos".

En paralelo, la carga fiscal en Cataluña también desempeña un papel crucial en el acceso a la vivienda. La comunidad autónoma tiene algunos de los impuestos más elevados de España, lo que incluye el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Estos gravámenes incrementan el costo total de adquisición y mantenimiento de una vivienda, poniendo una barrera adicional para quienes desean comprar una casa.

De izquierda a derecha: Lorenzo Viñas Periz, Decano del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida; Jesús Sánchez García, Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona; José Alberto Marín Sánchez, Decano del Colegio Notarial de Cataluña; Javier Segura Zariquiey, Decano del Colegio de Procuradores de Barcelona; y Rosa Salvador, periodista de La Vanguardia Colegio Notarial de Cataluña

Y es que las mafias de la okupación han encontrado en esta coyuntura un terreno fértil para su expansión. Por ello, hay que buscar soluciones que contemplen tanto la protección de las familias en riesgo como los derechos de los propietarios a la espera de una mayor implicación de las Administraciones. De este modo, las distintas instituciones participantes en el foro proponen algunas medidas que creen que podrían funcionar como "balón de oxígeno" para destensar la falta de oferta, el precio desorbitado de los alquileres y dar salida a locales vacíos.

Flexibilizar las normas de habitabilidad

En este sentido, Lorenzo Viñas Periz, decano del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida y presidente del Consejo de Administradores de Fincas de Cataluña, insistió en que la última ley de vivienda "no está dando los resultados adecuados": "Las familias no pueden pagar los alquileres, no hay oferta y el sector público no aporta", lamentó. 

Por eso, Viñas propone, en primer lugar, que se deberían flexibilizar las normas de habitabilidad y permitir que en locales comerciales vacíos se puedan adaptar nuevas cédulas de habitabilidad con alquileres reducidos. Asimismo, propone repetir la acción con oficinas vacías y dividir grandes pisos del Eixample barcelonés con muchos metros cuadrados.

Los desafíos del futuro más inmediato

En conclusión, el derecho a la vivienda en Cataluña, y especialmente en el área metropolitana de Barcelona, enfrenta numerosos desafíos. La combinación de altos precios inmobiliarios, especulación, y una carga fiscal significativa, junto con la insuficiente oferta de viviendas asequibles, configura un escenario complejo que requiere, según los ponentes, de políticas públicas más eficaces y una mayor cooperación entre Administraciones para garantizar este derecho fundamental a todos los ciudadanos.