Amnistía para Companys y el PSC cobra ventaja

Si ahora se celebraran elecciones autonómicas en Cataluña, ganaría el PSC con 36 escaños mientras que los partidos independentistas, en caída, no sumarían la mayoría absoluta. Es lo que refleja la encuesta de Electomanía para Crónica Global que dicho medio publica este lunes. De modo que "la negociación de la investidura de Pedro Sánchez con ERC y Junts y la posible concesión de una amnistía para los políticos implicados en los hechos de 2017 no pasaría factura al líder de los socialistas catalanes si las elecciones al Parlament se celebrasen este octubre", resume en su análisis la directora de Crónica Global, Cristina Farrés.

La negociación, por tanto, pasa factura a los partidos independentistas mientras que eleva las expectativas del PSC en su papel de apaciguador de la política catalana y punto de estabilización. Hay más detalles en el sondeo, como la extinción de Ciudadanos y el consiguiente repunte del PP, que, sin embargo, no lograría superar a Vox.

La semana arranca además con una noticia judicial. "El juez imputa a la exdirectora del CNI por el espionaje con Pegasus a Pere Aragonès", según cuenta en solitario El Diario.

Escribe Oriol Solé Altimira: "Acelerón sin precedentes a la investigación de la infiltración a los móviles de independentistas catalanes con el programa Pegasus. Un juez de Barcelona ha admitido la querella del president de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha citado a declarar como imputada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, que se convierte en el primer cargo de inteligencia investigado por el espionaje. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Santiago García atiende la totalidad de diligencias propuestas por el letrado del president, Andreu Van den Eynde, para esclarecer el “espionaje político” al que, a juicio de Aragonès, fue sometido por el CNI. El juez avala la investigación a fondo solicitada por el president. Veterana del servicio de inteligencia, Esteban fue la primera mujer en ocupar la dirección del centro en 2019, pero fue cesada en mayo del año pasado para cerrar la crisis política abierta entre el PSOE y ERC por el caso Pegasus".

Sigue Solé: "Hasta ahora ninguno de la media docena de togados que investiga el espionaje denunciado por los independentistas había dado el paso de imputar a la exjefa de la inteligencia española. El juez ha fijado la declaración como investigada de Esteban para el próximo 13 de diciembre, misma fecha en la que Aragonès comparecerá como perjudicado. Según el juez, la “intromisión no autorizada en equipos informáticos”, la “interceptación ilegal” de las comunicaciones de Aragonès y su eventual “espionaje” mediante la adquisición del programa Pegasus podría constituir varios delitos de revelación de secretos así como un delito contra los derechos fundamentales. (...) La infección al teléfono de Aragonès se produjo en enero de 2020, cuando el dirigente republicano, entonces vicepresident del Govern que encabezaba Quim Torra, participaba de múltiples eventos personales y políticos, entre ellos las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez".

Entre tanto, el presidente de la Generalitat, el ya citado Pere Aragonès, reclamó ayer su dosis de protagonismo diaria a cuenta del 83 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, efeméride aprovechada por el independentismo en pleno para añadir más peticiones a la lista de la compra en el super del PSOE. Ahora se pretende que el Estado pida perdón por la ejecución del que fuera presidente de la Generalitat durante la Guerra Civil. 

"Pere Aragonès pide también 'amnistía' para Companys e insta al Estado a 'un acto de desagravio' con el ex presidente catalán fusilado", apunta al hilo El Mundo. El texto es de Germán González y arranca así: "La amnistía que pretende la Generalitat podría retroceder a inicios de la dictadura. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, instó al Estado a hacer un "acto de desagravio" y "asumir su responsabilidad" en el fusilamiento del presidente Lluís Companys quien murió hace 83 años en el Fossar de Sant Eulàlia del castillo de Montjuïc de Barcelona tras un consejo de guerra. Companys, presidente de la Generalitat durante la Segunda República, fue detenido por la Gestapo en Francia en 1940, después exiliarse una vez acabó la Guerra Civil, y entregado a las autoridades franquistas que lo condenaron a muerte".

