El Govern, sobrepasado por las huelgas, y más golpes de Estado
El Ejecutivo autonómico exhibe su impotencia ante los paros de médicos, profesores y taxistas. ERC califica de golpe de Estado judicial la aplicación de la reforma del Código Penal
26 enero, 2023 08:07Sanitarios en huelga y desfilando por las calles de Barcelona. Docentes también en huelga y también protestando por las calles. Y miles de taxis varados en la Gran Vía. Inenarrable jornada en la capital catalana aliñada por los letrados de la administración de justicia, antes secretarios judiciales, que también pararon. Y el Govern, de miranda. La situación del Ejecutivo presidido por Pere Aragonès cada vez es más frágil y quebradiza. Todavía no hay presupuestos y eso que estaban atados. No se descarta un adelanto electoral.
Frente a las huelgas y manifestaciones, los consejeros autonómicos aludidos por su deficiente gestión se entregan a la táctica del avestruz mientras pergeñan excusas de mal pagador. Nada es responsabilidad suya. He ahí el caso del señor Josep Gonzàlez-Cambray, titular de Educación, el hombre que nunca se equivoca, el tipo que siempre tiene razón, un titán de la gestión.
En Crónica Global queda retratado. "El conseller de Educación esquiva la autocrítica: "Hemos hecho lo posible para evitar la huelga"". Y chimpún. El texto es de Noelia Carceller, quien escribe: "Nueve jornadas de huelga no han servido para que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, haga autocrítica. Y es que, de nuevo, el republicano ha presumido de "haber hecho todo lo posible para evitar" el paro que han convocado los docentes para este miércoles y jueves. Una huelga que coincidirá con la de médicos y taxistas y que evidenciará la debilidad del gobierno en minoría de ERC. "Desde Educación hemos hecho todo lo posible para evitar la huelga. Hemos revertido la gran mayoría de recortes que teníamos en el sistema", ha expresado el conseller en la sesión de control del pleno del Parlament, donde las huelgas han sido uno de los puntos del día".
Sigue Carceller: "El conflicto de los profesores contra el conseller no es nuevo. Hay que remontarse a marzo de 2022 cuando los sindicatos educativos convocaron varias jornadas de huelga que sólo se desconvocaron tras acordar el retorno de la hora lectiva y con la condición de negociar el resto de mejoras laborales antes de que finalizase el trimestre escolar. Un acuerdo que el consejero ha tildado de "histórico", pero que, visto lo visto, no ha servido para evitar nuevas movilizaciones".
Gonzàlez-Cambray ha creado escuela en el seno del Govern. Los consejeros que entraron tras la salida de JxCat se fijan en el desempeño del titular de Educación, que siempre tiene excusas. He ahí Manel Balcells, responsable de la consejería de Salud. Cuenta Sara González en El Periódico que para apaciguar a sus señorías y responder a las críticas por la huelga en el sector, Balcells se sacó del magín la idea de un "pacto nacional" para proteger el sistema público. Claro que sí, un "pacto nacional" que lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Del texto de la periodista González: "En plena huelga de profesionales sanitarios, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha lanzado una propuesta en el Parlament para abordar el "blindaje" del sistema de salud: un pacto nacional para abordar el modelo, la financiación y los principales retos que tiene por delante. Balcells ha avanzado a todos los grupos que recibirán la invitación formal para implicarse en este debate justo cuando acabe la huelga convocada".
Y: "La sesión de control al Govern está plenamente marcada por la triple protesta de colectivos esenciales --sanitarios, personal educativo y el sector del taxi--, además de por la falta de horizonte de un acuerdo para los presupuestos. Los grupos han preguntado a los respectivos 'consellers' sobre los motivos que han llevado a estos sectores a movilizarse. El conseller de Salut ha respondido a Junts y a los comunes que "comparte" el diagnóstico, pero que otra cosa es "el tratamiento" para resolver las carencias que señala el personal médico".
Mientras el Ejecutivo autonómico exhibe su impotencia, se forjan extrañas alianzas en el Parlament, refiere David Fernández en La Razón al hilo de que Junts, PSC y Ciudadanos han unido sus fuerzas para modificar la ley catalana de vivienda contra ERC y los comunes. Así lo explica en el diario de Planeta: "La inminencia de las elecciones municipales empieza a notarse en la vida parlamentaria. Al fin y al cabo, un buen grupo de diputados es o bien alcalde o bien puede llegar a serlo. De ahí que se haga necesario agitar el avispero y la baja actividad legislativa de la Generalitat. Así las cosas, esta mañana, unos extraños compañeros de viaje, Junts, PSC y Ciudadanos, se han aliado para poner en la diana el fenómeno de la ocupación y obligar al Govern a moverse. El Parlament ha acordado aprobar un paquete de medidas urgentes para actuar contra una ocupación ilegal de viviendas en caso de falta de respuesta por parte de la propiedad, como los bancos, por ejemplo. Para ello se modificará la ley de 2008 del derecho a la vivienda y se hará a través de lectura única. Faltará por ver si Cataluña tiene competencias al respecto".
Sigue la pieza: "La norma expone la necesidad de establecer los mecanismos que permitan a los ayuntamientos y a las comunidades de vecinos actuar para “restablecer la convivencia, siempre y cuando la propiedad sea una persona jurídica considerada gran tenedor ante la inacción de la propiedad ante estas situaciones conflictivas”. Junts, impulsor de la modificación, asegura que “la problemática se produce cuando la titularidad de la propiedad pertenece a personas jurídicas que son grandes propietarias y que se desentienden de sus obligaciones con el inmueble”. Además, la proposición de ley expone que “tanto si la acción de desalojo ha estado promovida por el ayuntamiento como si lo ha estado por la comunidad de propietarios, el ayuntamiento estará facultado a adquirir temporalmente el uso de la vivienda para destinarla a políticas públicas de vivienda”".
