Los Presupuestos de la Generalitat han entrado en la dimensión desconocida de los comunes, que tratan de hacer valer sus votos con la misma dureza y contundencia que Junts en el Congreso de los Diputados. Jéssica Albiach le ha trasladado al president Aragonès que o renuncia en público al Hard Rock o no hay cuentas autonómicas. Son lentejas, no hay opción. En ERC y en el PSC se confiesan estupefactos ante las salidas de tono de los amigos de la izquierda cuqui que desfilan ufanos por la plaza de Sant Jaume luciendo el atavío indumentario informal que tanto vale para mediar con unos okupas que para atornillar al president en el historiado cartón piedra de los salones posgóticos del Palau.
Total, que el Govern llega al pleno de los presupuestos en minoría, la misma minoría en la que habita desde que decidiera echar a Junts en un momento de extrema debilidad de los antiguos convergentes. Pero las tornas ha cambiado. También ha cambiado el panorama en la política nacional. Del caso Koldo se ha pasado al de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que atribuye las cuentas de su novio a un ajuste de cuentas socialista. En El País: "La pareja de Ayuso facturó más de un millón a una empresa que se enriqueció con mascarillas de China", firman Juan José Mateo, Fernando Peinado y Oriol Güell. Y añaden: "FCS Select, denunciada por el PP de Madrid por sus acuerdos con el Gobierno central, encontró en la compañía de Alberto González un intermediario para las ventas. Gonzáles multiplicó por seis sus ingresos durante este periodo".
Sea como fuere, Díaz Ayuso se pasó ayer por Cataluña para entregar los premios de Tabarnia, que recayeron, entre otros, en Nicolás Redondo, el socialista expulsado del PSOE por no estar de acuerdo con la amnistía.
Sigue la pieza: "Si se baja al detalle de algunas de las partidas se comprueba cómo Madrid se llevó más de la mitad de la inversión de Renfe operadora en España en el 2021. La compañía pública invirtió 644,6 millones, de los que un 54,6% se gastaron en Madrid, por delante de Catalunya, con el 14,1%. Del resto de inversión del Estado en ferrocarriles destaca la actividad de Adif alta velocidad. En el 2021 se invirtió 1.089,7 millones. La comunidad que recibió más recursos fue el País Vasco, con 174 millones. En Madrid se gastaron 96,5 millones y en Catalunya, 22,4 millones. Hacienda ofreció también los datos sobre el gasto de la Administración General del Estado. En ese caso, Madrid vuelve a liderar el ranking con casi 700 millones. La partida que más sobresale es la de creación de infraestructura de carreteras, con más de 200 millones. Castilla y León es la siguiente comunidad, con casi 400 millones, mientras que Catalunya no llega a 200 millones".
Y líneas después se dice que "para Junts, la información facilitada ayer por Hacienda es un hito. La formación liderada por Carles Puigdemont explicó, no obstante, que analizará y verificará con expertos si el Ministerio “ha presentado toda la información necesaria para realizar el cálculo” de las balanzas fiscales, una histórica reivindicación de Catalunya. Los últimos datos oficiales disponibles datan del 2011. Junts añadió que las cifras deberían mantenerse en abierto “para permitir que los expertos (académicos, técnicos, etc) puedan llegar a conclusiones”".
La otra versión de los mismos números se puede leer en El Mundo. "Cataluña tiene el mayor agujero en pensiones, según las propias balanzas que reclamó a Hacienda". La información viene suscrita por Daniel Viaña, Alejandra Olcese y Víctor Mondelo y arranca así: "El Ministerio de Hacienda publicó ayer los datos brutos con los que las comunidades autónomas podrán confeccionar sus propias balanzas fiscales, dando así respuesta a las exigencias de Junts y abriendo la puerta a que el independentismo utilice estas cifras para justificar el déficit fiscal de 22.000 millones de euros que, a su entender, sufre Cataluña. Pero incluso con estos datos tantas veces exigidos por las formaciones independentistas, una de las conclusiones más reveladoras que se obtienen es que las pensiones catalanas no son sostenibles por sí mismas. Hacienda, entre la ingente información que publicó para el cálculo de las balanzas, incluye también los ingresos territorializados de la Seguridad Social y, del mismo modo, los gastos por clase de pensión y comunidad autónoma. Y tomando esas cifras, la conclusión es clara y, al menos en el caso de la Seguridad social, no justifica en absoluto las quejas del independentismo: Cataluña es la comunidad autónoma en la que la Seguridad Social es más deficitaria, ya que aunque ingresa 22.714 millones de euros anuales -con cifras de 2021-, gasta anualmente 27.085 millones en el pago de las prestaciones de los catalanes. Esto deja un déficit de 4.370 millones de euros cada año, el más elevado de todo el territorio nacional, seguido del de Andalucía (4.145 millones), País Vasco (3.568 millones) -que también está en proceso de conseguir la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, a pesar de no contar con los recursos para poder afrontar el pago de sus pensiones-, Castilla y León (3.430 millones) y Galicia (3.393 millones)".