Sigue González: "Fue fusilado el 15 de octubre y por eso el nacionalismo conmemora su muerte con un desfile de antorchas y ofrendas florales en su tumba en el cementerio de Montjuïc. En la de este año, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió al Gobierno una "declaración institucional" que "reconozca la injusticia del procesamiento" de Companys y así anular la sentencia. ERC considera "ilegítimo" el tribunal que condenó a Companys, uno de los principales representantes de la formación republicana, y por eso entre sus reivindicaciones más habituales está la de pedir una anulación de su juicio. Además, para Aragonès este acto del Estado sería resarcir a "toda una generación" que defendió "derechos y libertades en Cataluña y que también fue "represaliada" con cárcel, exilio o fusilamientos".

Puigdemont también aportó lo suyo con un mensaje en la red social X en el que asegura que el Estado español "debe pedir perdón al pueblo de Cataluña".

Y así es como mientras el independentismo pide la amnistía para Companys Europa contempla con desconfianza la posibilidad de que la amnistía no cuadre con las directrices judiciales de la UE. "El aviso de Reynders por la malversación avala un recurso del Supremo contra la amnistía ante la justicia europea", advierte Vozpópuli. Reynders es el comisario de Justicia de la UE. La noticia viene con la firma de Gabriel Sanz: "El aviso del comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, de que la Ley de Amnistía que exigen los independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez no puede borrar la malversación cometida por los dirigentes catalanes del 1-O de 2017 -principal acusación contra el huido Carles Puigdemont- supone “un aval” para que el Tribunal Supremo y otros tribunales españoles planteen una “cuestión prejudicial” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); al margen de posibles recursos contra la norma ante nuestro Tribunal Constitucional".

Continúa Sanz: "Así lo señalan a Vozpópuli fuentes jurídicas y del Parlamento Europeo, que recalcan la “gran preocupación” de Reynders porque España, uno de los Estados grandes de la UE, vaya en sentido contrario a su política criminal. Y es que, en enero pasado, la Comisión propuso a los 27 Estados miembros endurecer el delito de malversación, como los que ahora se pretenden amnistiar, hasta subir la pena máxima a cinco años de prisión bajo amenaza velada de revisar la asignación de fondos europeos al país que no cumpla. Esa petición de la Comisión Europea coincidió con la decisión del gobierno de coalición de izquierdas PSOE/Podemos de ir en dirección contraria: acababa de reducir a cuatro años de la pena máxima por malversación, y derogado el delito de sedición, para congraciarse con ERC y Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, y contribuir así a lo que el Ejecutivo denomina “desjudicialización” del conflicto político abierto tras el referéndum ilegal en Cataluña del 1-O".

Y: "Si hace diez meses Didier Reynders no quiso inmiscuirse abiertamente en un asunto interno de uno de los países miembros, ahora ha aprovechado las noticias que hablan de un perdón total a los implicados en la intentona secesionista para recordar que una Ley de Amnistía es una competencia de los Parlamentos nacionales, cierto, pero “hay algunos límites” que deben cumplirse. Según ha dicho el comisario de Justicia el martes pasado durante un acto organizado por la Presidencia semestral española de la UE, y en presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, la norma que aprueben nuestras Cortes no podrá dejar “privadas de contenido” sentencias como la del Tribunal Supremo contra los responsables políticos del 1-O por delitos como la malversación de caudales públicos para un acto ilegal -el referéndum- o la desobediencia a los tribunales".

Pero los problemas no sólo asoman por el lado europeo. El independentismo tiene sus propias dinámicas. "El secesionismo más duro pone a prueba a Puigdemont", advierte El País. El texto es de Camilo S. Baquero: "Una de las grandes incógnitas de las negociaciones para que Pedro Sánchez revalide la presidencia del Gobierno es el punto de torsión de Junts per Catalunya. Hasta ahora, el tránsito de la estrategia de confrontación directa con el Estado a aceptar sentarse para hablar de la investidura lo sostiene que sea Carles Puigdemont -fundador y alma del partido- el que avale el acercamiento. Esa pátina de confianza, sin embargo, se enfrenta esta semana a una prueba de estrés con la consulta interna del Consell de la República, el gobierno paralelo que lidera el expresident desde Bruselas. Un Puigdemont desacostumbrado a que los suyos le tosan se enfrenta ahora a que sus bases puedan enmendar tanto su gestión en la organización como su giro pactista ante la investidura".