En el frente procesal, la Fiscalía no está por la labor de aplicar reducciones de la inhabilitación a los condenados en el Tribunal Supremo, cosa que a los señores de ERC les parece, ojo, un "golpe de Estado de la judicatura española". Tal reacción queda recogida en una nota de Mayte Piulachs en El Nacional: ""Es un golpe de estado de la judicatura española." Con estas palabras Marta Vilaret, vicesecretaria general de Derechos de ERC, ha calificado este miércoles la interpretación del juez Pablo Llarena a la reforma del Código Penal, pactada por el PSOE con Podemos y ERC. Vilaret ha hecho esta valoración, en una rueda de prensa con los abogados de los líderes de ERC condenados, casi al mismo tiempo que el fiscal general del Estado ha hecho pública la orden para interpretar de forma unificada los nuevos delitos de malversación. En esta orden, la Fiscalía General del Estado apuesta por la visión más estricta, ya que sostiene que se puede mantener la acusación por malversación agravada, aunque no haya enriquecimiento personal, como pasó el 1-O. El abogado Andreu van den Eynde, ha asegurado que los jueces "han retorcido la ley y el espíritu de la reforma", aunque ha añadido que si el Tribunal Supremo mantiene este posicionamiento, les da "armas" ante la justicia europea y la comunidad internacional".
Y mientras unos jueces y fiscales se entregan a un supuesto golpe de Estado, el titular del juzgado de instrucción número siete de Barcelona procesa a 45 policías nacionales por su actuación durante el 1-O. Vaya, qué raro lo de estos jueces golpistas. En El País da cuenta del procesamiento Jesús García Bueno con un texto que arranca así: "Cinco años después, el juez que ha investigado las cargas policiales durante la jornada del referéndum ilegal de independencia del 1-O en Cataluña ha dado por acabada la instrucción. El magistrado considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a un total de 45 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por los excesos al reprimir la votación en Barcelona. El juez constata episodios de violencia “innecesaria” y “gratuita” contra los ciudadanos por parte de esos agentes, que en algunos casos, señala, fueron autorizados o tolerados por los mandos policiales sobre el terreno. La Fiscalía dispone ahora de más un mes para decidir si pide que se archive la causa o acusa a todos o algunos de los policías".
Y: "El auto del magistrado Francisco Miralles, de 69 páginas, repasa lo ocurrido aquella convulsa jornada en cada uno de los colegios electorales que la Generalitat habilitó en Barcelona para votar. En muchos de los centros no hay indicios de delito, bien porque las imágenes grabadas no despejan todas las dudas o bien porque la actuación de los antidisturbios fue correcta. En esos casos la policía también utilizó la fuerza y puede que causara lesionados, pero lo hizo de forma proporcionada y para cumplir la orden judicial de “desalojar” los colegios e impedir el referéndum ilegal. El juez acuerda, por ello, el archivo de las actuaciones respecto a 20 agentes, pero considera que hay indicios para procesar a otros 45 por los delitos de lesiones y, en algunos casos puntuales, por un delito contra la integridad moral. El operativo desplegado por el Ministerio del Interior en esa jornada en Cataluña estaba integrado por miles de policías y guardias civiles".
Caso Alves. Como cada día tiene su afán, hay nuevos detalles servidos en La Vanguardia de la mano de Mayka Navarro: "Durante los días posteriores a la denuncia los investigadores de la unidad central de agresiones sexuales (UCAS) buscaron e interrogaron a todos los testigos que pudieron localizar, así como a los trabajadores que interaccionaron aquella madrugada con la joven o con el jugador. Uno de ellos es el jefe de sala Robert Massanet, director de la discoteca y mano derecha del propietario, Antonio Cano, ausente aquella madrugada".
Sigue Navarro: "Tras aquellos 16 minutos en el baño del reservado, la joven pidió a su prima abandonar cuanto antes la discoteca. La tercera amiga había abandonado el reservado. Las dos jóvenes recogieron sus cosas del guardarropía y pasaron junto a un portero con el que la chica había bromeado al entrar y que llamó la atención del vigilante, al verla sofocada y llorosa. La joven se rompió y el portero activó el protocolo contra las violencias machistas, sacando a la joven del acceso, haciéndola entrar de nuevo en la sala y conduciéndola hasta un pasillo. El portero alertó a Robert Massanet que durante varios minutos intentó que la joven se calmara, dejara de llorar y pudiera verbalizar qué le pasaba. “No tenía consuelo. Yo le preguntaba ‘¿Pero qué te ha pasado? ¡Cuéntame qué te ha pasado! Tienes que tranquilizarte’. Pero estaba muy agobiada”, declaró a los Mossos. En esos momentos justo por ese pasillo en el que estaba Robert, el portero, la víctima y su prima, pasó casi rozándoles Dani Alves, que abandonaba la discoteca, o en otras palabras, huía sigilosamente de la sala, sin detenerse a preguntar. “La tuvo que ver llorando”, aseguró una persona que presenció la escena".
26 de enero, santoral: Timoteo, Tito, Teógenes mártir, Alberico abad y Agustín Erlandsön.