Continúa el texto: "Las únicas excepciones en todo el mapa nacional son la Comunidad de Madrid, Baleares, Ceuta y Melilla. La primera es la que cuenta con más colchón para afrontar el pago de sus pensiones (presenta un superávit de 1.535 millones, según estos datos de Hacienda referentes a 2021), ya que aunque la Seguridad Social desembolsa en este territorio 21.007 millones de euros anuales en prestaciones, ingresa 22.543 millones de sus trabajadores. Baleares, Ceuta y Melilla también registran superávit, aunque mucho más modesto, de 165, 23 y 15 millones, respectivamente, y todo el resto de regiones son deficitarias. (...) El mapa autonómico confirma, por tanto, que ninguna comunidad a excepción de esas cuatro sería capaz con sus recursos de financiar sus pensiones públicas y mucho menos Cataluña, que es la que tiene una brecha mayor entre ingresos y gastos".
Más noticias del orbe procesista. "El independentismo reactiva la ofensiva contra los jueces: 'Se les juzgará cuando seamos un Estado'", señala El Confidencial. El texto es de Antonio Fernández y alude a unas declaraciones del ínclito Josep Costa, el exvicepresidente del Parlament con cara de sufrir problemas de tránsito. Arranca así la pieza: "El independentismo ha emprendido una cruzada sin cuartel contra la judicatura española. Los jueces están en la diana del sector más radical, que amenaza y lanza campañas contra aquellos que tramitan denuncias contra los activistas soberanistas. Las advertencias de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, contra quienes no apliquen la ley de la amnistía son la antesala de esta guerra mediática. El exvicepresidente del Parlament Josep Costa, hasta la pasada legislatura hombre fuerte de Carles Puigdemont en la Cámara catalana, ha dado una vuelta de tuerca a este acoso e incluso ERC ha pedido que Manuel García-Castellón comparezca en la comisión de investigación en el Congreso sobre la denominada operación Cataluña".
Un par de párrafos más tarde destaca Fernández que "Costa se sumó hace pocos días a la caza de la judicatura y apuntó a Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). “Barrientos tiene el mandato caducado, igual que el Consejo del Poder Judicial (sic). Pero ya no tenía ninguna legitimidad para presidir el TSJ cuando pidió protección a la policía española para sublevarse contra una decisión del Parlament. Uno de los personajes que será preciso juzgar cuando seamos un Estado”. La amenaza cobra especial relevancia porque Josep Costa es actualmente letrado en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet; es decir, cobra del erario público, además de profesor de Teoría Política en la Universidad Pompeu Fabra. En su diatriba, recuerda cuando Barrientos pidió al Cuerpo Nacional de Policía que reforzase con los Mossos d’Esquadra la vigilancia del Palacio de Justicia de Barcelona durante los tensos días de octubre de 2017, en las fechas posteriores al referéndum ilegal. En su momento, Costa se negó a declarar ante los jueces porque no reconoce a los jueces españoles y su visión de la política tiene como referencia una Cataluña supuestamente ocupada por España. Entre otras cuestiones, mantiene que en octubre de 2017 “en Cataluña padecimos un golpe de Estado contra el Gobierno democráticamente escogido”".
Y: "De acuerdo con la ley de las ILP, los promotores deben entregar a esa comisión el texto de su proposición y los pliegos necesarios para recoger al menos las 50.000 firmas. La comisión debe sellarlos y numerarlos y entregarlos de nuevo a los impulsores, que tienen 120 días de plazo para presentar las firmas, con 60 días de ampliación. La ley no fija el calendario de la comisión para validarlas".
13 de marzo, santoral: Cristina, Ansovino, Eldrado, Pientio, Ramiro y compañeros mártires y Sabino de Egipto.