Sigue Baquero: "Junts y la entidad que nació para institucionalizar la “vía del exilio” y el mandato republicano supuestamente emanado del referéndum ilegal de 2017 no tienen ninguna vinculación orgánica. Y aunque la figura de Puigdemont es tutelar ambas partes, el expresident dejó de ser el líder del partido en mayo de 2022 para centrarse en presidir el ente con sede en un chalet de Waterloo, que funciona gracias a las cuotas que abonan sus más de 100.000 socios. En marzo de ese mismo año, cuando fue reelegido como presidente del Consell por 102 votos frente a los siete de su contrincante, Puigdemont dijo que la entidad estaba llamada a culminar el camino a la secesión, “reduciendo su dependencia” de los partidos secesionistas a los que afeó su incapacidad de consensuar una nueva estrategia".

Todo esto esta ahora en duda, como muestra también El Confidencial con este titular: "El independentismo radical estrecha el cerco sobre Puigdemont y le recuerda su DUI". Escribe Antonio Fernández: "Tras el aniversario del 1 de octubre, al independentismo le espera otra celebración de la que varios partidos y plataformas esperan sacar tajada mediática: el sexto aniversario de la proclamación de la independencia, materializada por la aprobación de una moción en el Parlament declarando Cataluña una república independiente. La fecha de ese suceso fue el 27 de octubre de 2017 y, dos días más tarde, Carles Puigdemont huía a Francia para pasar posteriormente a Bélgica, con el objeto de no tener que dar explicaciones penales sobre sus actuaciones. Este episodio es recordado ahora como un elemento de presión sobre Puigdemont en plena negociación para la investidura, con la DUI como punto de partida. Los círculos radicales antiespañoles presionan a Puigdemont para que no dé su brazo a torcer, salvo que Pedro Sánchez reconozca los resultados del referéndum del 1 de octubre y asuma la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Los segmentos secesionistas más beligerantes amenazan al expresident con el ostracismo y dejarlo caer si sucumbe a los encantos del presidente del Gobierno en funciones".

Líneas después apunta Fernández que "uno de los primeros movimientos es celebrar una asamblea conjunta de grupos antisistema y grupos secesionistas en el centro social okupado Nabat, en Hospitalet, para preparar la Marcha de Antorchas 2023, un acto que quieren que sea espectacular. Será el 27 de octubre a las 20:00 en el centro de Barcelona, comenzará en el Parlament y finalizará en la plaza de Sant Jaume. Asimismo, la asamblea tendrá lugar el próximo 22 de octubre y de ella saldrá un mandato para rechazar la amnistía tal y como se quiere pactar. "No nos conformaremos con una amnistía parcial, la queremos total, no dejaremos a ningún compañero atrás", alertan en la convocatoria enviada esta semana. Además, quieren que la amnistía pueda ser efectiva antes de las próximas Navidades para que puedan abandonar la cárcel quienes ya están condenados o que están pendientes de resolución".

Y: "Ese mismo fin de semana hay unas jornadas "de autodefensa" ante infiltraciones policiales, donde se impartirán consignas sobre cómo cazar a chivatos de la policía entre los círculos activistas. La plataforma Alerta Solidaria también presenta un estudio de 83 "causas penales contra antifascistas en todos los Països Catalans". El 26 de octubre, la ANC ha previsto también un acto en Premià de Mar con el exvicepresidente de la ANC Jordi Pesarrodona y con David Budria, uno de los detenidos en 2019 en la operación contra el comando de los CDR. Precisamente Budria relataba en un blog vasco esta semana que JxCAT lleva "en secreto" las negociaciones con Sánchez y que el partido "está blindado, no sueltan prenda", tanto que "ni su propia militancia las conoce"".

Que no pare el mambo.

16 de octubre, santoral: Eduvigis, Gerardo Mayela, Margarita María de Alacoque, Anastasio de Pamiers, Beltrán de Comminges, Bonita de Brioude, Elifio de Toul, Galo de Arbona, Gauderico de Mirepoix, Longinos soldado, Lulo de Hersfeld, Mumolno de Noyon, Rodolfo de Gubbio y Vidal de Retz.